El
parlamento de Canarias reconoce a los ‘bebés robados’ como crimen de lesa
humanidad
09/05/2016

Manifestación por los bebés robados. (Imagen de archivo)
Por primera vez
un parlamento español hará un reconocimiento expreso a las víctimas de los
niños robados. El PP, Podemos y el PSOE se han unido en el
Parlamento canario para presentar una proposición no de ley en la
que reconocen el robo de bebés como un crimen contra la humanidad y exigen
al Gobierno central la creación de una base nacional de datos genéticos y
la repetición de las pruebas de ADN, fuera del "negocio" de ningún
laboratorio genético privado.
El Pleno, que se prevé pueda celebrarse el próximo 24 de
mayo (la fecha está aún por confirmar) para dar luz verde a la Proposición
no de Ley, contará con la presencia de más de cien víctimas, entre
hijos, progenitores y demás familiares afectados. La iniciativa a
la que ha tenido acceso Nuevatribuna, fue calificada la pasada semana por
la Mesa de la Cámara y lleva la firma de los portavoces de Grupo Popular,
Podemos, el Grupo Socialista Canario, el Grupo Parlamentario Nacionalista
Canario, Nueva Canarias y el Grupo Mixto.
“Es la primera vez que el PP reconoce lesa humanidad” en
los casos de niños robados en España, señalan colectivos de víctimas que
esperan que este paso sirva de antecedente para el resto de iniciativas
parlamentarias que se están tramitando en otras cámaras autonómicas como
Madrid, País Vasco, Cataluña o Valencia.
30 DE
AGOSTO, 'DÍA EN MEMORIA DE LOS BEBÉS ROBADOS'
Los diputados de
todos estos grupos se han mostrado de acuerdo para requerir al Parlamento
autonómico la declaración del día 30 de agosto como 'Día en memoria de los
bebés robados y sus familias', jornada que ya conmemora a nivel
internacional la 'Memoria de las Víctimas de Desaparición Forzada'.
"El Parlamento de Canarias reconoce que tan víctimas son los propios
menores sometidos a desaparición forzada y posterior compra-venta o
entrega, como sus madres, padres y hermanos u otros allegados cercanos",
expresa la petición, que recuerda que tales fenómenos han sido
considerados "formas de crímenes contra la humanidad".
El Pleno de la Cámara debatirá esta proposición no de
ley que reivindica el derecho a la justicia, la reparación y el
conocimiento de la verdad de los afectados para que evitar que estos
"aberrantes hechos vuelvan a repetirse en esta tierra" y hace un
llamamiento "urgente" al Ejecutivo central y a la Fiscalía General del
Estado para impulsar una investigación "efectiva y real" de todos los
casos. En este sentido, reclama el acceso de las víctimas y los
investigadores a los archivos eclesiásticos, clínicos y administrativos,
así como la creación de una Comisión Nacional Española por el Derecho a la
Identidad (CONEDI) con el fin de esclarecer las desapariciones
infantiles, siguiendo así el modelo puesto en marcha en Argentina a
mediados de los años 80.
Las fuerzas políticas reclaman que el Gobierno central
impulse la regulación de una base nacional de datos de titularidad
pública, que garantice la protección de la información "personalísima" de
los afectados, fuera del "negocio" de ningún laboratorio genético privado;
se repitan "desde cero" todas las pruebas de ADN y se cree una unidad
policial de bebés robados, al igual que se hizo en Argentina.
SIMILAR A
LO OCURRIDO EN AUSTRALIA CON LA POBLACIÓN ABORIGEN
La presencia de los afectados en el Pleno puede
compararse con lo que ocurrió en Australia el caso de la población
aborigen cuando en 2007, bajo el gobierno de Kevin Rudd, se aprobó una
moción para pedir “disculpas nacionales” a los aborígenes. Al año
siguiente, el primer ministro pidió disculpas a las ‘generaciones robadas’
en nombre del gobierno australiano.
El caso de los niños robados saltó a la opinión pública
de la mano del entonces magistrado Baltasar Garzón en un
auto donde cifraba en 30.000 el número de casos solo durante la dictadura.
Con posterioridad también se han registrado denuncias de robo de bebés por
lo que la cifra total es mayor.
La resolución ha contado con el asesoramiento
del sociólogo y experto Francisco González de Tena, que ha
mostrado su "satisfacción" por el acuerdo de todos los grupos políticos en
defensa de las víctimas y sin primar intereses "oportunistas".
Las asociaciones
que han impulsado la PNL conjunta y por consenso de todos los grupos son: Colectivos
Sin Identidad de Tenerife y las Palmas de Gran Canaria, y la Asociación de
Víctimas contra la Impunidad de las Desapariciones Infantiles en todo el
ámbito nacional (AVIDNA), asociación nacional que está actuando
también ante el Parlamento Europeo y que ha conseguido que el mes pasado
la eurocámara reclame al Vaticano la apertura de sus archivos en relación
a los bebés robados tras comparecencia de su presidenta Ana Cueto
Eizaguirre.