De las cinco
comunidades que gobierna el PP, Andalucía es la que mayor
población escolar concentra, y el Gobierno de Juan
Manuel Moreno Bonilla ya ha anunciado que allí no temen la
implantación de la ley Celaá, porque la "libertad para elegir colegio
está blindada" en un nuevo decreto de escolarización que se ha estrenado
este curso. En concreto, en el apartado que dice que "todos los
distritos escolares de Andalucía pasarán a tener oferta pública y
concertada" en igualdad de condiciones, es decir, que para las familias
que vivan en zonas donde no haya colegios concertados, la Junta les
ofrece una escuela de estas características en el distrito limítrofe
(con los mismos puntos por domicilio familiar que si perteneciese a su
zona).
Pero la
traducción de este discurso político a la realidad educativa andaluza ha
tenido un efecto inesperado: el único distrito escolar de esta
comunidad sin colegios concertados es el Polígono Sur de Sevilla, donde
se concentran algunos de los barrios más pobres de España, según el
índice Indicadores Urbanos del Instituto
Nacional de Estadística (INE). A los alumnos de este distrito, la
Junta les ha ofertado un centro concertado ubicado en una zona
limítrofe, el colegio Pontífice Pablo VI, arguyendo que así se cumplía
con "el derecho de los padres a elegir centro". Sin embargo, este
colegio sólo tiene subvencionadas las etapas obligatorias –Primaria y
Secundaria–; el segundo ciclo de Infantil es 100% privado y la
matrícula cuesta 220 euros al mes.
Javier
Imbroda y Juan Manuel Moreno
El Pontífice Pablo VI, una "anomalía"
El segundo ciclo de
Infantil (de 3 a 6 años) es una etapa voluntaria y gratuita, y
representa la entrada natural al sistema escolar para el 98% de los
alumnos andaluces. El Pontífice Pablo VI lleva años pidiendo a la
Delegación Provincial de Educación de Sevilla que le concierte dos
unidades de Infantil. Este año, al enterarse por la prensa de que su
colegio había sido elegido como "símbolo de la libertad de elección de
centro", la dirección pensó que la Junta había accedido a subvencionar
esta etapa, pero no fue así. Al terminar el proceso de escolarización, esta
escuela no había recibido ni una sola solicitud de niños del Polígono
Sur para matricularse en Infantil. Registró 22 solicitudes de
jóvenes de esta zona para entrar en Secundaria, "pero ninguno de ellos
ha obtenido plaza por falta de puntos", confirman fuentes de la
dirección.
El caso del colegio
Pablo VI es una anomalía que la propia Administración educativa tiene
dificultades para explicar. ¿Por qué se ofertó un colegio privado a los
alumnos de los barrios más pobres de España, donde un gasto mensual de
220 euros excede el presupuesto de muchas familias, que precisan de
ayudas sociales para vivir? La Consejería de Educación ha explicado a
este periódico que "el Pontífice Pablo VI era la mejor opción para poder
garantizar la enseñanza concertada con suficientes plazas para acoger al
alumnado del Polígono Sur, dada la alta demanda en los centros de las
zonas colindantes".
La Delegación
Provincial de Sevilla, responsable de esta decisión, asegura que se
descartaron otros centros concertados de las zonas colindantes "porque
ya tenían mucha demanda y la ratio al límite". Cuestionado sobre si este
criterio de planificación escolar previa no choca con la libertad de
elección de los padres, la Delegación de Educación recuerda que ahora
hay una delegada territorial es nueva, y que la decisión de ofertar el
Pablo VI a los alumnos del Polígono Sur fue adoptada por la anterior
responsable de este departamento, Marta Escrivá, destituida a los pocos
días de comenzar el presente curso "por falta de confianza" y "errores
de gestión". Las mismas fuentes admiten ahora que el Polígono
Sur sí contaba con oferta concertada: el colegio La
Providencia, de la congregación Jesús María Providencia, lleva
matriculando a niños de esta zona desde 1977. Es un centro de Infantil
con nueve unidades, con 62 alumnos en el primer ciclo (privado, pero el
98% tiene bonificada la totalidad de la matrícula dada su baja renta
familiar) y 61 en el segundo ciclo (subvencionado, y con adscripción
directa a otro colegio concertado de Primaria en otro distrito
colindante (el Corpus Christi).
