de su niño, presenta una solicitud de restitución por sustracción internacional de menores conforme al Convenio de
 

Alejandro Mata

25 de diciembre 2019

Robert se dirige a su casa caminando y, pese al calor sofocante de esa tarde de julio de 2013, decide apresurar su marcha. La inquietud por saber qué va a ser de su familia le provoca todavía más celeridad.

Tiene pensado arreglar las cosas con L.G, su pareja y madre de su niño de dos años. A pesar de estar en trámites de separación, piensa que todavía queda un resquicio de esperanza. Después de la conversación telefónica que había tenido esa misma mañana con ella, todo puede aún volver a la normalidad.

Al entrar en casa, nadie le devuelve el saludo, lo que le descoloca un poco. Va directo al cuarto donde descansa el pequeño, pero lo único que encuentra es su cuna vacía. No están sus juguetes ni la ropa en su armario. La habitación está desvalijada. La cuna todavía huele a él. El espanto de esa imagen hiela el corazón de Robert en aquella tarde sofocante.

La soledad, la ira y la incomprensión se apoderan de él. No sabe a quién recurrir, intenta localizar a su pareja pero no le coge el teléfono. Siente como se estrechan las cuatro paredes del cuarto vacío de su hijo. Corre a preguntar a su vecino qué ha pasado y éste le dice que hace apenas unas horas su pareja, acompañada de su suegra, se han metido en un taxi cargadas con todos los enseres del niño.

Agitado, Robert saca su teléfono y le envía un SMS a su mujer advirtiéndola de que va a llamar a la Policía. Al momento ella le responde que está en un hotel y que, si quiere ver a su hijo, tendrá que ir al aeropuerto al día siguiente para despedirse de él porque se vuelven a Eslovaquia, país natal de la madre. Él no lo da todo por perdido, localiza el hotel (cercano a su residencia en Oleiros, La Coruña) y consigue que L.G baje con su hijo. El pequeño se lanza a los brazos del padre nada más verlo.

La pareja había firmado un acuerdo por el que la madre tendría la custodia del menor y recibiría una pensión con la condición de que el padre pudiera tener un régimen de visitas. En ese instante, la abogada de Robert, Iliana de la Cal, le advierte que su expareja no ha ratificado judicialmente ese acuerdo y por lo tanto no es válido. Que debe denunciarlo a la Guardia Civil porque la madre podría estar planeando sustraer al menor para llevárselo a Eslovaquia. En resumen, podría perder a su hijo para siempre.

L.G. llama a la Policía Local de Oleiros y a la Guardia Civil. Las autoridades se personan. En un descuido su suegra le arranca al pequeño de los brazos del padre —esa sería la última imagen que tendría de su hijo en España— y los agentes se llevan a ambos a la comisaría para tomarles declaración.

"Te pones a declarar ante la Guardia Civil mientras ves cómo dejan que tu hijo salga por la puerta. No sabes ni lo que dices porque en lugar de sentirte seguro y protegido, lo que ves es que no se está haciendo caso al problema. No sé las veces que lo dije en voz alta. ¡Hagan algo, por favor, que me están robando al niño!", recuerda a El Confidencial Robert Móskowich, español con antepasados húngaros que lleva siete de sus 53 años luchando por los derechos de su hijo.

Después de una noche en vela, a primera hora, el padre se desplazó al juzgado de guardia para presentar la denuncia. Cada minuto contaba. Expuso la necesidad de que un juez interviniera urgentemente puesto que en hora y media su hijo cogería un avión con destino a Europa del Este sin su consentimiento. Admite que ni él mismo reconoce su propia letra en el escrito.

Robert recibe una llamada de su madre, que ha ido al aeropuerto a despedirse de su nieto, y le advierte de que no se le ocurra ir puesto que hay un agente de la Guardia Civil que le detendrá si pone un pie en la terminal. El tiempo corre y la impotencia le está matando.

 

"Tardé muchos años en darle sentido a lo ocurrido pero ahora, aunque sin entenderlo, todo encaja. Presuntamente, L.G. declaró ante la Guardia Civil que me tenía miedo, que yo era violento, que bebía y tomaba pastillas y que podía hacerle daño al niño", lamenta hoy Móskowich. Nadie le escuchó ni comprobó que eso era cierto. Nadie tomó en serio su denuncia. El avión despegó y, desde ese día, la frustración le acompaña.

Llegó el mes de noviembre pero el convenio firmado por ambas partes seguía sin estar ratificado porque L.G. no quería hacerlo. El padre no sabe a quién recurrir, así que presenta una demanda ante el juzgado de primera instancia de La Coruña pero dicho órgano se declara incompetente territorialmente.

El 29 diciembre de 2013 el padre se traslada a Bratislava y consigue ver a su hijo por primera vez después de cinco meses, cuando su suegra se lo arrancó de sus brazos. Pudo estar con su hijo en un centro comercial en presencia de la madre y del hermano de ésta. Recuerda que su expareja no le permitía ni bajar con el niño a comprarle un helado por miedo a que se llevase al niño.

