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"Los colegios deben notificar supuestos casos de
bullying a la Fiscalía y nunca lo hacen"
Una fiscal de menores lamenta que los centros
educativos traten de solucionar en exclusiva posibles casos de acoso escolar
y pide una "fluida colaboración interorgánica"
"Un mes sufriendo para un niño es mucho tiempo, pero
es poco administrativamente", señala la fiscal durante uno de los cursos de
septiembre de la UNIA
El protocolo de actuación de la Junta en supuestos
casos de acoso escolar pone en manos del director o directora la posibilidad
de informar a otras instancias "si lo estima oportuno"
Javier Ramajo
24/09/2016

Efe
"Rara vez el colegio pone en conocimiento de la justicia un supuesto caso de
acoso. Da la información cuando se le requiere pero no actúa por iniciativa
propia. No es algo que benficie al colegio y tratan de mantenerlo en un
ámbito privado. Los colegios deben notificar supuestos casos de bullying a
la Fiscalía y nunca lo hacen. En diez años no se me ha dado el caso de que
un colegio denuncie en Fiscalía un posible caso".
Quién así se ha pronunciado durante uno de los cursos de septiembre de la
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) es Susana Hernando, fiscal de
Familia y Protección de Menores. Su opinión fue corroborada por educadores
sociales presentes en el encuentro ("El equipo directivo es la barrera",
apuntó un participante). "¿Cómo nos enteramos? Pues por un atestado
policial, por la denuncia de un tercero, por el propio menor o por los
padres", explicó la fiscal. "El colegio no nos informa, como mucho la hace
la Inspección Educativa, pero prefieren comprobarlo antes de comunicarlo",
apuntó.
El protocolo de
actuación de la Junta de Andalucía en supuestos casos de acoso escolar pone
en manos del director o directora la posibilidad de informar a otras
instancias "si lo estima oportuno" y "en función de la valoración inicial".
El colegio "suele actuar internamente", dice la fiscal, que apuesta en
cualquier caso por dar "una respuesta adecuada" y por una "fluida
colaboración interorgánica" ya que se pueden establecer medidas de urgencia
(vigilancia, supervisión y control) pero "no puede ser que a veces los
padres sean los últimos en enterarse" de un caso de acoso en el que su hijo
sea agresor o víctima.
Para esta fiscal, muchos acosadores proceden de familias desestructuradas
"que ven violencia y descargan violencia" pero "la mayoría de los casos de
bullying se dan en familias de nivel cultural medio o medio/alto". En las
casas, "existe una relación directa con el nivel de tolerancia con conductas
agresivas o violentas" y "muchas veces, lo que menos se imaginaban las
familias es que su hijo o hija fuera el acosador". A su juicio, se debe
"generar un clima de confianza, evitar una doble victimización y buscar
pruebas". "El problema del acoso escolar es siempre la prueba, pero es
fundamental para demostrarlo", señaló.
"La legislación protege en casos de acoso escolar, pero normalmente es la
víctima quien se tiene que ir del colegio"
La
Fiscalía de Protección, una vez conocido un supuesto bullying, se oficia al
colegio para conocer qué medidas correctoras se han tomado. "Normalmente, el
colegio responde que el problema se ha solventado, pero en muchos casos la
consecuencia es el traslado de la supuesta víctima, porque los padres no
pueden esperar y toman la decisión de pedir un cambio de centro". "La
legislación protege en casos de acoso escolar, pero normalmente es la
víctima quien se tiene que ir del colegio", indicó.
La
fiscal expuso un caso real ocurrido en Estepa (Sevilla). Una menor, de ocho
años, venía sufriendo acoso por parte de niñas de familias adineradas del
pueblo. Se le empezó a caer el pelo, dejó de ir al colegio y a los padres
les denunciaron por absentismo. "Se terminaron mudando a una localidad
vecina, donde vivían unas primas y la menor ahora está bien. La Fiscalía
intervino pero Educación negó el acoso. La Delegación esgrime muchas veces
que no tiene plazas en otros centros. Un mes sufriendo para un niño es mucho
tiempo, pero es poco administrativamente", señaló la fiscal.
"El acoso es un fenómeno reciente, que antes se entendía como 'cosas de
niños'. Sucede como pasaba con la violencia doméstica, que muchas veces se
callaba por vergüenza, pero las consecuencias para la víctima, los
compañeros y su futuro son muy graves", sentenció la fiscal.
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