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El abogado que quiere sentar a la UE en la Corte
Penal Internacional: "Hablan de 'tragedia' en el Mediterráneo, pero es una
tragedia provocada"
Juan Branco ha pedido a la Fiscalía del tribunal
internacional que investigue a funcionarios y autoridades de la UE por las
miles de muertes en el Mediterráneo
"Ha sido un ataque sistemático contra una población
civil, dispuestos a utilizar todo tipo de métodos para evitar estas
travesías", sostiene
"Hay tres niveles de responsabilidad: los
responsables políticos, los administrativos y quienes ejecutan esa voluntad
política", apunta el abogado
Icíar Gutiérrez
09/06/2019
El abogado Juan Branco. imagen cedida
Juan Branco (Estepona, 1989) está convencido de lo
que acaba de hacer. Es uno de los abogados que firma el escrito dirigido a
la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para pedirle que
investigue a funcionarios y autoridades de la Unión Europea y los Estados
miembros por la muerte de miles de personas migrantes en el Mediterráneo
en los últimos años, así como los abusos que sufren en Libia.
"Las muertes se han causado de manera consciente y
voluntaria", afirma tajante el letrado francoespañol desde su despacho en
París en una entrevista con eldiario.es. "Ha sido un ataque sistemático
contra una población civil", agrega. Está parafraseando, casi palabra por
palabra, lo que el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, entiende
por crímenes contra la humanidad. Junto al genocidio, los crímenes de guerra
y de agresión, es una de las violaciones más graves del derecho
internacional que pueden ser juzgadas por este tribunal internacional con
sede en La Haya, que interviene cuando los países no pueden o no están
dispuestos a investigarlas y perseguirlas.
Su denuncia ha sido difundida por medios de
comunicación de toda Europa y ha sido aplaudida por organizaciones que
defienden los derechos de los migrantes, pero también hay
quien duda de que pueda llegar a prosperar, como Javier de
Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y senador del PSOE, quien ha
asegurado en Twitter que "pese a las evidencias morales y políticas",existen
"considerables dificultades técnico-jurídicas" a la hora de que la
solicitud tenga recorrido.
Branco, que estuvo trabajando durante un año en la
Fiscalía del tribunal internacional, defiende que la demanda es "muy viable
y muy difícil de rechazar". "La cuestión es si la Corte tendrá el coraje y
la fuerza de enfrentarse a su principal apoyo a nivel internacional y
político", esgrime el jurista, encargado también de la defensa del fundador
de Wikileaks, Julian Assange. La Corte ya examina la situación en Libia
desde que el Consejo de Seguridad de la ONU le encargara la investigación de
los crímenes de guerra tras la caída de Muamar el Gadafi en 2011.
Tras la presentación del escrito el pasado lunes, la
portavoz comunitaria Natasha Bertaud defendió que la UE "tiene
una trayectoria en salvamento de vidas en el Mediterráneo que habla por si
sola" y subrayó que "no es la política europea la que causa estas
tragedias", sino los traficantes que "explotan la miseria humana". Bertaud
insistió en que el presidente Jean-Claude Juncker, ha dicho que poner fin a
la operación de salvamento en Italia Mare Nostrum en 2014, algo que los
abogados identifican como momento clave, "era un gran error". "En lugar de
culpar, hay que trabajar juntos", zanjó.
Han estado dos años
trabajando en el escrito que presentaron en La Haya el pasado lunes. ¿Por
qué decidieron emprender el proceso?
La organización Forensic Architecture contactó con
nosotros. Había hecho un análisis de lo que entonces todavía se llamaba
"drama" en las costas libias y que mostraba cómo justamente actores de la
Unión Europea habían dejado gente morir en lo que parecía una intervención
muy extraña de los guardacostas libios. Nos preguntaron qué nos parecía
desde un punto de vista jurídico. Empezamos a hacer trabajo de análisis y
nos dimos cuenta de que es una política sistemática de la Unión Europea que
podría ser juzgada.
¿Por qué considera
importante que esa política llegue a la Corte Penal Internacional?
