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HISTORIAS DE CORDOBA

El fracaso de la integración del pueblo rumano gitano

Decenas de familias viven en los tres asentamientos que hay en los alrededores de la ciudad donde además, duermen cada noche unos cincuenta niños. La historia de Irina muestra que las ayudas para cambiar esto aún son pocas

Laura Pérez
l.perez@lacalledecordoba.com

16/04/2014

De nada le ha servido a Irina y su familia que con el mes de diciembre haya expirado la moratoria laboral que pesaba sobre los casi 9.000 rumanos y búlgaros que residen en Córdoba. Un freno a la completa entrada de sus países en la Unión Europea y que les impedía trabajar por cuenta ajena en España aunque sí estar aquí. Esta joven de 25 años de edad es madre de cinco niños de entre once meses y siete años, dará a luz a su sexto hijo a finales de abril y junto a su marido, son una de las tantas familias de rumanos gitanos que viven repartidos en los tres asentamientos que se encuentran en los alrededores de la ciudad y en los que cada noche duermen más de cincuenta niños pequeños.

Lo cierto es que muy pocas cosas han logrado que Irina consiga cambiar el contexto en el que están creciendo y educándose sus hijos. Desde que llegó a Córdoba, hace ya cinco años, no ha podido evitar que los niños vivan en una casa abandonada o en una tienda de campaña, no conozcan ni la luz ni el agua corriente o que la única forma de la que disponen para combatir el frío sea una estufa enganchada a un transformador. De hecho, su familia, junto a seis miembros más, llevan varios meses viviendo en una casa abandonada junto al asentamiento de gitanos rumanos que está cerca del Hospital Universitario Reina Sofía.

La mirada de Irina refleja vergüenza e indignación al mismo tiempo cuando habla de que la comida diaria de sus hijos depende del dinero que consiga aparcando coches junto a Cruz Roja. De hecho, agacha la cabeza y muestra ochenta céntimos en su mano, cuando tiene que admitir que algunos días apenas consigue ganar varios euros y ni tan siquiera los más pequeños pueden tomar leche.

La indignación le llega cuando denuncia que no tiene ayuda de nadie, que ninguno de los servicios municipales ha hecho posible que su familia se integre en la sociedad con la que conviven ahora y que por eso, siguen viviendo excluidos y sufriendo necesidades tan básicas como tener un techo para resguardarse del frío o poder comera diario. “Muy pocas personas me han ayudado con mis hijos, hay muchos a quien le da pena y nos dan comida, ropa y mantas pero la mayoría ha hecho muy poco por nosotros”, insiste Irina.

Un cambio frustrado

Sin embargo, la familia de esta mujer ha sido una de las pocas afortunadas que han podido beneficiarse de las medidas municipales para dar soluciones al colectivo rumano gitano. Durante algunos días pudieron alojarse en un hostal de la ciudad y entraron a formar parte de una de las casas de acogida que gestiona la Fundación Secretariado Gitano y apoya el Ayuntamiento. A cambio, Irina y su familia se comprometieron a escolarizar a sus hijos, a no mendigar y a aceptar las posibles ofertas de empleo o formación que les ofrecieran.

Aquella oportunidad que tuvieron de salir de la calle y encontrar la forma de salir adelante fracasó. Irina asegura que los echaron del piso de acogida porque no les gustaba la comida y querían cocinar ellos mismos. Como resultado, hoy viven en un asentamiento, sus hijos no van al colegio porque según asegura ella misma, no pueden ir sucios, hace demasiado frío y tiene que llevarlos andando a todos desde las afueras de la ciudad. “No estábamos bien en el piso, queremos un lugar donde poder vivir pero allí no podíamos estar. No puedo sacar a la más pequeña a las siete de la mañana y si no me ayudan no irán al colegio”, asegura.

Detenidos de la noche a la mañana

Las dificultades para Irina y su familia han crecido hace unas semanas. A finales de noviembre la policía apareció un día en la ‘casucha’ donde viven y mientras ella trabajaba aparcando coches en la calle doctor Flemin, detuvieron a su marido. Cuando esta mujer fue a comisaría a preguntar por él la detuvieron a ella también y durante las horas que pasaron allí y en los juzgados, sus hijos permanecieron solos en la casa. Mientras Irina muestra toda la documentación de aquella detención por ocupar la casa abandonada, donde aparece la multa de 2.600 euros con la que fueron condenados y deja claro que no tienen antecedentes penales, asegura que ni ella ni su marido han hecho nada malo. “Nos han detenido por vivir en la casa abandonada pero allí no vive nadie. No hemos robado nunca y ni podemos pagar la multa ni buscar un abogado”, asegura.

Es imposible saber si el motivo que empuja a Irina y su familia a vivir en un contexto tan extremo es culpa de que ellos incumplieron su compromiso para poder beneficiarse de las ayudas municipales o de si la realidad es que, los esfuerzos que se hacen para hacer posible su integración aún son pocos.

Sin embargo, lo cierto es que dos de sus hijos estuvieron enfermos con gripe hace sólo unos días, los llevó a urgencias, los atendieron y dieron medicinas. Aquel día su madre no pudo cruzar la ciudad para aparcar coches y los niños regresaron a la casa abandonada en la que sobreviven. Esta familia, al igual que las decenas de rumanos gitanos que deambulan por Córdoba no están integrados y de momento, no saben cómo hacerlo.