En
el mes de Octubre de 2003, se dirigieron a PRODENI los padres de cuatro niños
tutelados por la Junta de Andalucía en Cádiz, que estaban acogidos en un
centro de menores en el Campo de Gibraltar. De la información recibida constaba
el deseo del mayor, de 13 años, de querer hablar con alguien sin saber con
quien, para mostrar su desacuerdo con su internamiento y la separación de sus
padres. Entonces aconsejamos a los padres que cuando los volvieran a ver en la
visita correspondiente, les hicieran saber que tenían derecho a dirigirse al
Defensor del Pueblo Andaluz y al Fiscal del Menor, para entrevistarse con ellos,
y que lo pidiera a la Dirección del centro.
A
finales de Noviembre de 2003, recibimos en PRODENI una carta del mayor de los
hermanos en las que nos decía lo siguiente:
“.... Resido desde 2 años en el hogar... de la Línea en contra de mi voluntad y la de mis 3 hermanos de 11, 8, 6 y yo de 13 años. El 6 de Noviembre de 2003 después de haber estado rogando por 2 semanas poder hablar con la Directora, pues algunos del centro me lo impedían, por fin pudimos entregarle por escrito para poder hablar con el Defensor del Pueblo y el Fiscal, para que se nos permita regresar con nuestros queridos padres, pues ya bastante hemos sufrido. Pero no se nos toma en consideración. Pedimos ayuda.”
Otro
de los datos aportados por los padres era que a raíz del interés de los niños
por hablar con el Fiscal y con el Defensor del P. A., se les había trasladado a
otro punto de la comarca, separando a los cuatro hermanos, los dos mayores de
los dos más pequeños, en residencias distintas aunque de la misma organización.
También aludían al trastorno del cambio de colegio a esas alturas del curso.
Inmediatamente
nos pusimos en contacto por escrito con la Consejería de Asuntos Sociales, con
la Delegación Provincial en Cádiz y con el Defensor del Pueblo Andaluz. Días
después denunciamos ante los medios de comunicación el hecho de que a un menor
tutelado se le estaba impidiendo comunicar con las instituciones aludidas y que
habían sido separados. También escribimos una carta al menor, acusando recibo
de la suya y adjuntando un sobre con franqueo para que nos respondiera a la
nuestra. Al mismo tiempo hablamos por teléfono con la Dirección del nuevo
centro, remitiéndole por fax el
escrito que habíamos enviado a los responsables de la Consejería, pidiendo que
hicieran llegar al menor nuestra carta..
Por
su parte, días después, la Delegada Provincial de Asuntos Sociales se puso en
contacto telefónico con nosotros para decirnos que habían recibido en la
Delegación la carta que el menor había entregado en el centro de la Línea y
que, con la misma, la habían remitido al Fiscal y al Defensor del Pueblo
Andaluz. Y también nos dijo que los menores estaban otra vez juntos.
En
la misma conversación telefónica nos comunicó que el menor de 13 años estaba
enfadado con PRODENI, pues mientras estaban los hermanos separados, los mayores
convivían con un grupo de su edad, y
ahora estaban los cuatro juntos con un grupo de niños pequeños, prefiriendo
los mayores seguir donde estaban, echándole la culpa a PRODENI. A esta
observación le respondimos que hiciese saber al menor que PRODENI no era en
absoluto responsable de los cambios que la entidad había decidido, ni de la
manera de hacerlos, ni de sus consecuencias, y que de no hacerlo así entenderíamos
se habría manipulado al menor para predisponerlo en contra de PRODENI.
El
día 22 de Diciembre de 2003, un juzgado de Cádiz suspendió de forma cautelar
las visitas de los padres a los cuatro hermanos y el 6 de Enero de 2004 los
medios de comunicación de la provincia se hicieron eco de la intención de la
Delegación de presentar denuncia ante el Fiscal contra el responsable de
PRODENI, por las mentiras que venía vertiendo. Por su parte, PRODENI, a través
de su presidente nacional, acusó a Asuntos Sociales de coacción y ataque a la
libertad de la asociación, comparando la actitud de la Delegada con un
comportamiento franquista.
Con
fecha 22 de Diciembre, un equipo del Defensor del Pueblo Andaluz se trasladó al
centro y entrevistó al mayor de los hermanos, desconociendo todavía los padres
y esta asociación, el resultado de la misma.
Hay
que señalar que a raíz de la denuncia pública que hizo PRODENI, el Consejero
de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, criticó en los medios a esta
organización aportando algunos datos del caso que pudieron servir de
identificación de la familia, como lo prueba el hecho de que inmediatamente
algunos medios la localizaran para pedir a los padres su opinión. Debido a
ello, desde PRODENI remitimos escrito a los Grupos Políticos del Parlamento
Andaluz, censurando las declaraciones del Consejero.
Al
cierre de este informe los niños siguen sin poder ser visitados por sus padres,
quienes han recurrido la medida ante la Audiencia Provincial, esperando una
resolución. Ellos aseguran que la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
actuó desmesuradamente pidiendo al juzgado la suspensión de las visitas para
controlar unilateralmente a los menores y ahogar definitivamente su voz.
(Vean
queja del Defensor del Pueblo Andaluz contra la Delegación Provincial de
Asuntos Sociales de Cádiz en la página 61 de este Informe – “Defensor
del Pueblo Andaluz. Crítica número 2”, pues se refiere a una ilegal
imposición de Protección de Menores de impedir a estos padres las visitas a
sus hijos).