22 de diciembre 2020
El Senado cerrará el 2020 con la previsible aprobación de la nueva
ley de educación (Lomloe), la octava
de la democracia. La reforma educativa dará carpetazo a
la Lomce, conocida como ley Wert, después de siete años
de protestas en las calles. Y lo hace mediante una tramitación
rápida en la Cámara Alta (en poco menos de un mes), como la que ha
tenido el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado aprobado
este martes por el Pleno del Senado.
Esta ley educativa, como las anteriores, no ha estado ajena a la
polémica y tampoco ha contado con el respaldo de todos los grupos
del arco parlamentario, pero sí saldrá adelante con el apoyo de
la mayoría absoluta de las dos cámaras, un requisito
indispensable para un proyecto de ley orgánica. Asimismo, el PP,
Vox y Cs han aunado fuerzas con la plataforma Más Plurales, que
agrupa a asociaciones de la escuela concertada, privada y católica,
para salpicar
de mentiras las medidas de la conocida ley Celaá, que
pretende blindar la inmersión lingüística y apuntalar la escuela
pública, muy golpeada por los recortes que trajo consigo la Lomce.
El texto de la ley salió del Congreso el
pasado 19 de noviembre con el respaldo de 177 diputados y entre
gritos de "libertad" de la derecha. La previsión era que el
Pleno del Senado lo ratificara antes de Navidad y que no volviera
a la Cámara Baja. Esta idea cobró fuerza cuando el PSOE, que
ostenta la mayoría parlamentaria con 113 senadores de 265, y algunos
de sus socios, como ERC-EH Bildu (15) y el PNV (10), rechazaron el
pasado viernes en la Comisión de Educación las 649
enmiendas a la Lomloe.
"¿Por qué resolver todo en dos semanas sin un debate
tranquilo?", cuestionó el senador de Más Madrid, Eduardo
Rubiño. "¿Ninguna enmienda es buena?, ¿somos tan inútiles que no
aportamos nada el resto de grupos?", añadió el senador del
Partido Regionalista de Cantabria, José Miguel Fernández Viadero. El
PP, Ciudadanos y UPN criticaron además el "rodillo" aplicado por
el PSOE en el Senado con la Lomloe ante una tramitación tan
breve.
Así, las cosas, en la sesión plenaria de este miércoles, la última
del año, el PSOE, ERC y el PNV, que suman al menos 136 escaños -los
dos diputados de Bildu se abstendrán, como hicieron sus cinco
compañeros en el Congreso-, avalarán presumiblemente el texto de la
nueva ley educativa sin ninguna modificación. Asimismo,
entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, pero serán las comunidades autónomas las que
decidan cuándo desarrollar esta reforma dentro de su propia
legislación.
Los principales cambios que introduce la Lomloe
El blindaje a la inmersión lingüística y la defensa de la
igualdad y de la escuela pública son los principales pilares
sobre los que se asienta esta reforma educativa. El castellano no
desaparecerá, los centros especiales no cerrarán, la educación
concertada no dejará de existir y la religión seguirá siendo de
oferta obligatoria, en contra del argumentario repetido por la
derecha durante los dos últimos meses.
En este sentido, el texto propone eliminar que el castellano sea
lengua vehicular en las aulas, un concepto que introdujo la ley
Wert. "No es cierto que la Lomloe vaya a terminar con el
castellano. Al revés, se garantiza la lengua castellana en todo el
territorio" de acuerdo con el Artículo 3 de la Constitución, que
hace referencia al castellano como lengua oficial del Estado,
señaló en
una entrevista a este medio M. Luz Martínez Seijo,
portavoz de Educación del PSOE en el Congreso. Y es que, a su vez,
la ley añade que las administraciones educativas deberán controlar
que exista un "dominio pleno" del castellano y de la lengua
cooficial que haya en su comunidad, si es que la hay.
Aunque la reforma educativa pretende apostar por la escuela pública,
la nueva ley no acabará con los centros concertados, solo los
regulará a cambio de que sigan recibiendo dinero del Estado. En esta
línea, para garantizar la igualdad, el texto prohíbe que los centros
públicos y concertados que segreguen a los alumnos por sexo en
todas las etapas educativas reciban fondos estatales. También, la
Lomloe prohíbe ceder suelo público para la construcción de los
centros concertados y contempla que estos colegios tienen que asegurar
la gratuidad si quieren mantener los fondos públicos, esto es,
pondrá fin a las cuotas que impone este sistema de enseñanza.
Además, esta ley garantizará que las familias tengan "libertad de
elección de centro", pues se primará en el proceso de admisión
la proximidad de centro al domicilio o lugar de trabajo de los
padres, la existencia de hermanos o hermanas matriculados en el
colegio y la renta per cápita familiar.
¿Y qué hay de los centros especiales? En ningún punto del
texto de la ley recoge este supuesto. Así, la Lomloe propone un plan
de diez años para que "los centros ordinarios cuenten con los recursos
necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado
con discapacidad", tal y como establece el artículo 24.2 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
Naciones Unidas y contempla el cuarto Objetivo de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030.
La asignatura de Religión seguirá siendo de oferta obligatoria,
pero de elección voluntaria. Asimismo, los alumnos que no cursen
esta materia no estarán obligados a elegir otra asignatura
alternativa. Esta asignatura, por último, no computará para la nota
media y no contará para el acceso a la Universidad ni para la
obtención de becas.