LA VOZ DE GALICIA

Qué hacer ante el acoso escolar

El plazo de doce días prometido por la consellería para resolver los casos de acoso es uno de las cuestiones más criticadas por los padres

maría cedrón

redacción / la voz  24 de mayo de 2013 05:00

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Sorpresa, aplausos contenidos, dudas, la petición de medios suficientes para detectar a tiempo y cuanto antes cada caso y algunas preguntas como cuál es la fórmula para poder resolver un caso de acoso escolar en doce días. Esas son las respuestas de la comunidad educativa al anuncio realizado anteayer por el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, de la elaboración de un protocolo general de prevención, detección y tratamiento del acoso y el ciberacoso en las aulas. Varias semanas después de que saltara a los medios la polémica en torno al niño supuestamente acosado en un centro de Vigo, la consellería adelantó también anteayer que realizará en breve un decreto, que desarrollará la Lei de Convivencia Escolar aprobada en el 2011, donde se regularán las pautas que deberán seguir los centros para resolver estos casos de acoso.

Esas son parte de las pinceladas sobre el desarrollo de la Ley 4/2011 que han trascendido a los centros por ahora. «Los referentes que temos son lo que ha salido publicado en prensa y lo que está colgado en la web del portal educativo de la consellería. Nos ha pillado por sorpresa, pero lo hemos cogido con mucha expectativa porque es muy importante tener un protocolo de actuación porque puede ayudar mucho», explica la presidenta de la sección de psicoloxía educativa do Colexio Oficial de Galicia y orientadora en el instituto Santa Irene, de Vigo, Olegaria Mosqueda. Pero igual que el director del instituto Ramón Menéndez Pidal, en A Coruña, recuerda que resulta muy importante contar con los recursos personales adecuados para poder atender a esos alumnos.

En esa línea se manifestaron colectivos de profesores como ANPE, impulsor de la Lei de Convivencia. «Ano tras ano redúcese o presuposto e iso afecta a este tipo de temas. Non hai recursos, non hai profesorado e non hai horario para facer esas actividades», explicaron fuentes de ese colectivo.

Y Helena Gómez Vecino, representante de las asociaciones de padres de los colegios públicos, apuntó que «lo que deberían activarse son políticas para prevenir el acoso tales como formar a los profesores para que sepan detectar cuándo hay un caso y cuándo es verdad, además de ofrecer charlas a los alumnos sobre los riesgos que conlleva el acoso y cómo prevenirlo». Porque como añade el portavoz de las asociaciones de padres de centros privados, Jorge Villarino, que calificó de muy buena la noticia del protocolo, «donde hay que hacer mayor hincapié es que la comunidad educativa sea consciente del problema del acoso».

Frente a esa reclamación de recursos, el director xeral de Educación, FP e Innovación Educativa, Manuel Corredoira, dijo que hay muchas formas de aportarlos. Además aseguró que estos irán dándose según lo que requieran los centros para desarrollar lo que marca la ley. «Muchos recursos tienen que ver con la vigilancia y la atención escolar, otros con la formación a profesores...», dijo.

El plazo de doce días prometido por la consellería para resolver los casos de acoso es una de las cuestiones más criticadas. Desde el colectivo de padres de centros públicos indican que «es un poco apresurado porque hay casos que resultan evidentes, pero otros requieren una investigación mucho más larga». Además desde el colectivo que representa a los directores de los centros educativo de Galicia (Adiga) hacen otra advertencia. «Está bien que se protocolice, pero deben dejar un margen a cada centro porque a veces puede incurrirse en injusticias», explican fuentes del colectivo.

 

Recurso

Por otra parte, la Diputación de A Coruña ha recurrido la sentencia del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña que la condenaba a abonar 20.000 euros por daños morales a una menor que había sufrido acoso en un centro responsabilidad del organismo provincial.


NOTA DE PRODENI:

Desolador se presenta el panorama de una escuela que no es capaz en si misma con sus propios recursos naturales (la persona del maestro, de la maestra) de atender situaciones de acoso entre alumnos, y haya que recurrir a leyes, planes, protocolos, personal auxiliar especialista... o, si no, a esconderlo debajo de la alfombra aunque luego si las víctimas no se conforman y denuncian se vaya contra ellas denunciándolas en el juzgado por calumnias e injurias, faltaba más. ¿Pero que clase de docentes estamos formando? ¿Cuándo se ha visto semejante deserción de su labor fundamental en el aula, que es estar cerca de sus alumnos e intervenir en lo académico, sí, pero sobre todo en el lado humano, atendiendo cualquier desajuste que se produzca en la convivencia sin necesidad de salirse del guión de la propia competencia del educador? ¿Qué es eso de que para poder tratar un suceso de acoso haya que llevar a la escuela toda una brigada especial de intervención acorazada? ¿Han dimitido los docentes de su noble función? Si esto es así como parece, este sistema educativo no sirve, hay que refundarlo por completo, o volver a hacerlo de nuevo porque a cada parche se produce un mayor desarreglo y más desafección de las familias, y, claro, un aumento del trabajo en juzgados y fiscalías. Lamentable.