21 días en Bratislava sin señales de su hijo

El 18 de febrero, Robert regresa a Bratislava con la única intención de poder ver a su hijo, del que ya apenas sabe nada. Permanece allí 21 días alojado en un hotel sin poder verle porque la madre no lo permite. Allí se entera de que el Juzgado de Distrito de Bratislava II ya ha tratado su caso sin que nadie se lo notifique. Ese juicio concede a la madre la guardia y custodia provisional del menor y permite que Robert pueda ver a su hijo el primer fin de semana de cada mes un par de horas, en presencia de la madre.

 

"De repente te enteras de que un juzgado está decidiendo la vida de tu hijo y que llevan ¡seis meses! haciéndolo sin que tú hayas sido notificado jamás. El tribunal le hace caso sin haberme escuchado ni saber quién soy realmente".

Su abogado denuncia la injusticia que se ha cometido y ese mismo año la magistrada le envía un escrito en el que reconoce el error de no haberle notificado, pide perdón pero "se niega" a tomar medidas más allá, ni mucho menos a declarar el juicio nulo.

A través de este mecanismo, el Ministerio de Justicia eslovaco propone la mediación y Móskowich acepta con la intención de que la madre ratifique el acuerdo que nunca firmó. La imagen de esa mediación es "desoladora". "Me encontré en una sala con funcionarios eslovacos, L. G y yo solito, sin que nadie pudiese ayudarme o guiarme. Sin un traductor siquiera".

Es mismo mes, a petición de la madre, la justicia eslovaca cambia el régimen de visitas e impone un punto de encuentro en presencia de terceros y de la madre. Su protestas no son escuchadas por el tribunal.

El día clave, el 27 de junio de 2014, se celebra el juicio para la restitución del menor. La sesión duró una mañana. Se dicta sentencia en media hora. El menor no sería restituido por la aplicación, fundamentalmente, del artículo 13 del Convenio. Un artículo muy polémico porque es excesivamente utilizado por los paises para darles la razón a sus compatriotas en los casos de sustracción de menores.

De hecho, en un documento colgado en la propia web del poder judicial se detalla que desde que entra en vigor del Convenio de la Haya de 1980 se ha detectado un uso excesivo (y en ocasiones abuso) de este artículo para denegar el retorno a menores. Como sugieren los expertos, el problema es que hay acotar y limitar los motivos contenidos en dicho articulo porque se puede interpretar de muchas formas.

"Desde que yo entré en la sala sabía que aquella jueza no iba a devolverme a mi hijo, se le veía en la cara. Ya me habían advertido, en los países del este aplican el artículo 13 casi por decreto. Son cosas que hay que sufrirlas para creerlas".

Había quince días para recurrir la sentencia, el tiempo y el dinero se agotaban. Encontró otro abogado pero le pedía cuatrocientos euros la hora. "Lo que más rabia le da a uno es ver que España no hace nada por los suyos, que muchos países te toman el pelo y que aquí nadie mueve un hilo. Yo he perdido a mi hijo por culpa de España por duro que suene".

"Hasta aquí hemos llegado"

Cerrada la restitución, la madre del pequeño vuelve a los tribunales y acusa a su expareja de tener "problemas mentales", refiriéndose a la depresión que había tenido, y que por ello no cree que deba relacionarse con su hijo. La justicia vuelve a escuchar a la madre e impone a los padres a someterse a un peritaje psicológico. Por suerte encuentra a la que a día de hoy sigue siendo su abogada, Žaneta Fusková, y consiguen tirar abajo la petición del peritaje psicólogo.

Desde mediados del año 2016 los tribunales eslovacos desaparecen del mapa. El padre queda “condenado” a ver a su hijo en un punto de encuentro, en presencia de terceros y en presencia de la madre sin que haya sido escuchado ni se haya tenido realmente en cuenta el interés superior del menor.

 

El juzgado rechaza la petición de los abogados del padre ante "las injustas medidas provisionales de relación con su hijo". "Pasaron casi dos años y siete meses desde la última vista hasta que se reactiva el proceso en enero de 2019. Es un escándalo. ¿Alguno es consciente de lo que suponen dos años y siete meses de espera en la vida de un niño de corta edad?", protesta.

Poco a poco va consiguiendo pequeñas "victorias", si se las puede llamar así porque en esta historia dificilmente se puede hablar de vencedores. En 2019 la nueva jueza prohíbe la presencia de la madre en los encuentros. En ese momento ya puede ver a su hijo sin la presencia de ella. Pese a ello, "se salta lo dispuesto por el juzgado y está presente en una habitación contigua sin que exista autorización judicial para ello", dice Robert.