Zonas
ricas, colegios ricos
El Polígono Sur,
donde están enclavadas las Tres Mil Viviendas, es una zona extensa de
Sevilla donde conviven familias obreras con otras que se ganan la vida
en la economía sumergida, con grandes dependientes, personas que
subsisten con el salario social y, a veces, la beneficencia; donde
existe un paro estructural superior al 40%, una tasa de fracaso escolar
del 40%, en un entorno castigado por la marginación y el tráfico de
drogas. Un distrito escolar con un puñado de colegios volcados a piñón
con los niños de estas familias que, cuando se han manifestado,
lo han hecho para impedir que la Junta les cerrase aulas y les quitase
maestros por la pérdida progresiva de alumnado, y que jamás,
nunca se han echado a las calles para protestar por la falta de escuelas
concertadas en su zona.
El Polígono Sur
tiene tres distritos escolares limítrofes, la del
Cerro–Palmete–Rochelambert, que aglutina barrios obreros y donde se
encuentra el colegio Pablo VI, y otros dos distritos –Nervión y Bami–
cuadruplican el nivel de renta estos barrios. Algunas escuelas
concertadas de estas demarcaciones están más próximas al Polígono Sur
que el Pablo VI, por ejemplo el colegio concertado Corpus Christi o el
colegio Claret, uno de los más demandados de Sevilla, de gran
popularidad entre las familias de renta alta. La demanda en estos
centros es mayor que la del colegio que eligió la Junta para ampliar la
oferta de los niños del Polígono Sur, sin embargo, el perfil
socioeconómico y cultural de las familias es totalmente distinto. Los
cambios en el sistema de acceso que introduce la ley Celaá buscan evitar
que se agrande esta brecha entre "colegios para familias ricas y
colegios para familias pobres".
El
barrio de la Tres Mil Viviendas durante el estado de alarma
El colegio Pablo VI no es un centro pequeño: tiene 56
profesores y 790 alumnos que provienen de otros barrios obreros que
rodean el Polígono Sur, como Rochelambert, Cerro del Águila, Palmete,
Padre Pío, Su Eminencia, incluso de zonas tan deprimidas y castigadas
como las Tres Mil, caso de Los Pajaritos (otro de los barrios más pobres
de España). Su oferta educativa consta de seis unidades de Infantil
(privadas), 18 de Primaria y 12 de Secundaria (concertadas). Para el
presente curso escolar, no se registró ni una sola solicitud de plazas
de Infantil proveniente del Polígono Sur, pero sí 22 solicitudes de
alumnos de Secundaria. Sus padres disfrutaron de esa nueva
"libertad para elegir" esta escuela que promueve la Junta, pero tampoco
lograron plaza "debido al exceso de demanda".
Las clases de la ESO
en el Pablo VI tienen 30 alumnos, siempre hay unas diez plazas que se
cubren con estudiantes de fuera (el resto son del mismo centro que
promocionan de Primaria), pero ninguno de ellos es del Polígono Sur,
porque "no tenían suficiente puntuación en el baremo de selección de
Educación". El director del colegio Pontífice Pablo VI, José
Carlos Domínguez, sostiene que "la bandera de la libertad de
elección de centro es una cuestión política que, en la práctica, no ha
tenido ningún efecto". "Me enteré por la prensa de que habían incluido
nuestro colegio en la oferta del Polígono. Nadie de la Delegación nos
llamó. Pensé que nos autorizarían el concierto de dos unidades de
Infantil que nos habían denegado en el pasado, en lógica con el discurso
político que estaba lanzando la Junta, pero no fue así", explica a
eldiario.es Andalucía.
La directora del
colegio La Providencia, Manuela Guerrero, se extrañó al
oír a la Consejería de Educación decir que "el Polígono Sur no tenía
centros concertados". "Luego pensé que se referían a Primaria y
Secundaria, pero tampoco tiene sentido porque la gran mayoría de alumnos
entra en los colegios concertados en el segundo ciclo de Infantil, y eso
le garantiza la continuidad en Primaria, Secundaria y a veces
Bachillerato".
El pulso de
Pablo Casado
El pulso del PP
nacional a la ley Celaá ha quedado muy mitigado en Andalucía, con un
sistema escolar imposible de homologar al de Madrid. Su presidente, Pablo
Casado, anunció que las cinco comunidades que gobierna el PP
adelantarían la matriculación de sus alumnos el próximo curso para
esquivar la ley Celaá, y así no poner en riesgo "el derecho de los
padres a elegir el colegio de sus hijos". El Gobierno andaluz de Moreno
Bonilla –y el departamento de Educación, que pilotan sus socios de
Ciudadanos– no fueron consultados sobre la decisión de Casado, y apenas
24 horas después del anuncio, salieron
a descartar con claridad esta medida. La escolarización en Andalucía
moviliza a 1,8 millones de alumnos y 107.000 profesores, un volumen muy
superior al del resto de regiones gobernadas por el PP, y el adelanto de
la matriculación de 2021 hubiera supuesto un problema logístico sin
precedentes (el plazo de inscripción es en marzo, pero la planificación
en la oferta de plazas empieza muchos meses antes).