Es esencial porque hoy en día, políticamente, tiene
ventajas emprender este tipo de acciones porque te permite resolver una
cuestión que aparece como problemática en el espacio público, como las
migraciones, sin pagar ningún coste. El problema es que la manera en la que
la resuelven hoy en día los políticos y los dirigentes de la Unión Europea
es a través de, simplemente, muertes.
Entonces, no les cuesta nada favorecer esas muertes
porque no hay ningún tipo de imputación. Pero por eso se crearon
herramientas como la Corte Penal Internacional, para evitar, precisamente,
que políticos abusen de sus funciones y utilicen la violencia o cualquier
método para obtener beneficios políticos. Cuando introducimos un riesgo para
los políticos, por ejemplo de prisión, como es el caso de la CPI,
evidentemente empiezan a integrar ese elemento en sus cálculos. Y piensan
que tal vez no vale la pena poner en marcha políticas criminales que han
conllevado la muerte de 14.000 personas, en este caso. Tal vez, lo que no se
tomaban lo suficientemente en serio hasta ahora, como las denuncias de las
ONG, quizás lo tengan más en cuenta.
Pero no es la
primera vez que la situación del Mediterráneo llega a los tribunales. Hay
casos que han acabado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
¿Cuál sería la diferencia ahora?
Una decisión de Estrasburgo no acarrea consecuencias
penales, en particular para los políticos. Entonces, evidentemente, pueden
correr el riesgo, pueden jugar con ciertas políticas para ser reelegidos y
pueden permitirse una condena de Estrasburgo. Pueden salirse con la suya.
Ahora, si se enfrentan a un procedimiento penal, es mucho más difícil
escaparse porque afecta a su vida individual, al igual que ellos juegan con
las vidas de los migrantes. La diferencia es fundamental a nivel de
culpabilidad, no es del Estado, sino del individuo.
¿Creen que es
jurídicamente posible que la Corte Penal Internacional entre a juzgar a
dirigentes de la UE por su política migratoria?
Demostramos que han llevado a cabo un ataque
sistemático contra una población civil, las personas que intentaban cruzar
el Mediterráneo, y que estaban dispuestos a utilizar todo tipo de métodos
para evitar estas travesías, inclusive aliarse con mercenarios en Libia que
han hecho el trabajo en su nombre. Ellos los han financiado y los han
apoyado operacionalmente.
Han puesto en marcha una política extremadamente
represiva sin que esto acarree ninguna responsabilidad jurídica porque
oficialmente no eran ellos, sino los libios, lo que lo hacían. Nosotros
desenmascaramos ese sistema y demostramos que la verdadera responsable de
los crímenes masivos que tienen lugar en Libia –que el propio Macron ha
calificado de crímenes contra la humanidad– es la UE.
¿Qué papel jugaría
entonces Libia, un Estado que no forma parte de la CPI ni se ha adherido al
Estatuto de Roma?
Es un papel de ejecutante. La fiscal de la Corte
Penal Internacional ya está investigando en Libia los crímenes cometidos
contra migrantes, pero precisamente lo que nosotros queremos es que no se
contente con los ejecutantes de las políticas, sino que vaya a buscar a
quienes las han elaborado.
Libia no tiene ningún interés propio en estas
políticas migratorias, las tiene porque han negociado con la Unión Europea
toda una serie de acuerdos que le permite obtener ventajas diversas. Ese
sistema existe desde la época de Gadafi. El problema es que con la caída de
Gadafi el sistema se rompió, empezaron a llegar migrantes por decenas de
miles y la sociedad europea estaba enfrentando una gran crisis económica.
Frente a eso, la Unión Europea reacciona con cierto
pánico, intentando adoptar varias políticas sucesivas. Primero empezó por
dejar a la gente morir, para disuadirla de cruzar. No funcionó porque los
migrantes tenían más miedo de Libia que de morir ahogados. Además, las ONG
los estaban rescatando, por lo que comenzó a criminalizarlas y a crear un
segundo sistema, que fue de externalización de la gestión de las cuestiones
migratorias a Libia. El problema es que la ha llevado a cabo con
organizaciones criminales que cometen crímenes gravísimos de los que la UE
se ha vuelto de facto corresponsable.
