CARTA DE PRODENI A CONSUELO CRESPO BOFILL, PRESIDENTA DE UNICEF ESPAÑA

01/07/2013


Estimada Sra:

Le inserto abajo una noticia que sin duda conoce, del día 29 de junio en diversos medios, sobre la paralización indefinida de un desahucio que afectaba a una madre y sus tres hijos menores, decidido por el Juzgado nº 39 de Primera Instancia, después de haber estado su titular esperando desde abril (cuando dispuso su suspensión provisional hasta la finalización del curso escolar) a que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma ofrecieran alguna alternativa para que esta madre y sus hijos no se viesen en la calle en completo desamparo una vez ejecutado el desahucio que con insistencia sigue reclamando el Ayuntamiento a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.

La decisión, entonces, de la Jueza doña Lourdes Menéndez, nos sorprendió por su contundencia en la defensa de los derechos de los niños y su alusión a la Constitución Española y a la Convención de los Derechos del Niño, cuestionando el comportamiento de la Entidad Pública municipal, contradictorio con la obligación de la institución de velar y proteger los derechos de los niños y su familia. A tal fin, desde Prodeni, la felicitamos en escrito remitido al Consejo General del Poder Judicial congratulándonos por la cerrada defensa de los niños, recibiendo muy pronto su respuesta en los siguientes términos:

"Doña Virginia García Alarcón, la Jefa del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, me ha remitido esta mañana el correo que han tenido Vds. la amabilidad de enviar para congratularse del dictado del auto en el que he tratado de proteger a esos niños del lanzamiento del piso donde viven.

 Les agradezco mucho sus palabras, que son un estímulo cierto para continuar trabajando en el reconocimiento y amparo de los derechos de los ciudadanos, en este caso infantiles. Los jueces españoles trabajamos en condiciones muy duras por muchas razones, de modo que es reconfortante recibir de cuando en cuando el reconocimiento de la sociedad por la que debemos esforzarnos. 

Confío en que esta resolución pueda servir, quizá, para que se abra un siempre necesario debate sobre el mejor modo de proteger a nuestros niños y tutelar sus derechos.

Saludos cordiales"

 

Como bien expone doña Lourdes, se trata de proteger a los niños, debiendo ser en ello absolutamente beligerantes, por eso en aquel momento también nos dirigimos a usted porque UNICEF había otorgado al Ayuntamiento de Madrid el reconocimiento de "Ciudad Amiga de la Infancia", renovado en 2012, y nos parecía que la actitud con esta madre y sus tres niños emborronaba la citada distinción perdiendo su merecimiento, por lo que pedíamos su revisión y revocación. Y el 25 de abril recibimos por e-mail su respuesta mostrándose preocupada y prometiendo solicitar más información "con ánimo de garantizar siempre el interés superior del niño". Nos decía así:

Estimado Sr. Calvo,

 Por la presente confirmamos la recepción de su solicitud para que UNICEF retire el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia al Ayuntamiento de Madrid, reconocimiento que ostenta desde 2008 y le fue renovado en 2012, al cumplir con los requisitos específicos del mismo (pueden consultarlos aquí).

En todo caso, mostramos nuestra preocupación por el hecho que nos trasladan y así se lo transmitiremos tanto a la Secretaría Técnica del Programa como al Ayuntamiento de Madrid, al que solicitaremos más información con ánimo de garantizar siempre el interés superior del niño. 

Agradeciendo de antemano su atención, le saluda atentamente, 

Consuelo Crespo Bofill

Presidenta

Pues bien, a falta aun de conocer los resultados de su gestión y la decisión adoptada, aparece un nuevo auto por el que la titular del Juzgado nº 39 de Primera Instancia resuelve dar carácter indefinido a aquella suspensión provisional del desahucio en contra del empecinamiento municipal de forzar su ejecución (aun a costa de dejar a la madre y a sus tres hijos en total desamparo), toda vez que no han sido capaces, o no han querido, responder positivamente a la condición impuesta por la juzgadora, quedando mucho más en evidencia ese comportamiento de las autoridades municipales ante la distinción en su día otorgada por UNICEF, que, de no corregirse, además de que nos avergüence a quienes, de una u otra manera, estamos por la defensa y dignificación de los derechos del niño, también debe afectar a la propia UNICEF, al quedar devaluado y por los suelos el merecimiento del Ayuntamiendo de Madrid. Fíjese en que los reproches del auto judicial al Ayuntamiento son de profundo calado en cuanto a la vulneración de derechos fundamentales que la institución pretende infringir a esta familia. 

Otro hecho lamentable que abunda más en lo planteado, es el reciente derribo de 9 chabolas en El Gallinero (Madrid) que ha dejado en la calle entre 20 y 25 menores, cuyas familias están en el más absoluto desamparo (medios de comunicación, 18 de junio 2013), y que tuvieron que ser asistidos de urgencia por voluntarios de la parroquia San Carlos Borromeo.

