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Zuloaga pidió cambios a
Díaz Tezanos en el protocolo de atención a MENAS
Zuloaga pidió cambios a Díaz Tezanos en el
protocolo de atención a MENAS
24 de Octubre de 2017. POR Guillem
Ruisánchez
Zuloaga y miembros de su Ejecutiva con Díaz Tezanos|(Archivo, 3 de octubre)
El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga,
pidió formalmente a la vicepresidenta del Gobierno, su compañera de partido Eva
Díaz Tezanos, que realice cambios en los protocolos de atención a los menores
extranjeros no acompañados (MENAS).
El debate se ha reactivado a partir de la memoria
de la Fiscalía de Cantabria del año 2016, que ha recibido críticas desde
movimientos sociales o partidos como Podemos por su interpretación de las
cifras y el uso de la expresión “efecto llamada”.
El nuevo secretario general socialista en Cantabria,
en el marco de las conversaciones con los consejeros socialistas del
Gobierno de cara a los presupuestos de 2018, aprovechó para trasladar la
nueva orientación política que quiere imprimir en las áreas que gestionan
dentro del bipartito PRC-PSOE.
Acompañado por secretarios de su Ejecutiva, Zuloaga
puso sobre la mesa la “necesidad” de mejorar los protocolos de atención a
personas extranjeras.
El nuevo líder de los socialistas cántabros se
mostraba preocupado por “la situación que sufren” los menores extranjeros
que llegan a Cantabria por las actuaciones del ICASS (Instituto Cántabro de
Servicios Sociales).
En una nota de prensa remitida a los medios a
principios de este mes de octubre, Zuloaga consideraba que es “fundamental
proteger eficazmente a estos menores y que se sientan acogidos por la
sociedad”.
Así, defendía que “Cantabria se ha de dotar de un
Protocolo que respete el interés superior del menor y asuma la doctrina del
Tribunal Supremo, las recomendaciones del Defensor del Pueblo y el Comité
Europeo de los Derechos del niño”.
EL CASO SAMUEL DE FONDO
En el encuentro, además de Zuloaga y Díaz Tezanos,
participaron los secretarios regionales del PSOE en las áreas relacionadas
con su gestión en el Gobierno y, mas específicamente, con las relacionadas
con la macroconsejería de Díaz Tezanos, como los responsables de Medio
Ambiente (Javier García Oliva), Igualdad (Marian Casares), Economía y
Comunicación (Ainoa Quiñones), Asuntos Sociales (Patricia Portilla) y
Movimientos Sociales (Eugenia Gómez de Diego).
Precisamente, Gómez de Diego fue la abogada de
Samuel, el menor camerunés que ganó en los tribunales al Gobierno de
Cantabria, en una sentencia que consideró ilegal el procedimiento con el que
el Ejecutivo cántabro había tratado de reactivar el expediente de expulsión.
Fue con el PSOE al frente del Instituto Cántabro de
Servicios Sociales (ICASS), que puso en duda la validez de la documentación
del menor extranjero no acompañado.
Lo hizo conocedor de que había una primera resolución
de archivo de esa expulsión por parte de la Delegación del Gobierno, y sin
impugnar ninguno de los documentos que acreditaban que Samuel era menor de
edad (pasaporte y partida de nacimiento), como la propia Ley de Extranjería
española regula.
El protocolo de atención a menores extranjeros no acompañados también está
sobre la mesa del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, después
de una reunión de su jefe de gabinete, Guillermo Blanco, con Pasaje Seguro,
el movimiento social que se volcó en la denuncia del caso Samuel.
LA FISCALÍA PRESENTA RESISTENCIA A CAMBIOS EN SU
MEMORIA
La memoria de la Fiscalía de Cantabria del año 2016
revela una preocupación surgida por la publicación del Caso Samuel,
reflejada en una reunión en la Delegación del Gobierno, el 3 de marzo de
2017, con el objeto de buscar “soluciones coordinadas” a las “divergencias”
que en algún caso se han dado entre el ICASS, el Ministerio Fiscal y la
Abogacía del Estado.
Así, planteaba las discrepancias entre las partes que
intervienen en esta materia “sobre la validez que debe darse o no a la
documentación” presentada por el menor una vez dictado el decreto del
Fiscal.
Según este informe anual de la Fiscalía “la cuestión
reviste especial importancia” puesto que el caso Samuel “dio incluso lugar”
a que en noviembre de 2016 se formulara una pregunta parlamentaria a
consejera de Políticas Sociales – la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos
(PSOE)-.
También refleja la memoria que el caso Samuel
apareció en “diversos” medios de comunicación de la Comunidad Autónoma.
CRÍTICAS A LA FISCALÍA DE PASAJE SEGURO Y PODEMOS
Movimientos sociales implicados en la defensa de
derechos de personas refugiadas y migrantes económicos, así como de la
protección del interés superior de los menores y los derechos de la
infancia, como Pasaje Seguro, y partidos políticos como Podemos han
criticado la interpretación que hace de sus propios datos la Fiscalía.
Pasaje Seguro Cantabria considera que la Fiscalía “se
equivoca” al interpretar las cifras sobre menores extranjeros no acompañados
porque “confunde” decretos de determinación de la edad (17) con menores
extranjeros no acompañados acogidos y/o tutelados (15).
Y critica el uso de la expresión “efecto llamada”,
que considera “poco respetuosa” para referirse a los menores extranjeros.
En este sentido piden “responsabilidad en el uso
expresiones” como “efecto llamada”, un concepto que juzgan “desafortunado” y
basado “en los prejuicios si no en el racismo” y que “genera alarma social”.
En el mismo sentido, el diputado de Podemos, José
Ramón Blanco, ha considerado que “choca mucho” la lectura de los datos que
hace la Fiscalía, que “contradice lo que dicen todas las organizaciones que
apoyan a menores extranjeros y refugiados”.
Al mismo tiempo critica que la Fiscalía “generalice”
por dos casos de “problemas entre chavales” con el uso de expresiones “de
manera tan exagerada”.
LOS PROTOCOLOS ACTUALES “ABOCAN A LA
MARGINALIDAD”
En el mismo programa, la exabogada de Cantabria
Acoge, Lucía Zamora, que además sostiene programas de integración a través
del grupo de empresas hosteleras Deluz, lamentaba que en la práctica muchos
de estos niños y niñas “están abocados a vivir marginalmente” y que “es peor
para toda la sociedad española”.
Se refería así a la generalización de los protocolos
que ponen a los MENAS en trámites de expulsión en lugar de recibir la tutela
administrativa que abriría la puerta a la nacionalidad española y a poder
trabajar.
“Lo más preocupante es que en el camino estos niños
se quedan sin papeles muchos años porque los procesos judiciales se alargan.
Y cuando estas sin papeles y tienes 17 o 18 años y no puedes trabajar
legalmente prácticamente en un 90% te vas a tener que dedicar a tareas
marginales como la prostitución, los robos o las drogas”.
“Y eso es un problema para el país”, incidía, porque
“han estado en un centro de menores y luego vuelven a la calle, donde no
tiene protección ni familia – como sí tenemos los españoles en general- y
que estén abocados a vivir marginalmente es peor para toda la sociedad
española”.
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