Graciela, junto a su hijo, durante una clase en su vivienda en Pontevedra.Óscar Corral

Caridad Bermeo, Santiago de Compostela

30 de noviembre 2020
 

Graciela invierte gran parte de su energía en luchar contra una enfermedad grave y avanzada, pero ahora se ha visto obligada a entregar un poco de la que le queda para otra batalla: la del abandono administrativo. Esta madre residente en Pontevedra sufre una patología cuyo tratamiento provoca inmunodepresión. Con esto en mente, sus médicos le entregaron un certificado en el que recomiendan que el colegio en el que estudia su hijo Gael, de nueve años, busque alternativas a la educación presencial. Sin embargo, pese a que la madre entregó el documento médico al centro, el Praza de Barcelos ha abierto a la familia un expediente de absentismo escolar. “Si mi hijo trae el virus del colegio, podría ser letal para mí. No es que me hagan la vida difícil, me la hacen dolorosa”, lamenta Graciela. La Xunta de Galicia admite que no es el único caso de familias con miembros vulnerables a la covid-19 que ha sido expedientada por no llevar a clase a los niños y ha creado comisiones provinciales para revisarlos.

El drama de Graciela, de 49 años, empezó con el año escolar, en septiembre. La madre se vio obligada a nadar a contracorriente en el río de la Administración por miedo a un curso que considera poco seguro y que se inició en medio de protestas y cambios de protocolo. Primero habló con la directiva de su centro educativo, que elevó la consulta al inspector de la zona. Asegura que al no recibir una respuesta localizó al inspector, quien le instó a buscar una solución con el colegio hasta que la Consejería de Educación encontrase una salida común para todas las familias con problemas similares. Sin embargo, según la madre, la dirección del CEIP no recibió ninguna instrucción que avale el trato especial y se vio obligada a abrir el expediente. El pequeño estudia en su casa sin ningún tipo de atención telemática del centro.

Para Graciela, las condiciones en las que está estudiando su hijo son inexplicables. Los medios de educación telemática de la Consejería de Educación se deben poner en marcha solo cuando las aulas cierran, pero no si se trata de casos individuales. No oculta su sorpresa y decepción ante una situación que considera “injusta”: “Solo pedimos que valoren la dura situación por la que está pasando nuestra familia, con mi enfermedad en estado avanzado”. La profesora tutora de su hijo, asegura la madre, considera que el menor, matriculado en cuarto de Primaria, no sufre ninguna dificultad especial de aprendizaje y que para superar el curso sería suficiente con que pudiera seguir las clases a distancia.

Graciela ha decidido pelear contra el expediente que le han abierto. Ha presentado una queja ante la Valedora do Pobo de Galicia, la institución equivalente al Defensor del Pueblo, porque el protocolo de absentismo escolar de la Xunta establece como justificadas las faltas por enfermedad grave de un familiar en primer grado y brinda a cada centro la capacidad de valorar las circunstancias excepcionales. El BNG, que ha llevado el caso al Parlamento gallego, estima que solo en la provincia de Pontevedra al menos 60 familias están sufriendo el mismo problema que la madre de Gael.

La Xunta publicó hace una semana la creación de comisiones provinciales para revisar los casos de absentismo que han surgido este curso. Manuel Lourenzo, portavoz de Educación del BNG, considera este paso innecesario porque el respaldo legal a las familias con miembros vulnerables ya existe, sostiene. Pide a Educación que unifique los criterios para los casos que cuentan con justificación médica: “Hay familias que tienen soluciones mucho más laxas y cuyos niños podrán ser evaluados y otras que están en el abandono, todo según el criterio del centro”.

Graciela, junto a su hijo.OSCAR CORRAL / EL PAÍS

Fuentes de la Consejería de Educación matizan que las comisiones revisarán situaciones de absentismo que tengan origen en la covid-19 y cuya justificación no esté del todo clara o genere dudas. Sin embargo, no se ha presentado ninguna orden con criterios para que los colegios evalúen si las justificaciones son válidas. La Xunta insiste en la importancia de que se revisen las particularidades de cada caso para encontrar una solución que siempre garantice el derecho a la educación del niño.

La medida del Gobierno gallego llega varios meses después del inicio de clases y de las reivindicaciones de familias de toda España en esta misma situación o similares. En septiembre, la Abogacía del Estado presentó un informe aclarando que en estos casos debe primar que los menores asistan a clase, pero al mismo tiempo sugiere revisar las circunstancias de cada estudiante. Jose Luis Cembrano, portavoz de la Asociación Española de Abogados de Familia, concuerda: “Es necesario encontrar la mejor solución para cada circunstancia”. Insiste en que no siempre será la educación a distancia, ya que se tienen que valorar las necesidades de cada niño.

En medio de las visiones cruzadas y la falta de medidas concretas, la vida de la familia de Graciela ha cambiado poco desde marzo. Su rutina es similar a la que tenía durante el confinamiento de la primera ola. Ella recibe su tratamiento cada 21 días y su hijo Gael sigue el mismo horario que sus compañeros, pero con el apoyo en casa de su madre y su tío, que es profesor de Primaria. Por las tardes, el niño sale a pasear con su padre. Todo a la espera de una solución que parece inalcanzable a corto plazo y que permita que sea la propia tutora del centro quien guíe y evalúe el progreso del menor.