Es
incontestable que la LOMLOE trae cambios para la
escuela concertada. Eliminar el concepto "demanda
social" como eje sobre el que se vertebra la
programación de plazas educativas; prohibir segregar
al alumnado por sexo y ceder suelo público a los
centros concertados; garantizar un reparto
"equilibrado y transparente" del alumnado por los
centros para evitar guetos; priorizar la creación de
plazas públicas; y garantizar la gratuidad de todo
el sistema son algunos de los principales cambios
que propone la ley –según la redacción actual y las
enmiendas pactadas por el Gobierno– que afectan
directamente a la escuela concertada y que
previsiblemente serán aprobados en el Congreso
porque el Gobierno parece contar con los apoyos
necesarios para ello. El Ejecutivo también le da a
la concertada, aunque esto no va vía LOMLOE sino
Presupuestos, un aumento del 5% en el precio que
paga por módulo concertado.
Para cada uno
queda la interpretación que se haga de estos cambios
y si suponen o no una amenaza para la misma
existencia de este tipo de centros, tal y como
asegura Más plurales. Fuentes parlamentarias
socialistas explican que "no se había modificado
nada respecto a los conciertos desde la LODE (1985)
hasta la LOMCE (2013), que es cuando se invirtió
todo" y que esta nueva ley no supone una vuelta de
tuerca a nada, sino volver a lo que había prelomce.
"El debate no es sobre la titularidad pública o
privada sino sobre la función social que ha de tener
la educación sostenida con fondos públicos, que ha
de regirse por la excelencia, la equidad, la
igualdad y la inclusión, haciendo efectivo el
derecho a una educación de calidad para todos".
Añaden estas
fuentes que "la ley plantea que ambas redes deben
prestar el servicio público" y que "en ningún sitio
se ha dicho jamás que la educación concertada sea
subsidiaria de la pública, ni siquiera en la LOMCE.
Es un invento". El objetivo de la LOMLOE, añaden, es
que todos los centros (públicos y concertados)
"tengan las mismas obligaciones".
El derecho a
la educación ¿pública? y la "demanda social"
Más plurales
protesta porque la LOMLOE "se inventa un derecho a
la educación pública" que, afirman, no existe. "El
único derecho existente es el derecho a la
educación", aseguran. En todo el articulado de la
ley no aparece la expresión "derecho a la educación
pública". Fuentes parlamentarias explican que "la
ley refuerza el carácter de la educación pública
como eje vertebrador del sistema educativo" y que se
pretende "priorizar la creación de plazas públicas,
y eso tiene un sentido: corregir el déficit que se
ha producido por años de recortes y las medidas que
aparecían en la LOMCE sobre demanda social y suelo
público". Los datos dicen que en 2008 había en
España 1.946.678 alumnos en la escuela concertada,
un 26,1% del total. Diez años después, último año
con estadística consolidada, estas cifran eran de
2.102.403 (una subida del 7,9%) y el 25,5% (una
caída del 2,3%), respectivamente.
Es en este
apartado de la ley, sin embargo, donde se concentran
algunos de los cambios que más ampollas están
levantando. El artículo 109 de la LOMLOE, en
concreto, relativo a la programación de la red de
centros, sufre algunas modificaciones. Así, en el
punto 1, donde la LOMCE decía "las Administraciones
educativas armonizarán las exigencias derivadas de
la obligación que tienen los poderes públicos de
garantizar el derecho de todos a la educación y los
derechos individuales..." se explicita que esta
garantía será "mediante una oferta suficiente de
plazas públicas", aspecto que en la Ley Wert no
aparecía.