Barca en peligro ignorada durante 14 horas por
Libia, Italia y barcos mercantes a pesar de estar localizada. Sea-Watch
Piden que se procese
a funcionarios y autoridades europeos. ¿A quiénes apuntan?
Hay tres niveles de responsabilidad. Primero, los
responsables políticos, que fijan sus objetivos políticos. Segundo,
responsables administrativos dentro de la Comisión Europea y las direcciones
generales, que han elaborado los planes para ejecutar esa voluntad política.
Luego están quienes ejecutan esa voluntad política, Frontex y otros, o del
lado de Libia, evidentemente, los criminales que se asociaron con la Unión
Europea.
En cada etapa, hay que determinar quién es el mayor
responsable. ¿Será en el primer nivel Merkel, Macron o antes de él Hollande?
¿Serán más bien los ministros italianos como Alfano? Depende mucho de lo que
la investigación demostrara y de la capacidad de establecer quién, detrás de
las apariencias, era el que pesaba más para llevar a cabo estas políticas.
Evidentemente, el comisario griego de migración actual [Dimitris
Avramopoulos] tiene una responsabilidad muy importante, de la misma manera
que la comisaria europea de comercio Cecilia Malmström. Pero antes de
establecer con precisión quién debería ser juzgado, se necesita una
investigación, y pedimos que sea en estas tres dimensiones.
Acusan a la UE de
crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles serían, a su juicio, estos delitos?
Hay dos periodos. El primer período es la transición
del programa Mare Nostrum a Triton, en el cual se comete asesinato
directo, dejando morir por omisión -lo calificamos así-, a miles de
personas a las que podían salvar y rechazaron hacerlo. La segunda parte son
estos crímenes cometidos por Libia por aliados de la Unión Europea en los
campos de detención. Los miembros de la UE se volvieron cómplices o
coperpetradores. En ellos, como han denunciado muchos documentos de ONG, de
la UE o de la ONU, hay tortura, asesinatos, violaciones sistemáticas,
detenciones arbitrarias y muchos crímenes más.
¿Por qué consideran
que el paso de la operación liderada por Italia Mare Nostrum, que salvó
miles de vidas, a Tritón fue clave y es una de las pruebas que aportan para
acusar a la UE?
Demostramos cómo los dirigentes de la Unión Europea
eran perfectamente conscientes, antes de hacerlo, de que iba a provocar un
auge inmenso de las muertes en el Mediterráneo. Lo decidieron de manera
consciente porque consideraban que era prioritario poner fin a estos
tránsitos migratorios aunque esto provocara miles de muertos. Lo hicieron
justamente para adaptarse a una decisión del Tribunal de Estrasburgo, el
caso 'Hirsi', que prohibía volver a llevar a territorios que no eran
seguros a las personas rescatadas. Entonces, a partir de ahí, la Unión
Europea decidió dejarlos en alta mar para no tener que acogerlos en sus
países.
Esa fue la primera razón. La segunda fue simplemente
disuadir a estas personas, pero no se puede usar la muerte para ello. Es el
límite que marca el Derecho internacional penal. Se pueden llevar a cabo
políticas migratorias más restrictivas o más abiertas según los intereses
políticos de cada sociedad, pero un límite es el hecho de causar de manera
consciente y voluntaria la muerte de miles de personas. Sea cual sea la
opinión sobre las cuestiones migratorias, es un acto criminal no en el
sentido moral, sino de la ley.
En el escrito
repiten la misma idea, que tenían "conocimiento pleno" de las consecuencias
de sus políticas. ¿En qué se basan para hacer esta afirmación?
Nos apoyamos en documentos internos, inclusive de
Frontex, que demuestran que los dirigentes europeos conocen la situación.
Cuando ellos hablan de tragedia, la realidad es que fue una tragedia
provocada.
Sin embargo, hay
quien ha cuestionado la viabilidad jurídica y el recorrido que puede tener
su denuncia ante la Corte Penal Internacional.
