https://elpais.com/internacional/2019/06/02/actualidad/1559497654_560556.html
Abogados internacionales piden a La Haya que
investigue a la UE por crímenes contra la humanidad por su política
migratoria
Los juristas sostienen que los Estados miembros son
responsables de los crímenes cometidos en Libia y en el Mediterráneo
Migrantes se agarran a unos flotadores antes de ser rescatados en el
Mediterráneo en enero de 2018. picture alliance Getty
La política migratoria de la Unión Europea, al
banquillo. Ese es el objetivo del escrito que un grupo de abogados
internacionales tiene previsto depositar este lunes ante la Corte Penal
Internacional (CPI) de La Haya, y en el que aseguran presentar “pruebas que
implican a la UE y a funcionarios y representantes de los Estados Miembros
en la comisión de crímenes contra la humanidad” al dejar supuestamente en
manos de Libia la reducción del flujo migratorio. La denuncia se basa en
buena medida en declaraciones públicas de los propios agentes y funcionarios
de la UE, así como documentos internos de organismos comunitarios, que los
juristas aseguran que demuestran la responsabilidad criminal europea “como
parte de una política premeditada para contener los flujos migratorios
procedentes de África a través de la ruta central del Mediterráneo desde
2014 hasta hoy”.
A lo largo de 242 páginas, dirigidas a la Fiscalía de
la Corte con sede en La Haya y a las que ha tenido acceso este diario y
otros europeos, denuncian que la UE y los representantes de los Estados
miembros “no cometieron personalmente los delitos. Sin embargo, conocían la
naturaleza ilegal y criminal de los actos y omisiones que pueden constituir
crímenes bajo la jurisdicción de la CPI, y del Estatuto de Roma [su texto
fundacional]. Los concibieron, organizaron y favorecieron su aplicación”. Lo
hicieron, según sostienen, “con conocimiento pleno y en tiempo real de sus
consecuencias letales”. Los abogados calculan que entre enero de 2014 y
julio de 2017, al menos 14.500 migrantes se ahogaron en el Mediterráneo.
Entre 2016 y 2018, más de 40.000 personas fueron interceptadas y
transferidas a la
fuerza a centros de detención y de tortura en Libia.
Preguntada por el marco legal de las operaciones, la
Comisión Europea asegura a través de una portavoz: "Todas nuestras acciones
se basan en la ley europea e internacional”. "Nuestra prioridad siempre ha
sido y seguirá siendo proteger vidas y garantizar un tratamiento digno y
humano para las personas en las rutas migratorias”. Desde Bruselas aseguran
también que el diálogo con las autoridades libias se centra “en el respeto a
los derechos humanos para migrantes y refugiados”, así como en la defensa de
alternativas a la detención “para poner fin a al detención sistemática y
arbitraria de migrantes y refugiados en Libia”.
Aclaran que las operaciones europeas de búsqueda y
rescate no pueden acceder a aguas libias y que operan en aguas
internacionales. “Sobre esta base trabajamos con los guardacostas libios,
para incrementar su capacidad de operar en aguas territoriales libias, donde
se produce la mayor parte de las muertes”, añade la portavoz, que clarifica
que la formación europea a Libia (a través de la denominada operación
Sophia, de carácter militar) se centra en búsqueda y rescate, pero también
en el respeto de los derechos humanos.
Para que la denuncia prospere, la fiscalía debe
decidir si efectúa un examen preliminar, pero su contenido pone a prueba la
independencia de la CPI frente a la Unión Europea, una de sus principales
valedoras.
El escrito destaca la cooperación europea con las
autoridades libias, que impiden la salida de migrantes de sus costas rumbo a
Europa. Los abogados sostienen que a pesar de los crímenes en los centros de
detención libios ya investigados en una causa por la Fiscalía del CPI, “la
UE continuó su cooperación de forma persistente y eficiente con el consorcio
de milicias para contener el flujo migratorio procedente de Libia”. “Sin la
implicación de la UE y sus Estados miembros, los guardacostas libios no
hubieran tenido la capacidad de interceptar migrantes que trataban de huir
de Libia y de detenerlos en los campos”, sostiene la denuncia. Y “los
crímenes contra la población afectada nunca hubieran ocurrido”. Las
poblaciones afectadas, añaden, son civiles vulnerables, muchos de ellos
niños y mujeres que huían de persecuciones, conflictos armados, tráfico de
personas, abusos y malos tratos y que durante el viaje han sido victimas de
crímenes.
En su artículo 7, el Estatuto de Roma, texto
fundacional de la CPI, considera crímenes contra la humanidad “los cometidos
como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población
civil y con conocimiento de dicho ataque”. Entre ellos, figura “el
asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura, violación,
persecución y otros actos inhumanos de carácter similar que causen
intencionalmente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física
o la salud mental o física”.
“La política migratoria comunitaria está centrada en
el uso de intermediarios en países en tránsito: Turquía, que evita que los
migrantes lleguen a Grecia, o bien Libia, que los contiene para que no
crucen el Mediterráneo. La responsabilidad moral y política por lo que
ocurre en los campos de reclusión libios parece evidente. Hay datos que
confirman que allí hay abusos. La responsabilidad jurídica es más difícil de
establecer. Los Estados miembros de la UE prestan apoyo y fondos para no
tener que tocar o transportar en barcos europeos a nadie. Entonces sí
estarían obligados a ocuparse de ellos y no devolverlos”, dice Philippe de
Bruycker, experto en inmigración, asilo y libre movimiento de ciudadanos
europeos, de la Universidad Libre de Bruselas.
