El abogado
coruñés Francisco Javier Tarrío, de Tarrío
Abogados, ha llevado tres casos judicializados en
Galicia tras las denuncias presentadas por la
Fiscalía de Menores contra padres que decidieron
sacar a sus hijos del colegio y educarlos en casa.
La Justicia ha dado la razón a los progenitores, y
el lunes se conocía la última sentencia favorable,
en Rairiz de Veiga. Javier Tarrío cree que en
estos casos se actúa por temor a que se vacíen los
colegios, cuando «no va a ser así».
-Con
los precedentes que había en Galicia, a raíz de
otros casos que llevó también usted, ¿se esperaba
el fallo judicial?
-Bueno, desde luego confirma la línea que veníamos
defendiendo en otros pleitos: que la vía penal no
es la más adecuada, porque nunca se puede hablar
en estos casos de abandono familiar, pues no hay
una decisión que dañe el derecho a la educación.
Al contrario. Cuando alguien saca a sus hijos del
centro y los educa en casa suele hacerlo para que
los menores tengan una evolución favorable en sus
estudios, no al revés. Si se ponen al servicio del
niño todos los medios posibles no entra en cabeza
humana el abandono de la familia.
-¿A
qué se debe entonces esa insistencia de la
Fiscalía en la vía penal?
-Lo ignoro.
En el primer caso que hubo en Galicia, que
llevamos nosotros en Betanzos y luego en A Coruña,
la Audiencia Provincial ya frenó el juicio por
entender que no había relevancia penal. Era un
caso idéntico al que se acaba de fallar en Rairiz
de Veiga. Sí hubo juicio en la Audiencia de
Pontevedra, en el segundo proceso con
trascendencia legal, que se inició en Vigo. El
fallo también fue favorable. El tercero que
llevamos ha sido el de Rairiz de Veiga, dejando al
margen otros muchos que no se judicializaron.
-¿Y
cree que la Fiscalía recurrirá en el caso de
Ourense?
-Por ahora
no tenemos notificación de esto, pero me parece
que no tendría mucho sentido a la vista de los
antecedentes. De todas formas, en Derecho nunca se
sabe.
-¿Qué pasaría si estos temas se llevasen por la
vía civil?
-Esa es la
pregunta del millón. Supongo que sería tan
sencillo como verificar por parte de los Servicios
Sociales de un Concello o de la Xunta que los
niños están bien atendidos. Y si es así, no cabe
otra medida; ni tribunales ni nada, pues la vía
civil está pensada para una situación de riesgo
para el menor, y no sería el caso.
-¿Por qué cree que se denuncian estos casos?
-Se busca un
efecto disuasorio, que las familias no exploren
esta posibilidad. En el segundo caso, el de Vigo,
la Fiscalía pidió por primera vez una multa. En el
tercero, el de Rairiz, ya solicitó prisión. Va
subiendo. Creo que estos procesos se inician por
temor a que se vacíen los colegios, y nada más
lejos de la realidad. Educar a los hijos en casa
supone un sacrificio muy grande y bastante tiempo
libre. No creo que ahora vaya a producirse una
avalancha de padres que busquen esta alternativa,
aunque, por introducir una pequeña maldad, la
verdad es que si nos fijamos en el índice de
fracaso escolar...
-¿Cómo funciona West River, la entidad americana a
la que están apuntados los niños de Rairiz?
-Es la misma
que en el caso de Betanzos. Se trata de una
entidad a la que se envían los trabajos que van
haciendo los niños en casa y que certifica sus
progresos. Acredita además un interés.
-¿Certifica también el gallego?
-Sí, aunque
estos chicos no tienen problemas con el idioma.
-Algunos juristas hablan de un limbo legal en
España sobre la educación en casa. ¿Es así?
-Lo es. El Tribunal Constitucional considera
perfectamente válido que te obliguen a escolarizar
a los niños, y lo contrario: que no te obliguen a
hacerlo. De hecho, cuando participé en el
desarrollo legislativo de la Ley de Menores de
Galicia se pretendía equiparar absentismo escolar
a abandono, y hubo que matizarlo.