Menores que
destacan con su expediente académico, jóvenes con un
aspecto físico determinado o una personalidad
que deja entrever cierta vulnerabilidad, cualquier característica hace
que un escolar se convierta en el blanco perfecto de humillaciones.
La vuelta a
las aulas se convierte para muchos en una auténtica tortura y los
expertos cuantifican en un seis por ciento la cifra de alumnos
entre 6 y 16 años que son víctimas del conocido acoso escolar,
es decir, más de 10.400 alumnos de Primaria y Secundaria son o han sido
perseguidos por el bullying en los centros educativos de la provincia.
El problema se agrava porque la mayoría no se atreve a hacerlo público.
El portentaje de denuncias es mínimo.
La
asociación Prodeni trabaja desde hace 25 años para defender los derechos
de los menores y uno de los aspectos que abordan es el acoso escolar, un
término del que se tiene conciencia social desde hace apenas diez años.
El entonces adolescente de 14 años Jokin Ceberio, de Guipúzcoa,
se quitó la vida en 2004 para poner fin a las vejaciones que
vivía a diario en el colegio. Fue el primer caso en España en el que se
reconoce el acoso escolar.
Aun así, el
portavoz de Prodeni, José Luis Calvo, explica que se
trata de un mal que existe en las aulas desde hace muchos años y
recuerda cómo en los años 90 un joven se suicidó en la provincia a causa
de la presión en las aulas y fuera de ella, un caso que no saltó a los
medios de comunicación pero que la asociación conoció al acudir la
familia a solicitar ayuda.
Menores
tímidos, que muestran gran vulnerabilidad e indefensión y con poca
habilidades para comunicarse son los que suelen convertirse en víctimas.
«Cualquier circunstancia que los diferencia es contemplada como
un motivo en vez de plantearse que la única causa de ese acoso
es el mal comportamiento y la actitud insolidaria del resto», narra el
portavoz. Y es que en las aulas, el acoso escolar cuenta con tres
posibles papeles a tomar: agresor o agresores, víctima y espectadores.
«Si alguno de los espectadores en clase diera la voz de alarma es
posible que el conflicto terminase», incide José Luis Calvo, que estuvo
dedicado a la docencia más de 30 años y dirigió a lo largo de su carrera
un centro ubicado en Palma Palmilla.
Ha visto
todo tipo de casos. Conoce algunos en los que la víctima ha sabido
resolverlo solo en clase al imponerse o no hacer caso a la situación, y
otro en los que el agresor ha destruido por completo la autoestima de la
víctima, hasta llegar a la Fiscalía por traspasar los insultos y
culminar con una agresión física.
La repulsa
social y los esfuerzos institucionales han hecho que el número de casos
disminuyan pero aún no han desaparecido y el mal uso de las redes
sociales se ha convertido en una nueva herramienta para extorsionar.
«Si alguna
familia llega aquí es porque el sistema está fracasando». Así de
contundente se posiciona José Luis Calvo al preguntarle sobre el
procedimiento de Prodeni al llamar a su puerta alguna familia.
Les
informan sobre los elementos legales y sus propios derechos, les
orientan sobre qué pasos deben seguir y si fuera necesario hacen
escritos a la delegación pertinente e inspector para que tome cartas en
el asunto y tengan en cuenta que la familia tiene un respaldo.
No sabe a
cuántas familias han orientado a lo largo de su trayectoria en Prodeni
pero son «bastantes». Normalmente, cuando acuden a nosotros, ellos ya
han tratado el asunto con el centro pero no han recibido solución
alguna. «Tenemos que entender que la mayoría se resuelven y los que
llegan indican dónde están los errores y uno de ellos es no asumir lo
que sucede por poner en juicio la honorabilidad de la institución»,
expresa.
El
procedimiento más usual por parte de las administraciones es facilitar
el cambio de centro, detalla. «No es una solución, los acosadores
esperan para encontrar a una nueva víctima y volver a hacerlo».
Conoce los
dos puntos de vista al haber estado en las aulas y para José Luis el
principal problema radica en que los profesores han perdido su función
como educadores y tienen un rol más académico. «El profesor tiene que
ser el primer factor que dirija la operación de desactivación de
cualquier conflicto. Es la solución más eficaz e inmediata», sentencia.
Y es que en muchos casos se niegan los hechos que manifiesta el menor
–en caso de contar lo que sucede– y se responsabiliza a la víctima de
ser la provocadora, según detalla el portavoz de la asociación.
«El fracaso del sistema se manifiesta cuando el
problema sale del centro», sentencia.
Una red para frenar este mal en las
aulas
Andalucía
cuenta con un gabinete de asesoramiento para la convivencia y la cultura
de paz que interviene, junto con la inspección educativa, cuando la
dirección del centro en cuestión no ha podido resolverlo. Los casos más
habituales a los que se enfrentan son conductas con violencia física y/o
verbal entre alumnado, desobediencia o violencia del alumnado hacia el
profesorado, violencia física y/o verbal de la familia hacia el
profesorado, conductas con violencia física y/o verbal de la familia
hacia otros miembros, mala integración escolar en el aula o en el
centro, indicios de acoso escolar o constancia de ciberbullying (uso de
NNTT como herramienta para el acoso). Cada caso se estudia con
detenimiento y hay veces que existen casos que no se pueden clasificar
en la relación anterior, según indicaron desde la delegación de
Educación.
Málaga es
la provincia con más centros reconocidos por la Consejería como de
convivencia positiva.