En cuanto a la interceptación de embarcaciones en el mar por parte de
guardacostas libios, los abogados aseguran que “la participación activa de
unidades militares de la UE proporciona información clave como la
localización de los barcos en peligro o da órdenes a los guardacostas libios
en conexión con la interceptación y la devolución de los barcos, y
proporciona apoyo material a las fuerzas libias”. Denuncian la “naturaleza
violenta” de los abordajes, así como “maniatar, pegar y apuntar a punta de
pistola, así como retirar los motores de los barcos y confiscar la propiedad
de los migrantes a bordo”.
Bruselas ha tenido conocimiento de los crímenes
cometidos en los centros de detención libios y ofrece apoyo económico y
logístico a las dos organizaciones que tienen cierto acceso y capacidad para
promover una mejora de las condiciones: Acnur y la Organización
Internacional para las Migraciones. En la práctica, estas dos agencias de la
ONU solo pueden entrar en algunos de los centros de internamiento, por lo
que los abusos que se den en los otros -y que han sido documentados con
imágenes- quedan impunes. El dinero europeo se emplea fundamentalmente para
fomentar los retornos voluntarios de esos migrantes a sus lugares de origen.
En el escrito, los abogados no identifican a
potenciales responsables con nombre y apellido, porque interpretan que
corresponde a la Corte en el marco de su investigación existente sobre los
crímenes en Libia o de otra que abra hacerlo. Argumentan que la UE, a través
de sus instituciones y en particular Frontex (la agencia europea de
fronteras) diseñó y aplicó su política migratoria por encargo de los países
miembros y consideran que la responsabilidad se extiende, por tanto, a los
altos funcionarios y políticos implicados en la toma de decisiones de la
organización: “Utilizaron sus capacidades legislativas, administrativas y
militares para crear las condiciones para la implementación de las políticas
y la comisión de los crímenes”.
Libia no es miembro de la Corte Penal, pero la fiscal
jefe, Fatou Bensouda, investiga desde hace ocho años la situación en el país
a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU. En 2017, ella indicó ante
la propia organización que Libia “corre el riesgo de caer de nuevo en un
conflicto que agravará el clima de impunidad", y que su oficina "sigue
recogiendo información sobre graves y cuantiosos crímenes supuestamente
cometidos contra migrantes intentando cruzar el país". "Asesinatos,
violaciones y torturas son presuntamente habituales. Informes fiables
indican que Libia se ha convertido en un mercado de tráfico de seres
humanos. La situación es terrible e inaceptable. Tenemos que actuar”, dijo.
En funciones desde 2002, la CPI es la única instancia permanente para juzgar
el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad.
“Las evidencias están ahí y además, ya hay una
investigación de la Corte en marcha. Es un caso de libro en el que la fiscal
solo tiene que determinar el grado de responsabilidad. El problema es que
políticamente, la UE es la última frontera de la CPI”, sostiene, sin
embargo, Omer Shatz, docente de derecho internacional de la universidad
Science Po de París y uno de los autores de la denuncia, en la que han
trabajado durante dos años. Shatz es miembro de la organización de juristas
Global Legal Action Network con sede en Londres y ha
llevado casos a la Corte de Estrasburgo contra Grecia por la
“criminalización” de ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo. Firma
también la comunicación el abogado francés Juan Branco, que trabajó en la
CPI y defendió al cofundador de Wikileaks, Julian Assange.
Adriaan Schout, experto en la Unión Europea del
Instituto holandés Clingendael de Relaciones Internacionales duda de la
viabilidad jurídica de la denuncia. “La UE presta ayuda a Libia para aliviar
la vigilancia y control de sus fronteras, pero no me parece que pueda ser
denunciada penalmente por ello como institución. La protección fronteriza
propia depende de cada Estado miembro, que tiene derecho a ello. Otra cosa
es que una vez el migrante entra en un país comunitario, sus autoridades
deban aplicar los acuerdos internacionales sobre asistencia y protección. Si
no lo hacen, entonces ahí podrían ser objeto de denuncia”.
Cuando el conflicto es en aguas europeas, los
Estados sí
tienen la obligación de atender a quienes necesitan auxilio. Cuando los
Estados se han negado inicialmente a abrir sus puertos a los barcos con
migrantes rescatados (Italia y Malta lo han hecho en el último año), la
Comisión Europea ha propiciado mecanismos que permitieran los desembarcos en
un país comunitario. Finalmente se logró una solución ad hoc para
los casos conflictivos, pero sin sancionar las negativas previas. Fuera de
las aguas territoriales, es también evidente la obligación legal en
situación de naufragio o en las llamadas de búsqueda y rescate, según
establecen los convenios internacionales. No así, en aguas territoriales
libias, como recuerda Camino Mortera-Martínez, experta legal del Center for
European Reform. “Lo que intenta la UE es que no lleguen a aguas
internacionales porque ahí estarían obligados a la búsqueda y rescate. En
las aguas libias es Libia quien tiene la responsabilidad”.
Mortera-Martínez explica que la UE no puede devolver
a personas a países que no son seguros, porque estaría violando el derecho
de asilo y de no devolución. “Pero si en lugar de enviar a la gente a Libia,
es la guardia libia la que hace ese trabajo por ti, tú no estás
participando. La UE quiere cumplir su objetivo de que las llegadas sean las
menores posibles y a la vez externalizar el proceso para evitar problemas
legales”. Preguntada en general por un posible proceso contra la UE,
Mortera-Martínez explica que “la UE no tiene competencias exclusivas como
entidad en temas migratorios, son los Estados miembros”. Esto podría
cambiar, advierte, con los nuevos efectivos europeos de Frontex. “En
general, no le auguro mucho éxito a este tipo de acciones en los
tribunales”, añade.
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