El punto dos
del citado artículo de la LOMCE contiene la ínclita
expresión acerca de que la "demanda social" se
tomará en consideración a la hora de programar los
centros necesarios si hay necesidad de crear plazas
públicas o concertadas (antes de la ley Wert no se
podían concertar colegios no existentes, era
necesario un proyecto ya en funcionamiento). Esta
expresión, la "demanda social", inexistente antes de
Wert, se traducía en que si en una determinada zona
las familias pedían mayoritariamente matricularse en
un centro concertado, se entendía que había demanda
de este tipo de educación (y al revés). El PSOE
argumenta que se utilizó en algunas administraciones
(siempre con el ojo en Madrid) para favorecer a la
concertada con un mecanismo sencillo: si en un
barrio determinado no hay escuela pública, las
familias se apuntan a la concertada y se crea esta
sensación de que es eso lo que quieren. La
pescadilla que se muerde la cola. "La demanda social
ha servido para propiciar que en determinadas zonas
de nueva población no exista oferta educativa
pública, o esta se encuentre saturada", argumentan
fuentes parlamentarias socialistas.
Para corregir
esta situación, la LOMLOE elimina la expresión de la
ley y se añade un tercer punto al artículo 109: "En
el marco de la programación general de la red de
centros de acuerdo con los principios anteriores,
las Administraciones educativas programarán la
oferta educativa de modo que garanticen la
existencia de plazas públicas suficientes,
especialmente en las zonas de nueva población". El
punto 4 acaba de completar el artículo 109 sobre la
programación de centros: "Las Administraciones
educativas promoverán un incremento progresivo de
puestos escolares en la red de centros de
titularidad pública".
Libertad de
elección y distribución del alumnado equitativa
"No aceptamos
que la LOMLOE permita a las autoridades educativas
imponer la distribución del alumnado basada en la
planificación arbitraria de la Administración por
encima de necesidades reales de escolarización
manifestadas por las familias", explican desde Más
Plurales. "¿No es más igualdad que la familia elija
el centro que crea el mejor para su hijo, en lugar
de hacerlo la Administración?", se preguntan.
Fuentes parlamentarias socialistas replican: "Al
restablecer la programación general de la enseñanza,
aumentará la libertad de las familias que demandan
escuela pública y que no tenían la opción de
elegirla en lugares donde no se invertía en
pública". Cuestión de puntos de vista.
El apartado
sobre admisión en los centros educativos, a partir
del artículo 84 de la ley, es uno de los que más
pretende cambiar el Gobierno y que más critican los
defensores de la educación concertada, que ven
peligrar la "libertad de elección de las familias"
que, afirman, se desprende del artículo 27 de la
Constitución. Este dice, en su apartado 3: "Los
poderes públicos garantizan el derecho que asiste a
los padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones". Y da pie a la patronal de la
concertada a afirmar que "la pluralidad educativa,
la libertad de elección de centro y la formación en
los valores éticos, filosóficos o religiosos
contribuyen a un mejor rendimiento y desarrollo
integral de la persona. La identificación de las
familias con el proyecto educativo elegido favorece
una mayor implicación en la educación de sus hijos,
y las evidencias demuestran que una mayor
implicación familiar está relacionada con un mejor
rendimiento escolar, especialmente de los más
desfavorecidos".
El Gobierno
replica: "La LOMLOE no altera el mecanismo de
elección y preferencia de centro que expresan las
familias. Pero sí refuerza las garantías de una
distribución equilibrada del alumnado mediante la
programación general de la enseñanza, reforzando el
papel de las Comisiones de Escolarización para
garantizar un reparto equilibrado y transparente de
la demanda y la matrícula escolar, evitando sesgos
de selección y exclusión en la creación y asignación
de plazas".
