Las críticas no cesan. Ayer fue la Asociación Pro
Derecho del Niño y la Niña (Prodeni) la que censuró la decisión policial
de esposar a menores inmigrantes recién llegados a Motril y exigió a la
Junta de Andalucía, como responsable de estos niños, que pida
explicaciones sobre ese incidente, que no ha gustado ni al PP ni a Izquierda
Unida (IU), pero tampoco a la consejera de Justicia del Gobierno andaluz, la
socialista María José López -también han puesto el grito en el cielo
varias oenegés y el Defensor del Pueblo andaluz: incluso los propios policías
de Motril, en declaraciones a IDEAL, se distanciaron de esos métodos-.
«Si la Junta de Andalucía tiene conocimiento de que se han esposado a
menores debe actuar y protestar» demandó el portavoz de Prodeni , José
Luis Calvo, quien temió que estas formas se conviertan en «normalidad».
El portavoz de Prodeni sólo justificó la detención con esposas «en el
caso comprobado de que estos menores sean agresivos y tengan que reducirlos,
pero nunca como medida preventiva». A este respecto, aludió a algunos
menores que son esposados cuando pasan a disposición del Juzgado de
menores, porque se conoce de su actitud violenta.
Excepcionalmente
Por ello, sólo comprendió estas prácticas «cuando se presente un
caso de fuerza mayor», es decir, excepcionalmente, y censuró que «pueda
convertirse en una forma natural de trasladarlos: es totalmente inadecuada»,
concluyó el portavoz de la oenegé.
Por su parte, IU reiteró ayer en rueda de prensa lo que ya había avanzado
este periódico: su intención de llevar el incidente de Motril al Congreso
de los Diputados para que el Gobierno dé explicaciones. «Lo que
pretendemos es que se abra un expediente informativo para aclarar lo
sucedido. Queremos saber si la Policía tiene un protocolo para este tipo de
situaciones y qué dice. O igual es que no existe. En cualquier caso, nos
sigue pareciendo una barbaridad maniatar a menores que no han cometido ningún
delito», insistió en sus críticas.
La versión
policial
El jefe superior de Policía de Andalucía, Luis de Haro, ha dicho
que la actuación de sus subordinados fue «correcta», ya que los agentes
no tienen forma de saber sin un inmigrante es menor o mayor de edad.
Los chicos, que llegaron el día 31 de agosto a Motril, fueron maniatados
con esposas de un solo uso -una especie de lazo- para ser trasladados hasta
Granada, donde se les realizaron las pruebas para determinar su edad. De los
23 que afirmaban ser niños, sólo siete no lo eran. Entre ellos había
cuatro de doce o trece años.