«Nuestra
hija presenta necesidades educativas especiales y
discapacidad. Su derecho al honor, a la integridad física y a
una atención escolar inclusiva y de calidad están recogidos en
textos legales de orden superior a nivel europeo, que se están
vulnerando sistemáticamente. Hablamos de derechos humanos
fundamentales». Con estas palabras explicaron ayer a SUR los
padres de la menor de 9 años, que estudia cuarto curso de
Educación Primaria en el colegio público Gregorio Marañón de
La Cala del Moral, en Rincón de la Victoria, la situación que
están viviendo a raíz de que los progenitores de los 24 niños
que comparten con ella aula decidieran desde el pasado
miércoles y hasta hoy no llevar a sus hijos a clase, en
protesta por el «acoso constante» al que supuestamente la
menor los tiene sometidos, «con agresiones e insultos a
diario».
«La denuncia que el colectivo de familias ha realizado es
consecuencia directa de la falta de intervención educativa con
nuestra hija. Ahora se atribuye la responsabilidad de estas
conductas a la niña obviando que son consecuencia directa de
la inaplicación de las medidas que los propios técnicos de
orientación establecieron hace ya cuatro años. Esta situación
ha tenido y tiene consecuencias directas en la salud e
integridad de la niña y de nuestra familia», dijeron los
progenitores de la pequeña, quienes añadieron que «la
responsabilidad civil de lo que ocurre dentro del recinto
escolar es del equipo directivo del centro, que debe
garantizar la integridad y bienestar de todos sus alumnos
tomando las medidas que sean necesarias para ello». Según los
padres de la menor, «más allá de los incumplimientos legales
están las consecuencias sobre las personas, especialmente
graves cuando se trata de la infancia». «Somos también
especialmente sensibles a los derechos del resto de los
compañeros, que son víctimas de la desidia y dejación de
funciones de la Administración educativa durante cuatro años»,
dijeron.
«Llevamos reclamando desde 2011 una atención adecuada para
nuestra hija, anticipando las consecuencias de no aplicarla,
el impacto que tendría y, de hecho, ha tenido sobre el resto
de los niños. Se han puesto a disposición del centro
profesionales de reconocido prestigio que han conseguido
controlar con éxito las conductas fuera del entorno escolar y
cuyas recomendaciones no han sido tomadas en consideración»,
añadieron.
Según los padres, la situación de falta de medios para atender
al alumnado con necesidades educativas especiales «es
extensible a más centros de la zona», tal y como viene
denunciado el Ayuntamiento y la Plataforma Local por la
Educación. «Los propios técnicos de la Delegación han dejado
constancia por escrito de que el colegio no dispone de los
recursos suficientes para garantizar la calidad educativa de
sus alumnos», dijeron.
Intervención
educativa
Según los progenitores,
la aparición de un personal -desde hace varias semanas una
monitora acompaña a la niña las 25 horas lectivas- y la puesta
en marcha de un programa educativo «coincide temporalmente con
el anuncio al centro por nuestra parte de tomar acciones
legales en el asunto, que ya están en marcha».
Para finalizar los
padres aseguraron no tener «evidencias» de que la intención
sea reconducir la situación de su hija «sino de contener la
situación que estas carencias han ocasionado de cara al grupo
de familias». «No disponemos del protocolo de intervención
pero a la vista de los resultados no se ajusta a sus
necesidades ni lo lleva a cabo personal docente especializado
y con continuidad». Desde la dirección del colegio declinaron
hacer valoraciones sobre la situación generada con esta
alumna.
«La denuncia que el
colectivo de familias ha realizado es consecuencia directa de
la falta de intervención educativa con nuestra hija. Ahora se
atribuye la responsabilidad de estas conductas a la niña
obviando que son consecuencia directa de la inaplicación de
las medidas que los propios técnicos de orientación
establecieron hace ya cuatro años. Esta situación ha tenido y
tiene consecuencias directas en la salud e integridad de la
niña y de nuestra familia», dijeron los progenitores de la
pequeña, quienes añadieron que «la responsabilidad civil de lo
que ocurre dentro del recinto escolar es del equipo directivo
del centro, que debe garantizar la integridad y bienestar de
todos sus alumnos tomando las medidas que sean necesarias para
ello». Según los padres de la menor, «más allá de los
incumplimientos legales están las consecuencias sobre las
personas, especialmente graves cuando se trata de la
infancia». «Somos también especialmente sensibles a los
derechos del resto de los compañeros, que son víctimas de la
desidia y dejación de funciones de la Administración educativa
durante cuatro años», dijeron.
«Llevamos reclamando
desde 2011 una atención adecuada para nuestra hija,
anticipando las consecuencias de no aplicarla, el impacto que
tendría y, de hecho, ha tenido sobre el resto de los niños. Se
han puesto a disposición del centro profesionales de
reconocido prestigio que han conseguido controlar con éxito
las conductas fuera del entorno escolar y cuyas
recomendaciones no han sido tomadas en consideración»,
añadieron.
Según los padres, la
situación de falta de medios para atender al alumnado con
necesidades educativas especiales «es extensible a más centros
de la zona», tal y como viene denunciado el Ayuntamiento y la
Plataforma Local por la Educación. «Los propios técnicos de la
Delegación han dejado constancia por escrito de que el colegio
no dispone de los recursos suficientes para garantizar la
calidad educativa de sus alumnos», dijeron.
Reclamaciones
Según los progenitores,
la aparición de un personal –desde hace dos meses una monitora
acompaña a la niña las 25 horas lectivas– y la puesta en
marcha de un programa educativo «coincide temporalmente con el
anuncio al centro por nuestra parte de tomar acciones legales
en el asunto, que ya están en marcha».
Para
finalizar los padres aseguraron no tener «evidencias» de que
la intención sea reconducir la situación de su hija «sino de
contener la situación que estas carencias han ocasionado de
cara al grupo de familias». «No disponemos del protocolo de
intervención pero a la vista de los resultados no se ajusta a
sus necesidades ni lo lleva a cabo personal docente
especializado y con continuidad». Desde la dirección del
colegio declinaron hacer valoraciones sobre la situación
generada con esta alumna.
