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“No quiero que las tres profesoras que vejaron a mi
hija vuelvan a estar cerca de niños”
La madre de la niña autista que supuestamente fue
vejada por sus educadoras en Dos Hermanas, declara tras ser acusada de acoso
por las docentes
EVA SAIZ
Dos Hermanas, 13 de enero 2020
Rocío
Rodríguez este lunes antes de declarar en los juzgados. Alejandro
Ruesga
"No quiero que las tres profesoras que vejaron a mi hija vuelvan
a estar cerca de niños", ha asegurado en declaraciones a los periodistas la
madre de la niña autista de cinco años que el pasado verano denunció a tres
docentes del colegio público de Dos Hermanas (Sevilla) en el que estaba
matriculada por un presunto delito de trato degradante y otro de violencia
continuada contra la pequeña, diagnostica con síndrome del espectro autista.
Este lunes la progenitora, Rocío Rodríguez, ha prestado testimonio en los
juzgados de esa localidad sevillana por la querella que las tres docentes
presentaron contra ella en noviembre de 2019 después de que esta crease un grupo
de Facebook —con
el nombre #YosoyValeria— en el que publicó comentarios que, según las
denunciantes, atentan contra su intimidad. “Todo lo que he hecho es para que lo
que le pasó a mi hija no vuelva a sucederle a otro niño”", ha dicho Rodríguez
tras su declaración ante el juez en un caso que continúa en fase de instrucción.
Igualmente, la denuncia que presentó ella contra las docentes también sigue
estancada en esa fase.
Rodríguez abrió el perfil #YosoyValeria el pasado
julio después de colocar una cámara en la mochila de su hija y constatar que
las educadoras —la tutora del aula de educación especial, la monitora y la
logopeda del CEIP Cervantes— se
dirigían a la menor "en tono despectivo, mofándose de ella y gritándole"
con comentarios como “Ahí te quedas, ¿te pego?” o “Ya se ha trastocao” (las
docentes se reconocieron en los audios y no se opusieron a las
transcripciones).
Fue el comportamiento anómalo de la pequeña, con dos
ataques epilépticos casi seguidos y excesivamente nerviosa, lo que llevó a
los padres a grabar lo que pasaba en clase. Rodríguez compartió parte de los
audios en el perfil #YosoyValeria y fueron comentados por buena parte de sus
6.000 miembros.
En ese grupo, la madre alertó de que una de las tres
docentes —que se dieron de baja médica cuando los hechos fueron denunciados—
iba a incorporarse como interina en otro centro de la localidad sevillana de
Mairena del Alcor a comienzos del nuevo curso escolar. “Si conocéis a padres
de ese colegio, por favor, solo quiero que estén advertidos”. El mensaje
incluía los audios con las vejaciones de las maestras y la resolución de la
Junta con el nombramiento de la profesora, su plaza, centro de destino y
duración. La publicación generó gran revuelo y la educadora volvió a darse
de baja.
Esa circunstancia motivó la querella posterior de las
profesoras contra la madre, en la que se recoge que su situación actual es
“insostenible", porque "están afectadas en su salud y en su vida social y
profesional”. “Lo que he hecho es para proteger a los niños, esto tiene que
acabar”, ha insistido Rodríguez esta mañana. "Quiero que se adopte una
medida para que no estén con niños, que les permita realizar trabajos
administrativos, pero no cerca de niños", ha insistido. Su abogado, Javier
Jaenes, ha incidido en que las acciones administrativas y jurídicas
adoptadas por su defendida y el propio perfil de Facebook no tienen como
objetivo “atacar a las tres docentes, sino preservar el sistema educativo”.
“Los padres deben saber qué profesores tienen sus hijos. Nadie quiere
personas que no estén preparadas y sin vocación para que cuiden de ellos”,
ha añadido.
“Este proceso es muy peligroso porque el hecho de que
las docentes hayan denunciado a la madre, disuade a otras familias de
denunciar comportamientos lesivos de los profesores hacia sus hijos”,
advierte Katy Herrero, miembro de la Fundación Antonio Guerrero, que ha
estado asesorando a Rocío desde el comienzo del proceso. Herrero habla
mientras enrolla con fuerza una pancarta rosa en apoyo a esta madre, que ha
enarbolado junto a una cuarentena de padres de niños con necesidades
especiales y miembros de la fundación en una concentración silenciosa a las
puertas de los juzgados esta mañana. “No puede ser que las víctimas acaben
convirtiéndose en culpables”, afirma.
Medidas cautelares paralizadas
El comportamiento de las tres educadoras desató una
gran indignación entre la opinión pública y provocó la actuación inmediata
de los servicios de la Inspección de la Consejería de Educación. Su titular,
Javier Imbroda, dijo entonces que no quería “que profesionales como estos
estuvieran en el sistema”. El director general de Recursos Humanos de la
consejería, Juan Carlos Aunión, advirtió de que desde su departamento se
adoptarían las medidas necesarias para impedir que las tres profesoras
pudieran reincorporarse a la docencia. Sin embargo, una de ellas se presentó
a las oposiciones el mismo día que tenía que ir a declarar a los juzgados
por el caso de la niña autista, y, posteriormente, al estar en la bolsa de
interinos se le adjudicó la plaza en Mairena del Alcor. En la actualidad,
según ha confirmado Antonio Guerrero, presidente de la fundación que lleva
su nombre, esa misma profesora se encuentra dando clases en un centro de
Sevilla capital.
La Junta de Andalucía inició
un procedimiento sancionador contra las tres educadoras que se encuentra
paralizado por la apertura del proceso judicial contra ellas, que interpuso
la familia de la niña autista el pasado 31 de mayo. Es a esta circunstancia
a la que apela la consejería para justificar que no se hayan impuesto
medidas cautelares contra las docentes, tal y como reclama Rocío y la
Fundación Antonio Guerrero. “No se puede adoptar la suspensión temporal de
las docentes porque actualmente no tenemos mecanismos legales", explican a
este diario desde la Consejería de Educación. “Cuando haya un
pronunciamiento judicial se activará la vía administrativa y las medidas que
permita la normativa”, señalan.
Respecto de la situación de la profesora investigada
por el supuesto maltrato a la niña autista y que se ha reincorporado a la
docencia, desde Educación aseguran que “el inspector de Sevilla está al
tanto de la situación de forma permanente, garantizando que en el aula
siempre esté otra docente” y explican que la baja que cubre es la de un
maestro de Pedagogía Terapéutica y desempeña su trabajo en un aula
ordinaria.
Su abogada ha declinado hacer declaraciones al
respecto. Los padres de la pequeña han pedido que se amplíe la investigación
por un delito de maltrato físico y que se permita que un médico forense
examine a la niña para determinar las posibles secuelas que haya podido
sufrir por el maltrato que sufrió en el centro. A ambas peticiones se ha
negado la juez instructora y la decisión se ha recurrido por parte de la
familia.
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