A nivel jurídico, no hay duda de que nuestra demanda
es muy viable y muy difícil de rechazar. Hemos puesto mucho esfuerzo en que
sea así, por eso hemos tardado tanto en hacerla pública. La cuestión es si
la Corte tendrá el coraje y la fuerza de enfrentarse a su principal apoyo a
nivel internacional y político. Pero esa es una cuestión que no nos incumbe
ni es de nuestro interés. Nosotros consideramos que debe hacerse justicia
cuando hay casos tan graves. La Corte ha juzgado pocos casos y ha llegado en
uno de ellos a condenar a un individuo por la muerte de 30 personas [Germain
Katanga]. Aquí estamos hablando de 14.000 muertes. Es uno de los casos, de
lejos, más graves que la CPI tendría que tratar. No podemos anticiparnos
pensando que por razones políticas no abriría una investigación.
Es una investigación muy fácil de llevar a cabo. Hay
un acuerdo de cooperación entre la UE y la Corte que la autoriza a
investigarla como quiera. Sería suficiente con que los funcionarios de la
Corte fueran a las oficinas ministeriales y de la Comisión Europea de París,
Bruselas, Roma y Berlín para investigar cuáles fueron las cadenas de
responsabilidad que se establecieron. No es ir a investigar en un terreno de
guerra, por lo que no hay razón para no hacerlo.
Es decir, se muestra
confiado en que la demanda puede seguir adelante.
Si la Unión Europea considera que es inocente, no
debería oponerse a la investigación, que ya está abierta, para demostrar su
inocencia. Me parece cada día más viable. La Comisión Europea ya ha
reaccionado a través de su portavoz admitiendo los hechos que denunciamos:
admitió que la UE cometió "un error" en su política migratoria que ha
causado miles de muertos.
La única diferencia entre ellos y nosotros es que
nosotros intentamos demostrar, y creo que demostramos, que no fue un error,
sino que fue intencionado. Si tienes una crisis con miles de muertos y una
institución que reconoce su implicación en esa crisis, lo mínimo es
investigar y asegurarse de que no fue voluntaria. ¿De qué sirve la Corte
Penal Internacional si no es para hacer este trabajo?
¿Cuál sería el
siguiente paso que tendría que dar la Fiscalía? ¿Abrir un examen preliminar?
Pedimos que abra una investigación rápida y vaya a
las capitales que he mencionado a interrogar a las personas que han
participado en esta política. A partir de ahí, que decida muy rápido si hay
que acusar a alguien y a quién de la muerte de estas personas. El examen
preliminar tienen que hacerlo sobre nuestro escrito.
Pero a nuestro juicio deberían abrir la investigación
inmediatamente. Una vez se establezca que se han cometido actos criminales,
hay que ir a buscar a quien los ha cometido. Pero la práctica criminal ya
está establecida, ese trabajo ya lo hemos hecho nosotros en nuestra
investigación. Desde un punto de vista jurídico debería tardar un par de
meses, si tarda más será por razones políticas, en nuestra opinión. Aunque
la Fiscalía puede abrir una investigación bajo secreto y no darnos noticias.
En el escenario de
que la Fiscalía investigue y pida llevar a determinadas autoridades a juicio
en la Corte, ¿qué puede pasar?
La única cuestión por resolver es si estas políticas
se decidieron a nivel de jefes de Estado y si Merkel o Macron u Hollande
estuvieron implicados. Lo que es seguro es que Merkel fue prevenida de la
comisión de crímenes contra la humanidad en Libia, como citamos en el
escrito. Tres días antes de que se firmara un acuerdo con el Gobierno libio
para extender la cooperación sobre cuestión migratoria recibió un telegrama
de un diplomático alemán en el que decía que los campos de detención de
Libia tenían condiciones de vida similares a las de campos de concentración.
Para Merkel será muy difícil negar que sabía lo que pasaba en Libia. Al
firmar esos acuerdos de cooperación, se volvía, por lo menos, cómplice de
estos actos.
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