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Susana Díaz retirará la subvención a colegios
católicos que segregan por sexos
La presidenta andaluza se compromete con Podemos e IU
a que “si hay que elegir entre un aula pública y una concertada, siempre
prevalecerá la pública”. Pero su Gobierno prevé suprimir unidades escolares,
y no aclara cuántas plazas desaparecerán en ambos casos.
Susana Díaz en una foto de
archivo / EFE
Daniel Cela/Madrid 16.02.2017
Los líderes andaluces de
Podemos e iU, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, han apretado este jueves a la
presidenta de la Junta, Susana Díaz, para que se retrate claramente a favor de
la escuela pública. Durante la sesión de control en el Parlamento, tanto
Rodríguez como Maíllo han sacado el espinoso tema de la renovación
de conciertos en los 589 colegios semiprivados de
Andalucía. En menos de dos semanas, el Gobierno andaluz debe decidir si renueva
todos los conciertos o si sacrifica algunos, para preservar las aulas en la
escuela pública.
Ha sido el
descenso de la natalidad y la caída en el número de matriculaciones en
Infantil la que ha puesto al Ejecutivo en un brete: al haber menos
alumnos, la Junta entiende que debe cerrar
las unidades escolares que no
no vayan a llenarse con 25 estudiantes (el tope legal de la ratio), y aquí
está el dilema: ¿cerramos aulas en la pública o en la concertada? Maíllo ha
acusado a la presidenta de haber “pactado con los obispos” la supresión de
unidades en la pública para no afectar a la concertada. Y Rodríguez ha
aventurado que los maestros de la pública levantarán “otro tusunami de
protestas”, similar al de la sanidad. Tanto la marea verde, que ha convocado
movilizaciones en los próximos días en defensa de la pública, como la
patronal de escuelas religiosas, que también ha previsto movilizarse en
defensa de los conciertos, tenían fijos los ojos en la respuesta de la
presidenta andaluza. Y Susana Díaz ha sido tajante: “Si tenemos que elegir
entre una unidad pública y una concertada, siempre prevalecerá la pública”.
El desequilibrio entre la
oferta de plazas se concentra en las grandes ciudades
La
presidenta se ha alineado con las reivindicaciones de Podemos e IU, a los
que ha acusado de fomentar un falso debate, porque la escuela concertada
sólo está instalada en 113 municipios de los 777 que hay en Andalucía. En
efecto, el desequilibrio entre la oferta de plazas semiprivadas y públicas
es un fenómeno que se concentra en las grandes ciudades. Díaz ha sido clara
en su apuesta por la pública, sin embargo, no ha aclarado con datos cómo se
resolverá el dilema: su Gobierno tiene previsto eliminar aulas (unidades)
por una caída en la demanda de plazas, pero aún no ha informado de cuántas
desaparecerán en los colegios públicos y cuántos en los concertados.
Según la
presidenta, allí donde “sobren” plazas, caerán antes las concertadas que las
públicas. Aunque su departamento de Educación matiza que habrá recortes de
unidades tanto en unos como en otros. En lo que sí ha sido nítida la
presidenta andaluza es en fulminar
las subvenciones a los colegios católicos con
un modelo de educación diferenciada, es decir, aquellos que segregan a su
alumnado por sexos: o son exclusivos de niños o de niñas. “En ningún
concepto vamos a renovar conciertos en colegios que segregan por sexos”, ha
anunciado.
En Andalucía
aún existen 12 escuelas católicas subvencionadas con fondos públicos que
segregan al alumnado por sexos. El Gobierno autonómico lleva años batallando
con ellas, tratando de retirarle los conciertos, pero siempre ha tropezado
con la ley. Estos centros, amparados por la patronal concertada, han logrado
retener las ayudas públicas por vía judicial, acudiendo incluso al Tribunal
Supremo. Esta es la enésima vez que la Junta intenta retirar las ayudas a un
modelo educativo que no comparte, porque“discrimina
al alumnado por razón de sexo”. Sin embargo, la actual ley educativa del
PP (Lomce) no sólo blinda este modelo, además obliga a las administraciones
a conceder los conciertos en función de la “demanda social”, es decir, si
las escuelas o las familias lo piden. Algunos de los colegios andaluces que
segregan por sexos tienen medidas cautelares que protegerán sus
subvenciones, según la consejería.
Las
manifestaciones y protestas en las calles han desbordado al Gobierno de Díaz
Las
manifestaciones y protestas de miles de ciudadanos en las calles han
desbordado al Gobierno de Susana Díaz que, sin embargo, ha sabido capear
bien la crisis sanitaria en el plano político. Principalmente, porque la
presidenta de Andalucía nunca concedió legitimidad ni autoridad moral al
principal partido de la oposición (PP) para defender la sanidad pública. “A
usted la sanidad pública le importa un pimiento”, le espetó Díaz al
presidente popular, Juan Manuel Moreno, en la última sesión de control. De
paso, la presidenta afeó a los partidos de la izquierda, Podemos e IU, que
fueran de la mano del PP en sus protestas, ayudando así a “blanquear” los
intereses “ocultos” de la derecha, a saber: privatizar centros
hospitalarios.
Este
atrincheramiento político es más complicado de entender en el nuevo frente
que se le ha abierto a Susana Díaz a cuenta de la educación pública, porque
quienes han llevado el asunto a la sesión de control de este jueves en el
Parlamento han sido los dos partidos a la izquierda del PSOE: Podemos e IU.
A la presidenta andaluza le ha costado más negarle a estos dos grupos la
legitimidad de la defensa
de la escuela pública, porque siempre ha formado parte de su identidad
política. Pero además, porque por casualidad sus interlocutores, la líder de
Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y el de IU, Antonio Maíllo, son
profesores de institutos públicos en excedencia.
Ambos
conocen bien el campo de batalla en el que este jueves han peleado con la
presidenta, y ambos han registrado conjuntamente una proposición de ley que
pide fijar un suelo mínimo de gasto para educación del 5% del Presupuesto
Autonómico, que aún no se ha votado, pero que Díaz rechaza. La izquierda
parlamentaria se ha echado a pelear, todos en defensa de la escuela pública,
a dos semanas de que se inicie el proceso de matriculación en Andalucía. Y
el tema de fondo es que lapoblación
infantil ha disminuido, entrarán menos alumnos y según la Consejería de
Educación es necesario cerrar las aulas sobrantes. Y aquí Podemos e IU le
han espetado dos preguntas clave a Díaz: ¿Por qué es imperativo cerrar
unidades escolares? ¿Por qué no se aprovecha para bajar la ratio, para que
en vez de 25 niños por clase, haya 12? Y segundo, si hay que cerrar aulas,
¿dónde se cerrarán: en la escuela pública o en la privada concertada?
El Gobierno andaluz sufre ahora la presión social y política desde dos
flancos: la izquierda, que defiende el blindaje
de la escuela pública, y la derecha, que apuesta por la renovación de
las subvenciones a los casi 600 colegios privados concertados de Andalucía.
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