Los diplomáticos que suscriben el documento representan a Gobiernos que en ocasiones divergen abiertamente sobre el conflicto israelo-palestino, pero que se han puesto de acuerdo en describir el ejercicio efectivo de la ocupación israelí en Cisjordania como “un régimen dual”. Aunque no figura en el texto la expresión apartheid legal, su contenido da cuenta de una justicia segregada. "El informe es una cartografía de la situación de los derechos en la denominada Área C, de mandato exclusivo israelí y que cubre el 60% del territorio ocupado, con un conjunto de recomendaciones dirigidas a Bruselas endosadas por todos los jefes de misión", precisa una fuente europea en Jerusalén.

A los palestinos se les aplica la ley marcial y los reglamentos dictados por un departamento del Ministerio de Defensa, y están sometidos a los tribunales castrenses de “Judea y Samaria”, denominación bíblica acuñada en Israel para el territorio cisjordano. Estos órganos ejecutivos y judiciales se rigen también por normas heredadas de anteriores poderes coloniales o administradores. Hay leyes otomanas aún en vigor (por ejemplo, para confiscar tierras palestinas aparentemente no cultivadas), británicas (para practicar detenciones administrativas, sin presentar cargos e indefinidas, que afectan ahora a unos 440 prisioneros) e incluso jordanas, las de la Administración presente hasta 1967, cuando Israel ocupo los territorios palestinos tras la guerra de los Seis Días.   Los palestinos sometidos a procesos penales bajo la ocupación tienen un índice de condenas del 99,74%, según la memoria anual de los Tribunales Militares israelíes de 2001, la última disponible.

Documento confidencial

Este documento reservado de la UE, fechado el pasado 31 de julio y pendiente todavía de ser estudiado en Bruselas, examina “la realidad de una cuasipermanente ocupación”. En Cisjordania, más de 2,5 millones de palestinos se ven “privados de sus derechos civiles básicos” y afrontan “numerosas restricciones a su libertad de movimientos”. La economía palestina está sometida, además, a un “sustancial subdesarrollo” desde hace cinco décadas.

Los representantes diplomáticos europeos coinciden en defender la solución de los dos Estados como el mejor camino hacia la paz regional. De común acuerdo admiten también que el esfuerzo de la UE en “el proceso de creación de instituciones estatales y de desarrollo de una economía palestina sostenible”, como prevén los Acuerdos de Oslo de 1993, se está viendo comprometido por las limitaciones legales expuestas en el informe, que también tiene como destinatarios a los Gobiernos de los 28 Estados miembros.

Los 400.000 colonos judíos asentados en Cisjordania solo están sometidos a la ley israelí, de acuerdo con un estatuto personal y extraterritorial. Los 300.000 palestinos residentes en el Área C tienen que responder ante una legislación penal mucho más estricta. Un colono debe comparecer ante el juez civil israelí en un plazo de 24 horas, mientras que un palestino puede ser presentado ante la jurisdicción militar hasta 96 horas más tarde.

En materia de libertades civiles, como libertad de expresión y reunión, o de derechos urbanísticos de construcción, los palestinos también se ven discriminados. Las reuniones de más de 10 personas precisan del permiso del comandante militar, que rara vez se concede. La pena por violar la prohibición se eleva a 10 años de cárcel. "La reunificación familiar, en particular cuando uno de los miembros de la familia tiene doble nacionalidad palestina y de un país europeo, también se ve dificultada por las autoridades israelíes", destaca la fuente europea consultada,

Solo el 1,5% de las solicitudes de licencia de obras presentadas por los palestinos en el Área C de Cisjordania fueron otorgadas entre 2010 y 2014. En consecuencia, más de 12.000 construcciones fueron demolidas al ser tachadas de ilegales por los administradores militares de la ocupación. La UE ha financiado directamente 126 planes urbanísticos palestinos en el Área C, de los que solo cinco han sido aprobados por Israel.

“Los palestinos de Cisjordania están sujetos a unos mecanismos [legales] sobre los que no cuentan con ningún derecho de representación”, puntualiza el documento confidencial europeo, “ya que los militares israelíes son una entidad exterior que solo responde ante un Gobierno extranjero”. En junio del año pasado, cerca de 6.000 palestinos (de los que 350 eran menores de edad, como Ahed Tamimi), se encontraban internados en cárceles situadas en territorio israelí como “prisioneros de seguridad”, así llamados por tratarse de casos de “violencia de origen nacionalista”.

Diplomáticos en Jerusalén y Ramala

El informe de los diplomáticos de la UE en Jerusalén y Ramala considera que Israel viola la legislación internacional al desplazar a los presos y detenidos fuera de Cisjordania, al tiempo que dificulta el derecho de visita de sus familiares.

Para delitos idénticos cometidos en un mismo territorio existen dos raseros legales distintos. Las investigaciones de la policía israelí del “distrito de Judea y Samaria” solo desembocan en acusaciones formales contra colonos judíos en un 8% de los casos de ataques contra palestinos o daños a sus propiedades.

El número de “delitos nacionalistas” cometidos por habitantes de los asentamientos contra palestinos en Cisjordania se multiplicó por tres el año pasado, cuando se registraron 482 incidentes de este tipo, respecto a 2017, en el que se contabilizaron 140 casos, según el diario Haaretz. En los dos años anteriores se había producido una reducción de estos ataques tras el impacto que produjo en 2015 la muerte de un niño de 18 meses, quemado vivo, y de sus padres a consecuencia de un ataque en Duma, localidad situada al noreste de Ramala. Dos jóvenes colonos siguen pendientes de juicio por este atentado incendiario.