¿Qué dice la
LOMLOE? El punto 1 del artículo 84 mantiene "la
libertad de elección de centro por padres, madres o
tutores legales" como principio rector de la
elección de centro, pero añade como novedad que "se
dispondrán las medidas necesarias para evitar la
segregación del alumnado por motivos socioeconómicos
o de otra naturaleza". También se añade otro punto,
el 7, que primará en la admisión la cercanía del
colegio al domicilio o la renta per cápita,
elementos que también recogía la LOMCE, pero no
priorizaba: "Tendrán preferencia en el área o zona
de escolarización que corresponda al domicilio o al
lugar de trabajo, indistintamente, de alguno de sus
padres, madres o tutores legales aquellos alumnos y
alumnas cuya escolarización en centros públicos o
privados concertados venga motivada por traslado de
la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de
cualquiera de los padres, madres o tutores legales,
una discapacidad sobrevenida de cualquiera de los
miembros de la familia o a un cambio de residencia
derivado de actos de violencia de género", dice la
LOMLOE.
Asimismo, y
esto también es novedad, el artículo 86 establece
que las administraciones tendrán que crear "áreas de
influencia" para los centros, públicos o privados
concertados, que "permitirán garantizar la
aplicación efectiva de los criterios prioritarios de
proximidad al domicilio y cubran en lo posible una
población socialmente heterogénea". Este mismo
artículo añade que las comisiones de garantías de
admisión, que deben intervenir cuando un centro
tenga más demanda de plazas que oferta y que ya
existían, deberán "evitar la segregación del
alumnado por motivos socioeconómicos o de otra
naturaleza, y propondrán a las Administraciones
educativas las medidas que estimen adecuadas.
Particularmente, velarán por la presencia
equilibrada del alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo o que se encuentre en situación
socioeconómica desfavorecida entre los centros
sostenidos con fondos públicos de su ámbito de
actuación".
Una 'amenaza'
que sube la financiación
Aunque esto no
es estrictamente de la LOMLOE porque aparece en el
proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE),
el Gobierno va a subir (más) la financiación de la
escuela concertada. Lo hará en un 5,62% respecto a
2018, en concreto, "un incremento derivado de las
subidas salariales acumuladas", aclaran fuentes
socialistas. No es la única novedad con la
financiación de los módulos de los conciertos.
"La LOMLOE ha
recogido diversas demandas de los centros educativos
concertados y de las administraciones autonómicas
para la determinación de los módulos económicos de
los conciertos a través de la creación de una mesa
en la Conferencia Sectorial", una reivindicación
histórica del sector que nadie ha atendido hasta
ahora. La voluntad está ahí, falta ver que de verdad
se ejecuta.
Ni suelo
público ni segregación en la concertada
Dos de las
novedades más comentadas de la ley, aunque no serán,
en principio, las que más impacto tendrán. La LOMLOE
prohibirá ceder suelo público para la construcción
de centros concertados, una
práctica muy madrileña y que en el mejor de los
casos obviaba la ley, al menos en su momento. No hay
queja de la patronal concertada respecto a esta
disposición, quizá porque no se considera afectada.
Esta medida
relaciona con la ya explicada demanda social y la
programación de la red de centros. "Ha servido para
propiciar que en determinados zonas de nueva
población no exista oferta educativa pública, o esta
se encuentre saturada, mientras se cede suelo
público y se garantizan los conciertos a centros
privados con ánimo de lucro creados por empresas a
las que se toleraba el cobro de cuotas ilegales y en
ocasiones muy altas", aclaran fuentes del PSOE, que
también explicitan que esta práctica atañe sobre
todo a la conocida como "nueva concertada", en la
que han entrado empresas con ánimo de lucro sin
tradición en el mundo pedagógico y de la educación.
"Generó una de las tramas de corrupción del caso
Púnica que investiga la Audiencia Nacional (los
autos judiciales señalan cómo Francisco Granados cobraba
sobornos de 900.000 euros por cada colegio
concertado creado al que se cedía suelo público para
su construcción)", añaden las fuentes.
Tampoco
permitirá la LOMLOE otorgar conciertos a los centros
que segreguen a su alumnado por sexo. La LOMCE
establecía por primera vez en una ley que "no
constituye discriminación la admisión de alumnos y
alumnas o la organización de la enseñanza
diferenciadas por sexos", lo que abrió la puerta a
concertar estos centros. La LOMLOE retira la
expresión e insta a concertar "preferentemente" los
centros mixtos y con proyectos de coeducación,
debiendo justificar los centros que ejecutan la
llamada "educación diferenciada" cómo respetan la
educación en igualdad entre hombres y mujeres.
