El centro madrileño donde se
sucidió una menor había activado el protocolo por acoso
Pilar Álvarez Madrid
23 MAY 2015
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Varios menores se conectan a las redes sociales
a través de sus teléfonos móviles. /
consuelo bautista
El instituto
del sur de Madrid cuya
alumna se suicidó el pasado viernes tras un presunto caso de
acoso escolar ha abierto sus puertas a pesar de ser sábado. El
director del centro convocó a los profesores a una reunión urgente
ante el suceso que ha conmocionado a la comunidad educativa y por
la tarde lo hicieron también los padres de los alumnos.
La menor, una
estudiante con discapacidad intelectual y motora de 16 años de
edad, se precipitó desde la sexta planta de su bloque de pisos el
viernes tras despedirse de sus amigas por WhatsApp.
“Estoy cansada de vivir”, les escribió.
La familia,
que reside en el barrio de Usera, había presentado una denuncia en
la comisaría hace aproximadamente un mes por un supuesto
caso de acoso contra un compañero del centro, que al parecer
le exigía dinero y la coaccionaba con mensajes telefónicos. Fueron
los docentes del instituto, a quienes la chica contó lo que estaba
pasando, los que avisaron a la familia.
Antes del
suceso, de hecho, los responsables del centro se habían reunido
por separado con la familia de la víctima y del supuesto acosador,
según señalan fuentes del instituto y del AMPA (Asociación de
Madres y Padres de Alumnos) a este periódico. Estaba prevista una
nueva reunión con la madre de ella el próximo lunes porque sus
profesoras la encontraron “muy nerviosa” el pasado jueves, según
la familia.
El instituto
había puesto hace ya dos meses en marcha el protocolo de actuación
previsto en caso de acoso, según fuentes del centro y del AMPA.
Los padres de alumnos habían presentado numerosas denuncias en el
pasado por la falta de medios y de personal del centro, calificado
como de difícil desempeño. Tiene 1.200 alumnos, 60 de ellos con
necesidades especiales, y una única orientadora para atenderlos.
La Unesco recomienda que haya uno por cada 250 alumnos, según
señala la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y
Orientación de España (COPOE), aunque la media española es de uno
por cada 1.800 estudiantes, añaden.
En caso de acoso, el
protocolo de la Comunidad de Madrid establece que se debe
comunicar “de inmediato” a las familias de ambos implicados “y a
la inspección educativa”. Fuentes del AMPA señalan que la
orientadora del centro cumplió todos los pasos y lo comunicó a la
inspectora. Un portavoz de la Consejería de Educación negó ayer
que la inspección hubiese sido informada de este asunto antes del
suicidio.
El citado protocolo prevé
también que se sancione al acosador por una falta muy grave que
puede suponer, entre otras medidas, la realización de actividades
fuera del centro para “reparar los daños causados” o que el alumno
sea expulsado hasta un mes.
La familia de la víctima
—que asegura que la menor llegó a trabajar con mayores para pagar
al chico— señala que éste nunca fue expulsado y que tenía
problemas también con otros alumnos. Educación no se pronunciará
sobre lo ocurrido, según un portavoz, hasta que no concluya la
investigación abierta el viernes.
“Tenían una
orientadora donde debía haber cinco”
Un caso de acoso escolar
requiere vigilar muchos frentes. El principal es atender a la
víctima. “Hay que escuchar al alumno y seguir adelante con la
atención posterior”, explica la presidenta de la Confederación
de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE),
Ana Cobos, que respalda la actuación de la orientadora del
centro madrileño. “Nos consta que trabajó en este sentido”,
señala.
Cobos, que mostró su
pesar por el “tristísimo” suceso del instituto madrileño,
sostiene que casos “excepcionales” como este representan “un
fracaso de todos”. “En el acoso, y por eso es tan peligroso,
hay uno o dos alumnos que actúan pero alrededor están los
espectadores. Son los que conocen lo que ocurre y no hacen
nada por cambiar la situación. Debemos esforzarnos por
proteger al que avisa, al chivato, que no está bien visto en
nuestra sociedad”.
La
presidenta de los orientadores de España también considera que
“no es razonable” que en un centro con 1.200 alumnos trabajara
solo una orientadora. La Unesco recomienda un especialista por
cada 250 estudiantes para garantizar las labores de
prevención. “Este centro debería tener al menos cinco”,
critica. La media española es de uno por cada 1.800 alumnos,
según las estimaciones de su organización. “Hay una falta de
sensibilidad de todas las administraciones agudizada por la
crisis. ¿Cómo vamos a hacer un trabajo de calidad así?”,
concluye.