Casos como el que ahora han dado lugar a una
sentencia absolutoria en uno de los juzgados de lo
Penal de Ourense, donde comparecieron los padres
de dos menores acusados de abandono de familia, no
llegan generalmente a juicio. En la Fiscalía de
Menores, donde se abren diligencias informativas
tan pronto como se tienen noticias de situaciones
semejantes, se han archivado en los últimos años
tres casos semejantes después de un proceso de
investigación que incluye el testimonio de los
padres y del pequeño, informes de los servicios
sociales y también de la inspección educativa,
para determinar si el nivel de desarrollo y
formación del menor es el normal para su edad. Si
no existe desprotección, problemas de
socialización o deficiencias en la formación, se
propone el archivo.
Matizan desde la Fiscalía de Menores, no obstante,
que las diligencias informativas se han de
resolver en seis meses, por lo que, si en ese
período no se obtiene todos los datos, se opta por
dar traslado al juzgado de guardia para que se
abran unas diligencias previas de tipo penal. En
ese momento, la decisión de archivar o continuar
ya pasa al juez de instrucción y al fiscal a quien
corresponda analizar el caso, ya no del área de
menores.
Muy distinto, según advierten en la Fiscalía de
Menores de Ourense, es el caso del absentismo, que
no solo afecta, aunque sea porcentualmente
relevante, a escolares de etnia gitana. Cada año
pueden concretarse alrededor de diez
procedimientos. El más reciente, de este mismo
mes, dio lugar a una condena a 900 euros de multa
para cada uno de los padres de dos menores por la
reiteración de las faltas a clases en el CEIP
Albino Núñez de la capital ourensana. La sentencia
hace referencia al incumplimiento de los deberes
legales de asistencia a los menores y a la
escolarización obligatoria. En estos casos se
sigue el protocolo de actuación una vez detectada
la situación en los colegios.