Gratuidad y
control de las cuotas
Bajo el axioma
de que si están sostenidos con fondos públicos deben
ejercer como escuelas públicas, la LOMLOE introduce
algunos cambios en el artículo 88, sobre las
garantías de gratuidad. Este artículo en la LOMCE de
Wert tenía dos puntos, que aludían a que "en ningún
caso podrán los centros públicos o privados
concertados percibir cantidades de las familias por
recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer
a las familias la obligación de hacer aportaciones a
fundaciones o asociaciones ni establecer servicios
obligatorios, asociados a las enseñanzas, que
requieran aportación económica", para luego excluir
"las actividades extraescolares, las
complementarias, y los servicios escolares, que, en
todo caso, tendrán carácter voluntario".
La LOMLOE
introduce un par de añadidos para reforzar esta
idea, que
no se acaba de cumplir (siendo generosos). "Las
actividades complementarias que se consideren
necesarias para el desarrollo del currículo deberán
programarse y realizarse de forma que no supongan
discriminación por motivos económicos. Las
actividades complementarias que tengan carácter
estable no podrán formar parte del horario escolar
del centro". Con esta medida se pretende poner coto
a ciertas prácticas de algunos centros concertados,
que cobran por estas actividades complementarias
(refuerzos de lectura o idiomas, por ejemplo) y las
incluyen a mitad de jornada escolar, dejando pocas
opciones de rechazarlas a las familias, que se ven
obligadas a pagar.
La modificación
del artículo se completa con una obligación para las
administraciones educativas: deben vigilar que no se
paguen cuotas. "Las Administraciones educativas
supervisarán el cumplimiento por parte de los
centros educativos del presente artículo", se lee.
Religión y
Valores, en la diana
Aunque este
apartado no atañe exclusivamente a la escuela
concertada, las patronales han puesto su foco en las
asignaturas de Religión y la creación (recuperación,
si se quiere) de una asignatura de Educación en
Valores Cívicos y Éticos. "Uno de los objetivos
tradicionales de los Gobierno de izquierda es su
opción por el laicismo activo (...) y lo quieren
aplicar incluso en los centros que no son de su
titularidad", expone el manifiesto de Más plurales
respecto a la Religión, olvidando quién
financia esos centros, sean o no de su titularidad.
El principal cambio que trae la LOMLOE respecto a la
materia es que dejará de contar para la nota media,
elemento que introdujo la LOMCE, y no tendrá
asignatura espejo (alternativa), lo cual promete
crear más de un quebradero de cabeza a las
direcciones de los centros, porque no se puede tener
alumnos sin clase en mitad de la jornada escolar.
Por lo demás, seguirá siendo, como hasta ahora, una
asignatura de oferta obligatoria por parte de los
centros y realización optativa para el alumnado.
La asignatura
de Valores, que se cursará si nada cambia en 3º de
la ESO. Dice el proyecto de LOMLOE: "En esta área se
incluirán contenidos referidos a la Constitución
española, al conocimiento y respeto de los Derechos
Humanos y de la Infancia, a la educación para el
desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la
igualdad entre hombres y mujeres, al
valor del respeto a la diversidad y al valor social
de los impuestos, fomentando el
espíritu crítico y la cultura de paz y no
violencia". Para un conocimiento más detallado de
los contenidos habrá que esperar al desarrollo del
currículo de la asignatura, que llegará en una
segunda fase legislativa. Pero en la concertada ya
saben de qué va a ir la materia: "Otra Educación
para la ciudadanía [la asignatura que creó Zapatero
y que también le costó muchas protestas] no basada
en valores consensuados y compartidos, sino como
instrumento de adoctrinamiento".
PRODENI