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La educación en Andalucía
50 kilómetros en bus para ir y volver del colegio por el
cierre de aulas rurales en Andalucía
El Defensor del Pueblo abre una investigación sobre la
falta de clases en la Alpujarra de Granada mientras el Gobierno de PP y
Ciudadanos dice que los padres no sean "rehenes de reivindicaciones"
Javier Imbroda, en una imagen de archivo. EFE
Sevilla, 1 de octubre 2019
Raul Bocanegra
Tahal (Almería), donde al menos tres niños deben recorrer
casi 50 kilómetros -entre ida y vuelta- en autobús para ir al colegio. Una
huelga en la Alpujarra granadina, donde desde hace dos semanas varios niños y
niñas no acuden al colegio en protesta por el cierre de aulas. Un colegio de Nueva
Carteya (Córdoba), donde se incumple la ratio legal de alumnos por aula. Son
tres enclaves de Andalucía en los que el curso se ha iniciado con problemas
-hay más- de distinto tenor, pero que comparten un denominador común: La
inquietud en el ámbito rural por la política educativa del nuevo Gobierno de
Andalucía, formado por PP y Ciudadanos, que necesitan para hacer casi cualquier
cosa del apoyo de Vox.
En Andalucía, según los datos
oficiales, hay 402 escuelas rurales que dan servicios a 31.700 alumnos y alumnas
de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. En ellas, trabajan
4.648 docentes.
La situación en Granada ha
motivado ya el inicio de una investigación de oficio por el Defensor del Pueblo
Andaluz, Jesús de Maeztu, que quiere saber las razones del cierre de
unidades “y, por lo tanto de personal docente, lo que imposibilita que los niños
y niñas reciban una educación con unos mínimos estándares de calidad” en los
centros docentes de Torvizcón y Bérchules.
Para Maeztu, esta queja
responde a un fenómeno que tiene relación con la despoblación. ”Es un problema
en educación, en sanidad, en temas de movilidad, en exclusión financiera...
todos estos fenómenos van a alterar la calidad de vida de los zonas rurales y de
los municipios pequeños. Tenemos que ver qué medidas podemos proponer para que
estén cubiertas las necesidades de esta población, en especial, de las personas
mayores y de la infancia".
Los padres de la Alpujarra -a
quienes se unieron familias de otras localidades como Pitres, Bubión, Pinos
Genil, Cajar, Gojar y Puerto Lope- cortaron esta mañana uno de los carriles de
la Gran Vía de Granada, apoyados por el sindicato Ustea, para protestar porque,
sostienen, la Consejería de Educación, en manos de Ciudadanos, no les da
soluciones. El consejero Javier Imbroda enfadó a los padres y madres esta semana
al afirmar que “los niños no pueden ser rehenes de las reivindicaciones de sus
padres”.
“No he convertido a mi hijo en
un rehén, estoy luchando por él, para que tenga la educación que se merece, viva
donde viva», le respondía Miguel, uno de los padres que acudieron a
Granada, en declaraciones al diario Ideal
de Granada.
En Tahal (Almería), el
periodista de Ideal Almería Miguel
Cárceles ha documentado el cierre del colegio de la pequeña localidad, de
unos 400 habitantes, ubicada en el corazón de la Sierra de Los Filabres, lo que
ha obligado al menos a tres familias a tener que recorrer, en una situación
propia de otros tiempos, nada menos que unos 50
kilómetros -entre la ida y la vuelta- para poder ir al colegio.
En el Parlamento
El pasado jueves, en el
Parlamento de Andalucía, el asunto fue motivo de debate, porque la secretaria
general del PSOE, Susana Díaz, se lo sacó al presidente, Juanma Moreno.
“Un niño no puede viajar 50 km al día para ir al colegio. Está pasando en Tahal,
donde el gobierno de derechas ha cerrado las líneas escolares y obliga a sus
menores a desplazarse a otros municipios. Es lo que le importa la educación
rural a Juanma Moreno”, afirmó la expresidenta de la Junta.
El consejero Imbroda,
en lugar de buscar soluciones, vino a negar la existencia de problemas, e indicó
que la situación este curso en los centros de la Alpujarra es "prácticamente es
la misma que el año pasado salvo un colegio en el que se ha perdido una
unidad". Imbroda agregó que el Gobierno mantiene una "apuesta real por
las escuelas rurales".
Luego, se escudó en la
gestión de sus antecesores y dijo que, mientras este curso se han
cerrado siete unidades en escuelas rurales en Andalucía, entre los años 2016 y
2018 fueron 321. "No solamente se han cerrado pocas pese a que hay un millar
menos de niños, sino que hay 114 docentes más”, afirmó el consejero.
La problemática no se
reduce a estos lugares, sino que se extiende a otros lugares. Según las cuentas
de Adelante Andalucía, el Gobierno andaluz ha cerrado más de 400 aulas en toda
Andalucía. El PSOE, por su parte, tiene computado problemas en por cierre de
unidades en al menos otros ocho colegios más de la provincia de Granada.
”No estamos de acuerdo en
cuanto a la supresión de unidades en los colegios de muchos pueblos,
especialmente en las zonas rurales. Además, tienen que dar solución al déficit
que hay de personal o a muchos de los problemas que hay en relación a los
servicios complementarios, tan necesarios para la conciliación de la vida
laboral y familiar", manifestó la exdiputada socialista por Granada Olga
Manzano.
La semana pasada, Toni
Valero, coordinador de IU acudió a Córdoba a arropar a las familias que
protestaban porque en su colegio de Nueva Carteya se supera, en seis de sus
aulas, la ratio legal de 25 alumnos por clase. Valero criticó allí
la “privatización encubierta” del sistema educativo que, a su juicio, está
llevando a cabo el Gobierno andaluz de PP y Cs, mediante el “trasvase de fondos
de la educación pública a la privada”, y reclamó a la Junta que “rectifique y
reponga las líneas públicas perdidas en los colegios públicos”, para así
“garantizar la calidad”.
Las líneas maestras
El Gobierno de Ciudadanos y
PP tiene muy claras sus líneas maestras en educación. Estas no pasan
precisamente por un refuerzo de la escuela pública en Andalucía, tal y como
tienen recogido en su acuerdo de Gobierno. El punto 71 de su pacto dice:
“Protegeremos los dos modelos educativos sostenidos con fondos públicos basados
en la libre elección de centros que debe tener la familia, ya sea en el ámbito
de la educación pública o la educación concertada”. Y en el siguiente, el 72, se
lee: “Habilitaremos progresivamente la implantación del Bachillerato concertado
y promoveremos la extensión del Bachillerato Internacional en Andalucía”.
Mientras, PP y Vox pactaron
tres cosas al respecto, complementarias a las cerradas con Ciudadanos.
Por un lado, “garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a
elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los
poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los
padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades
complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones”.
Por otro lado, “eliminar
las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el
centro educativo”. Y, por último, “garantizar la coexistencia entre la educación
pública, privada, concertada y diferenciada. Habilitar progresivamente la
implantación del Bachillerato en la educación concertada, así como fomentar el
Bachillerato Internacional”.
En su primer presupuesto
-pactado entre los tres partidos PP, Ciudadanos y Vox- ya incrementaron el peso
de la escuela concertada en detrimento de la pública, unos
41 millones de euros más.
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