Conforme a lo expuesto, de nuevo insisto en nombre de la asociación Prodeni para que al Ayuntamiento de Madrid le sea retirado el reconocimiento de "Ciudad Amiga de la Infancia" hasta que se lo merezca,de conformidad a ese principio innegociable de actuar siempre "con el ánimo de garantizar el interés superior del niño", santo y seña de UNICEF.

Esperando su respuesta, reciba un afectuoso saludo. 

José L. Calvo Casal

Portavoz de Prodeni


Público.es

UNA JUEZA PARALIZA EN MADRID DE MANERA INDEFINIDA EL DESAHUCIO DE UNA MUJER Y SUS TRES HIJOS MENORES

El Ayuntamiento de Madrid le exige que ponga en marcha el desalojo. La magistrada, que aplazó el lanzamiento hasta que terminara el curso, se niega porque el consistorio no ha buscado otro alojamiento a la familia

EFE Madrid 29/06/2013 11:06 Actualizado: 29/06/2013 11:26

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid ha instado al desahucio de una mujer y sus tres hijos menores porque le deben meses de alquiler, mientras que ha asumido, en un escrito remitido a la juez del caso, que es casi imposible que la familia acceda a una casa solidaria.

La juez, por su parte, ha aplazado indefinidamente la ejecución del desahucio, que adoptó formalmente hace meses, al haber llegado a la conclusión de que hasta el momento nadie garantiza que la familia no quede en la calle, sino que, al contrario, todo indica que no podrán acceder a una vivienda solidaria si se les expulsa de la que ocupan.

Así, la magistrada, en una providencia a la que ha tenido acceso Efe, explica que, ante sus repetidos requerimientos, la propia EMV, la misma que instó a la ejecución del desahucio porque la mujer le debía varios meses de alquiler, ha acabado reconociendo que las posibilidades de que esta familia consiga una vivienda solidaria cuando sea expulsada a la calle son casi nulas. La ejecución del desahucio estaba paralizada desde marzo, cuando la juez de Madrid resolvió que la familia no abandonaría su residencia hasta que no terminara el año escolar, en un escrito en el que, además, consultó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid sobre cómo iban a garantizar el alojamiento de los tres menores y su madre.

En aquel auto la magistrada Lourdes Menéndez instó a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y al Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid para que en un plazo de treinta días informaran al Juzgado sobre las medidas concretas que adoptarán cuando se produzca el desahucio. Aunque la juez ha reiterado la consulta, no ha recibido respuesta satisfactoria por lo que, ahora, en una providencia dictada una vez ha terminado el curso escolar, ha asumido que "las administraciones públicas requeridas por el tribunal no han explicado qué medidas concretas adoptará".

No garantiza el derecho a una casa

"La Comunidad de Madrid no ha explicado al tribunal", como se le requirió en dos ocasiones, cómo garantizaría un techo a la madre y los niños, y el Ayuntamiento, por su parte, se ha limitado a informar de que, a su vez, informó a favor de la mujer en su solicitud a la Comunidad de Madrid de una vivienda social. La juez relata también que el Ayuntamiento le comunicó que ha pedido a favor de la familia una vivienda del Programa de Vivienda Solidaria de Madrid 2012-2015, creado por convenio entre la EMV y el Área de Gobierno de Familia y Asuntos Sociales del Ayuntamiento.

Ante esta circunstancia, el pasado 22 de abril la magistrada "requirió a la parte ejecutante" (es decir, a la EMV) "y al Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid para que informaran al juzgado cada una de ellas del estado de tramitación" de esa solicitud, dice también la juez en su último escrito. La EMV respondió que desconoce esa tramitación, pues de su seguimiento se encarga el Área de Servicios Sociales, "si bien considera que las posibilidades de que a Doña V.S. le sea concedida una de dichas viviendas son escasas por no decir nulas", detalla en su providencia la magistrada.

Por tanto: "no consta si alguna de las viviendas solicitadas será concedida ni en qué plazo", ha concluido la juez. Así las cosas, "mientras este juzgado no conozca tales medidas concretas no podrá, en su caso, fijar fecha para el lanzamiento suspendido", concluye. La juez otorgaba en su auto de marzo "particular relevancia" a que quien instaba al desahucio fuera precisamente la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, la cual, recordaba la juez, explica en su página web que "es una sociedad anónima con capital 100 por 100 municipal que desarrolla la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid".

Esta empresa dice en su web, recordaba la juez, que "no sólo facilita el acceso a la vivienda a los sectores con mayores dificultades, sino que cumple con otras directrices de la política de vivienda, con un marcado carácter social". La mujer desahuciada tiene a su cargo tres hijos menores de edad, de 12 años, 11 años y 11 meses, y pagó durante seis años el alquiler a la EMV de 582,61 euros mensuales más otros 55,64 euros en concepto de gastos de comunidad, hasta que su situación económica (ingresos actuales en una empresa de limpiezas de 403,76 euros netos al mes) le hizo imposible abonarlo.