Para no desautorizar
públicamente a Casado, la Consejería de Presidencia se reunión con el
departamento de Educación para tratar de unificar un mensaje político
que dejase claro el rechazo del Gobierno andaluz a la ley Celaá
–alineado con la tesis del PP–, pero también que era "innecesario"
adoptar estas medidas de prevención, porque Andalucía ya se había dotado
de un nuevo decreto de escolarización, aprobado en el presente mandato,
"que blinda la libertad de elección de los padres". "Dado ese blindaje
previo, la ley Celaá introducirá modificaciones que afectarán sólo a
algunos casos muy específicos", y por tanto, "no es imprescindible
aprobar de momento ninguna resolución" preventiva contra la norma
básica, "sino que se puede hacer tras su entrada en vigor".
El Gobierno andaluz
de PP y Cs acaba de cumplir dos años de mandato, tras casi 37 años del
PSOE en el poder. El primer año, el Ejecutivo de Moreno mantuvo el
esquema de escolarización de los socialistas. El segundo año aprobó ese
nuevo decreto que introdujo algunas variaciones en los criterios de
reparto de plazas escolares que venía usando el anterior Gobierno
socialista. Pero, en lo esencial, conservó el mismo modelo, el
mismo orden de prelación: la presencia de hermanos en el centro
y la cercanía al domicilio familiar continúan siendo los criterios que
más puntúan en el baremo que usa la Administración cuando la demanda
supera a la oferta de plazas en algún colegio, y es necesario establecer
un sistema de selección.
Cuando se estrenó el
nuevo decreto de escolarización, el pasado mes de marzo, el consejero de
Educación, Javier Imbroda, explicó que la gran
diferencia respecto a la etapa socialista era ésta: "Por primera vez,
todos los distritos escolares de Andalucía tendrán oferta de colegios
concertados para que las familias puedan elegir libremente".
El polémico
baremo
La escolarización en
las capitales de provincia y en las grandes urbes de Andalucía, donde se
concentra más del 80% de la población, está organizada por zonas de
influencia: distritos escolares amplios que engloban varios barrios y
que tienen preferencia por proximidad para matricularse en los colegios
que están dentro de cada distrito. Este sistema es el que más polémica
ha generado siempre, porque implica dejar a muchos niños fuera del
colegio elegido por sus familias. En Andalucía, el baremo sólo
se aplica de forma residual, porque nueve de cada diez alumnos consigue
entrar en la escuela elegida como primera opción. Este altísimo
porcentaje de satisfacción ya era así durante los últimos diez años de
gobiernos del PSOE, y no ha variado con la entrada del PP en el poder
(siempre con un 80% de oferta pública y un 20% de concertada). En el
presente curso escolar, casi el 94% de las familias ha matriculado a sus
hijos en el colegio elegido en primera opción (el 98% si se incluye la
segunda y tercera opción).
El modelo es garantista, pero no evita el malestar de
todas esas familias que no consiguen la escuela que buscaban. Es un
problema porcentualmente menor, pero con un enorme eco en los medios de
comunicación más conservadores, que cada año elevan a categoría de drama
social generalizado lo que en realidad es un drama puntual.
En Andalucía, el
desequilibrio entre la oferta y la demanda se concentra en una docena de
escuelas, la mayoría son centros católicos privados concertados ubicados
en los barrios más pudientes de las grandes ciudades (especialmente en
Sevilla), con una renta familiar superior a la media andaluza. Aquí se
concentran las manifestaciones de padres que reclaman a la Junta su
"derecho a elegir" dónde estudiará su hijo, las denuncias entre familias
por falsificar los datos de matriculación de sus vástagos, el contrato
de detectives para investigar si una familia está empadronada donde dice
vivir, el contrato de abogados que recurren a la vía judicial para
lograr la plaza escolar que la puntuación del baremo no le ha dado...
En Andalucía, el
82% de los municipios andaluces no tiene colegios privados concertados,
por una razón demográfica (el 80% de la población andaluza se concentra
en las capitales y grandes urbes). Pero también porque la apertura de
centros semiprivados depende de empresas que se rigen por criterios de
rentabilidad. Y los pueblos y barrios de menos renta no resultan tan
rentables.
PRODENI