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El profesorado defiende en la calle la escuela pública
mientras el presidente andaluz insiste en su "decretazo"
El
Gobierno andaluz asegura que casi 14.000 docentes, el 13,5% de los
convocados, fueron a la huelga este martes mientras los sindicatos elevan la
cifra hasta el 80%
RAUL BOCANEGRA
Sevilla, 4 de marzo 2020
Málaga se ha sumado a la huelga educativa y manifestaciones convocadas
por la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública --constituida por las
organizaciones sindicales UGT, CGT, CCOO y Ustea, la Confederación de
Asociaciones de padres y madres (Codapa) y el Frente de Estudiantes
(FdE)-- en contra del nuevo decreto de escolarización y en defensa de la
enseñanza pública.
"La maestra luchando también está enseñando", se podía leer
en una pancarta en la manifestación de Sevilla contra el decreto de
escolarización aprobado por el Ejecutivo que dirige Juanma Moreno (PP).
Otra decía: "La educación es nuestro derecho, no es vuestro negocio".
El profesorado andaluz respondió a la convocatoria de huelga
en Andalucía en defensa de la escuela publica y miles de personas –60.000,
según los sindicatos– salieron a las calles en diversas localidades
andaluzas para exigirle al Gobierno, formado por una coalición de PP y
Ciudadanos, que retire lo que han llamado el "decretazo".
Las centrales sindicales entienden que favorece los intereses
de la escuela concertada, que en Andalucía es mayoritariamente
católica, y que fue aprobado sin consenso alguno con la Comunidad educativa.
Según el Gobierno andaluz, fueron 13.699 los profesores
que se declararon en huelga, un 13,5% del total, con picos del 19,5% en
la escuela primaria. Mientras, las centrales sindicales, en la habitual
guerra de cifras, elevaron el seguimiento
del paro hasta el 80% y lo calificaron de "éxito histórico".
Esta huelga educativa supone la primera quiebra de cierta
hondura en la narrativa de moderación y centrismo en la que ha querido
instalarse el presidente Juanma Moreno, a pesar de haber accedido al cargo
con el apoyo de la ultraderecha.
El decreto va a seguir su curso
El presidente ha decidido mantener el pulso con las centrales
sindicales –CCOO, UGT, CGT, Ustea, Anpe, CSIF– convocantes y no tiene
intención de ceder.
El consejero de Educación, Javier Imbroda, compareció
en el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia del Gobierno, y manifestó
que este es "un decreto que favorece a las familias", que "respeta el
derecho de huelga" y que "el decreto va a seguir su curso".
"En general, la comunidad educativa lo que quiere son mejoras
en el sistema educativo. Ese es el trabajo y la preocupación de la
Consejería", dijo el consejero, en un audio enviado a los medios.
Luego, tendió la mano para "explicar": "Vamos a procurar
sentarnos con todos para explicar, porque quizás no han entendido bien el
espíritu de este decreto, pero estaremos abiertos a dialogar con todos",
dijo Imbroda. Los sindicatos lo que reclaman es la "inmediata
retirada" y la apertura "de un proceso de diálogo".
Imbroda insistió, además, en que la huelga era
"ideológica", porque, en su opinión, "no se ha entendido o interpretado bien
el decreto": "No se da ningún tiempo de riesgo para la educación pública; en
absoluto; este consejero es un firme convencido de nuestro sistema público".
Luego, a preguntas de los periodistas, Imbroda especificó:
"Ese sesgo ideológico se lo achaco a todos aquello que han pretendido
armarse para ir contra el Gobierno y contra este consejero. Eso existe".
El consejero admitió que algunos de los componentes más
polémicos de su decreto puede tener un camino de corto recorrido, debido a
los cambios en la Ley de Educación que prepara el Gobierno de Pedro
Sánchez y Pablo Iglesias: "La demanda social es un elemento más a
tener en cuenta dentro de ese decreto. Ahora parece que el gobierno de
España quiere eliminar ese concepto. Las CCAA nos adaptaremos al marco
normativo. Tendremos que ir ajustándonos".
Pancartas y defensa de la pública
En la calle, durante la manifestación de Sevilla, que comenzó
en la Puerta de la Carne y terminó una hora después en el Palacio de San
Telmo, un grupo de profesoras de un colegio público de Bormujos expresó a
Público las razones por las que decidieron hacer la huelga: "Defensa de la
escuela pública. Nada más que favorecen a la escuela concertada. Se están
cerrando unidades. Un gobierno de derechas nunca va a defender la escuela
pública. Lo llevan en su programa".
El punto 71 del acuerdo de Gobierno que tienen firmado
PP y Ciudadanos recoge lo siguiente: "Protegeremos los dos modelos
educativos sostenidos con fondos públicos basados en la libre elección de
centros que debe tener la familia, ya sea en el ámbito de la educación
pública o la educación concertada".
En la protesta, había interpretaciones y pancartas de todo
tipo, no solo críticas con el Gobierno de PP y Ciudadanos, sino también
contra los anteriores Ejecutivos del PSOE. "El PSOE puso la soga. PP + Cs la
aprietan. Aquí está la marea para decírtelo a la jeta". "A mí Me'Dac' que Imbroda quiere
privatizar", decía otra, en referencia al grupo empresarial Medac, que se
dedica a la FP privada, del que fue accionista y administrador el hoy
consejero de Educación.
Al final de la manifestación de Sevilla, se entregó un manifiesto consensuado
entre todas las organizaciones convocantes –ANPE, CSIF, CCOO, UGT y USTEA,
CODAPA y el Frente de Estudiante (FdE)– en el que, entre otras cosas, se
dice que el decreto es "una medida que supone un ataque en toda regla a la
enseñanza pública la cual se fundamenta en premisas como la integración, la
pluralidad, la interculturalidad y la participación, con un alto nivel de
diversidad y con recursos, en bastantes casos, insuficientes".
También dice el manifiesto: "Este decreto va claramente en
contra de la enseñanza pública, que es la única que garantiza la
igualdad de oportunidades y el acceso a la educación gratuita y de calidad.
A nuestro entender, la administración andaluza debería poner en valor la
educación en los centros públicos, el trabajo del profesorado, los recursos
dedicados a la atención a la diversidad y a la innovación educativa".
El 73,6% del alumnado estaba matriculado en la escuela
pública en Andalucía al final del curso pasado, según los datos
oficiales disponibles en la web del ministerio de Educación. La cifra está
solo por debajo de la de Canarias (75,8%), Castilla La Mancha (80,9%) y
Extremadura (80,2%). La media española es del 67,1%.
La tendencia de los últimos años en Andalucía, con los
gobiernos del PSOE, ha sido ligeramente descendente: en 2010, el porcentaje
estaba en el 75%. Las Comunidades en las que es menor el porcentaje de
estudiantes matriculados en centros públicos son el País Vasco –el 50,7%–
y Madrid –el 53,2%–.
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