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Un juez italiano da la razón al Open Arms y asegura que
Italia estaba obligada a indicarle un puerto seguro
Fronteras
En su escrito para levantar la incautación del buque Open
Arms, el juez de instrucción de Agrigento concluye que Italia tenía la
responsabilidad de indicar un puerto seguro para desembarcar a los náufragos que
permanecieron bloqueados
Asimismo, recuerda que la obligación internacional de
rescatar vidas en riesgo prevalece sobre otras normas
El magistrado considera que no
permitir el desembarco después de que un tribunal anulara la prohibición
de entrada al buque de Salvini provocó "la privación ilícita y consciente de la
libertad personal de los migrantes rescatados"
Icíar Gutiérrez 30/08/2019 - 21:01h
Los rescatados del Open Arms ven tierra por primera vez
en 14 días tras aproximarse a Lampedusa. Francisco
Gentico
Las indicaciones del Ministro del Interior italiano no
pueden prevalecer sobre los tratados internacionales firmados por Italia que le
obligan a salvar vidas en peligro en el mar. Lo recuerda el juez de instrucción
de Agrigento, Stefano Zammuto, en su escrito para levantar
la incautación del buque Open Arms, al que ha tenido acceso eldiario.es.
Asimismo, concluye que correspondía a Italia indicar un puerto seguro para
desembarcar a los náufragos que durante 19 días permanecieron a bordo de la nave
de la ONG catalana. Si no lo hacen, a su juicio, las autoridades pueden estas
incurrir en un delito de "omisión de actos oficiales".
La obligación internacional de salvar vidas en el mar,
sostiene Zammuto, está por encima de leyes como el Decreto de Seguridad bis de
Salvini. "Es un deber de los Estados y prevalece sobre las reglas y acuerdos
bilaterales destinados a combatir la inmigración irregular; los convenios
internacionales sobre la materia, a los que se ha adherido Italia, constituyen,
de hecho, un límite al poder legislativo del Estado (...) y por lo tanto no
puede ser objeto excepción a las evaluaciones discrecionales de la autoridad
política, situándose en un nivel jerárquico", explica.
El juez sostiene que era responsabilidad de Italia haber
asumido la coordinación de la operación de rescate por el Open Arms y el
Departamento de Libertades Civiles e Inmigración del Ministerio del Interior
debería haber asignado un puerto seguro "procurando limitar, en la medida de lo
posible, la permanencia a bordo de las personas rescatadas".
Un día después de llevar a cabo el primero de los tres
rescates, la tripulación del Open Arms se puso en contacto con las autoridades
italianas para solicitar un puerto seguro, indicando Lampedusa como el más
próximo a su posición, como se desprende del relato de los hechos del escrito.
Carmen Calvo ha defendido durante sus intervenciones la gestión del Ejecutivo de
Sánchez reprochando a la organización que "nunca, en ningún momento" pidieron
puerto en España. La ONG no solicitó oficialmente el desembarco de los migrantes
a España porque buscaba hacerlo en el puerto más cercano, Italia, como marca la
legislación. Querían, insistían, "evitar hacerle el juego a Salvini". Ahora, el
magistrado italiano les ha dado la razón.
En virtud de la normativa, dice el juez, "será la
autoridad nacional que haya tenido el primer contacto con las personas en
peligro en el mar la que coordine las operaciones de rescate, tanto en el caso
de que la autoridad nacional competente SAR [búsqueda y rescate] responda
negativamente a la posibilidad de intervenir a su debido tiempo, como en el caso
de que ésta no responda". Asimismo, deja claro que "la localización del lugar de
seguridad se sitúa en el Estado de 'primer contacto' con personas en peligro,
incluso fuera de su propia zona SAR". Esta vez, recalca, ese país era Italia.
Para el magistrado, al no asignar un puerto seguro,
"existe, por lo tanto, apariencia" de un delito de "omisión de actos oficiales",
castigado con hasta dos años de prisión. "Esto se debe a que los funcionarios
públicos competentes (en proceso de ser identificados por el fiscal) han dado
lugar, ante una situación caracterizada por una urgencia excepcional de
intervención (...) a una conducta omisiva que consiste en la no asignación del
lugar de seguridad". Esta situación de urgencia se caracterizaba, señala, por el
"peligro inminente para la seguridad y la salud de los migrantes transportados,
muchos de los cuales se lanzaron desesperadamente al mar para llegar a la costa
de Lampedusa", recuerda.
En el caso concreto del Open Arms, el magistrado
recuerda, además, que el Tribunal administrativo de Lacio anuló el 14 de agosto
de forma cautelar el decreto por el que Matteo Salvini impedía al buque de
rescate adentrarse en sus aguas territoriales "autorizando así implícitamente su
entrada". Tras esta decisión, el barco entró en aguas italianas el 14 de agosto.
A partir de entonces, el no permitir desembarcar provocó, dice el juez
instructor, "la privación ilícita y consciente de la libertad personal de los
migrantes rescatados, obligados a permanecer durante un período de tiempo
significativo contra su voluntad".
Es aquí donde radica el posible delito de "secuestro de
personas" que investiga la Fiscalía de Agrigento, para
lo que ordenó incautar temporalmente la nave de rescate y el desembarco de
todos los ocupantes tras una visita al buque en la que comprobó la situación
límite y el deterioro físico y psicológico al que se había llegado a bordo. En
su escrito, el magistrado respalda la decisión del fiscal Luigi Patronaggio de
embargar el buque y ordena su devolución a la ONG.
Aún se desconocen las personas o instituciones contra las
que está dirigida la causa. En este posible "secuestro", el juez ve "analogías"
con el caso Diciotti, la investigación abierta por la propia Fiscalía de
Agrigento en agosto de 2018 contra el ultraderechista Salvini por los delitos de
secuestro, arresto ilegal y abuso de poder tras retener durante varios días a
más de un centenar de náufragos en el buque militar Diciotti una vez atracado en
el puerto de Catania. No obstante, el ministro del Interior italiano no fue
finalmente juzgado por estos hechos. Entonces, su socio en el Gobierno, el
Movimiento Cinco Estrellas, rechazó retirar al líder xenófobo su inmunidad
parlamentaria en el Senado.
Para la ONG, la sentencia de Zammuto "sienta un
precedente y pone de manifiesto la necesidad del cumplimiento obligatorio de las
convenciones internacionales y el derecho marítimo para proteger la vida y la
dignidad de las personas en las condiciones más vulnerables". El barco de
rescate permanece en el puerto de Porto Empedocle a la espera de resolver
"anomalías" detectadas por la Guardia Costera en una inspección técnica.
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