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Acoso escolar: las medidas que no llegan

Aunque los centros y las familias están concienciadas, las medidas adoptadas por la Administración no logran erradicar la lacra del acoso escolar de las aulas.

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, muestra una chapa contra la violencia machista. EFE

27.01.2017

Los expertos estudian el drama de la violencia en las aulas desde hace cuatro décadas. Las estadísticas alertan de su incidencia en todos los colegios. Y numerosos protocolos intentan frenar uno de los mayores retos que tienen por delante la Educación y la sociedad españolas. Pero las medidas adoptadas hasta el momento se muestran insuficientes para acabar con el problema del acoso escolar.

Pese a que las competencias en materia educativa están transferidas a las comunidades autónomas, el ministro de Educación anunciaba hace exactamente un año una batería de medidas para intentar erradicar la violencia en las aulas. Formaban parte del borrador sobre elPlan Estratégico de Convivencia Escolar que preveía sacar adelante el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo.

"Queremos que el acoso deje de ser un grito silencioso, que los que lo sufren no lo padezcan internamente, sino que tengan ayuda", decía por entonces el ministro. Pero un año después, tan sólo se han puesto en marcha dos de ellas: una página web sobre convivencia escolar -que ya estaba activa cuando se produjo el anuncio- y el teléfono 900 018 018, para que las víctimas puedan denunciar los casos más graves. 

Ni datos ni protocolo estatal

La complejidad de la normativa autonómica en materia de acoso es palpable. Por ello, el Ministerio anunciaba la puesta en marcha de un protocolo de manera coordinada con las comunidades. Doce meses después del anuncio, aún no existe dicho protocolo estatal que aúne los criterios para abordar el problema y cada comunidad autónoma hace la guerra por su cuenta. Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra y País Vasco cuentan con distintos protocolos, planes o guías frente al acoso, mientras que La Rioja está preparando el suyo. 

Sin embargo, en la página web del Ministerio sobre convivencia escolar no es posible consultar (a fecha de 27 de enero) la totalidad de estos protocolos. Primero, porque no se incluyen los textos aprobados por Extremadura el pasado mes de octubre de 2016, ni los de Asturias,Baleares, Castilla y León o Galicia. Y segundo, porque algunos de los enlaces que deberían conducir a ellos están rotos (Canarias, Madrid) o llevan a páginas genéricas de las consejerías de Educación (Comunidad Valencia).

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Precisamente la falta de datos oficiales es uno de los grandes problemas del acoso escolar. Elúltimo estudio elaborado por el Ministerio data de 2010 y revela que sólo lo sufre un 4% de la población estudiantil. Para cuantificar el problema -algo imprescindible a juicio de los expertos- el Ejecutivo se comprometió a tener los primeros datos en el mes de junio de 2016 con la puesta en marcha un Registro Estatal de la Convivencia. Sin embargo, desde el Ministerio no han querido aclarar en qué punto se encuentra este proyecto. Tan solo entidades privadas como Save The Children, la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña manejan cifras más recientes que indican que 1 de cada 10 niños afirma sufrirlo. 

Déficit en la prevención

Por su parte, la mayor parte de las propuestas contempladas en el borrador del Plan Estratégico de Convivencia Escolar anunciado por el ahora también portavoz del Gobierno siguen a la espera de ser ejecutadas. El Ministerio de Educación pretendía reactivar elObservatorio Estatal de la Convivencia Escolar, un órgano consultivo creado en 2007 que, según denuncian desde la confederación de padres CEAPA, no se ha convocado en los cinco años de legislatura del Partido Popular.

Un año después del anuncio de la batería de medidas, tampoco se ha implementado elPrograma de Cooperación Territorial en colaboración con las Comunidades Autónomas ni se ha celebrado el Congreso Estatal de Convivencia Escolar en el que se iban a presentar “contribuciones teóricas de relevancia internacional e investigaciones recientes sobre la mejora de la convivencia”.

Pero el departamento de Méndez de Vigo planteaba también “dar formación específica a los profesores y a los equipos directivos de los centros educativos” y formar a los menores y los docentes en el uso de internet y las redes sociales. Lo poco que ofrece la administración central en este ámbito es un curso de Formación en Red del Profesorado, impartido por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación y cuya primera edición tuvo lugar en 2014.

"La falta de datos oficiales es uno de los grandes problemas del acoso escolar. El último estudio del Ministerio es de 2010"

Los portavoces del Ministerio con los que ha contactado este diario tampoco han aclarado en qué punto se encuentra la Red estatal de escuelas "Tolerancia cero"; una iniciativa que pretendía servir como reconocimiento “a nivel estatal de los centros educativos que demuestren haber mejorado su convivencia”.

Entre las medidas previstas por Educación en materia de acoso se planteaba además la elaboración de un manual de apoyo a víctimas de violencia escolar a nivel estatal, que incluyese “información sobre la implementación de los protocolos de detección e intervención en casos de violencia o acoso”. Y también una guía para los padres. Pero ninguna de estas medidas ha sido aún ejecutada.

A pesar de las reiteradas peticiones de información, el Ministerio de Educación ha declinado participar en este reportaje. Ni su máximo responsable, Íñigo Méndez de Vigo, ni el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, han contestado a las preguntas de este medio, alegando cuestiones de agenda.

Polémica con el teléfono

Una de las medidas ya ejecutadas, la del teléfono para las víctimas, ha estado rodeada por la polémica. En concreto, los pliegos del concurso público por el que el Ministerio otorgó la concesión del teléfono a un call-center fueron impugnados. El personal que atiende este número lo aporta la empresa adjudicataria AlcaláBC, que tiene un contrato con el Gobierno de un año por una cuantía que roza el medio millón de euros.

Pero las críticas llegaron por parte de los psicólogos y de los padres. En concreto, en el pliego de condiciones se establecía que el teléfono sería atendido 'por personal en posesión de una licenciatura o grado universitario en el ámbito de la Psicología'. Esto, a juicio del Consejo General de la Psicología permitía "que titulados no psicólogos puedan desempeñar esta labor".

Sin embargo, el Ministerio matizó que aunque las llamadas serían atendidas por psicólogos, la atención también cuenta con un equipo de trabajadores sociales, juristas y sociólogos, asegurando el anonimato del menor. 

Para el presidente de CEAPA, José Luis Pazos, se trata de una medida que no ataja la raíz del problema, pues “se recurre a ella cuando ha fallado todo lo demás. Es decir, la prevención”. Durante sus dos primeros meses de funcionamiento, el teléfono ha registrado más de 5.552 llamadas, de las que 1.955 han sido identificadas como posibles casos de acoso escolar.

Por su parte, según el último informe de la Fundación ANAR elaborado junto a la Fundación Mutua Madrileña, las llamadas por casos de acoso escolar atendidas en su teléfono 900 20 20 10 durante 2015 crecieron un 75% frente al año anterior.