El punto de encuentro tiene el aspecto de una cárcel: una habitación de unos veinte metros cuadrados en la planta baja de una pequeña casa. Hay barrotes por todos lados y no dejan al padre salir a jugar a la pelota con el niño. Pese a todo, "era la primera vez que podía hablar con mi hijo sin su madre a medio metro vigilando", recuerda. "Lo pasamos genial y me dijo: te quiero, papá. No me llegarían cubos para recoger las lágrimas que solté camino de mi hotel".

"¿Alguno es consciente de lo que suponen dos años y siete meses de espera en la vida de un niño?"

Finalmente a mediados de este año se dicta sentencia provisional. Se fija que el padre podrá ver al menor cada dos meses y por cuatro horas en un punto de encuentro aunque sin la presencia de la madre. Se permite al padre comunicarse por Skype dos veces al mes por 10 minutos y se le sube la cuantía del pago de alimentos.

"La sentencia es una tomadura de pelo. Eslovaquia me ha privado de mi hijo durante 6 años y medio. Es otra cosa que aprendes con el tiempo y con los más de 80 padres extranjeros que ahora conozco y que son víctimas del sistema eslovaco. El derecho de visita no está siendo respetado porque no se trata de que yo tenga que gastar casi 800 euros cada vez que quiero estar con mi hijo. Mi hijo tiene derecho a venir conmigo a su casa en La Coruña, a estar con sus abuelos, con su familia, mi hijo tiene muchos derechos pero para la justicia es un muñeco y poco más. ¿Hablar con mi hijo dos veces al mes durante diez minutos?", dice sin dar crédito.

Robert Móskowich, a pesar de estar en paro, asegura que siempre ha pagado la pensión de su hijo. De hecho, como ha demostrado a este periódico, tuvo que vender su propia casa para hacer frente a los gastos que acarreaba tener que desplazarse a Eslovaquia para ver a su hijo o presentarse a la vista de cada juicio. Depender de traductores y abogados especializados en la materia también le han generado un gasto importante. De media le cuesta 800 euros desplazarse para poder ver cuatro horas a su hijo. Actualmente, son su familia y pareja los que le están ayudando a costearse los trayectos.

El padre no ha vuelto a ver a su hijo a solas literalmente ni un segundo. No ha podido llevarle al parque, jugar con él, cogerle en brazos, contarle cuentos, lavarle, cuidarle, quererle… han pasado 2.351 días en los que un niño ha vivido privado del derecho a ver a su padre.

El caso de Robert Móskowich no es el único, según el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior: desde 2010 existen 2.731 casos en los que se ha denunciado la sustracción parental de un menor. Pero no se puede saber si esos casos siguen activos ni en qué países están estos menores, porque no se detalla esa información publicamente.

Para conseguir un dato más certero acudimos al último informe de La Haya, elaborado en 2015. Allí descubrimos algo clave, ese año hubo 112 casos de sustracción parental en España, pero según el SEC, en 2015 hubo 299 denuncias. Esto sucede porque los padres no saben que tienen que recurrir a la Autoridad Central (el l Ministerio de Justicia) para valerse del convenio y que se contabilice su caso. Muchos progenitores acumulan años de lucha judicial en diferentes países sin saber de la existencia de la Autoridad Central española.

Examinando el mismo informe de La Haya, vemos que el Ministerio de Justicia se lleva un tirón de orejas por ser incapaz de enviar información sobre los casos de sustracción. Por ejemplo, no detalla en qué países se encuentran sustraídos los menores, por lo que no podemos tener una imagen real de dónde hay más casos de menores españoles sustraídos. Tampoco podemos saber el sexo del progenitor que ha sustraído al menor.

Otras autoridades centrales como por ejemplo la estadounidense publica esta información detallada y anualmente. ¿Por qué en España no podemos conocer esta información (que podría ser de gran utilidad para los magistrados españoles, periodistas, investigadores, sociologos y políticos) y con esa periodicidad?

Falta de medios y aumento de casos

En el documento colgado en la web del Poder Judicial, que hemos citado anteriormente, los expertos juristas concluyen que los tiempos de restitución de los menores se están dilatando en exceso y esto se debe a dos razones: a la falta de medios de la Autoridad Central por el aumento de los casos y a las dilaciones judiciales, provocadas, en algunos países, por la escasa especialización de los juzgados.

"La dilación es una tragedia para los menores sustraídos. Se han producido casos en los que, a pesar de que la solicitud de restitución se produjo antes del año de la sustracción, la restitución se ha demorado tres o más años hasta que finalmente se ha llevado a cabo. Explican que para evitar al menor un perjuicio irreversible, finalmente no se lleva a cabo la restitución", señalan en el documento. También critican que en España no hay un cauce judicial para recurrir las sentencias extranjeras de no retorno, por lo que si un país extranjero dice que un niño no vuelve a España, no hay un cauce claro por el cual recurrir.

Ocho años secuestrada en Polonia

Este mes conocíamos la noticia de que la Guardia Civil localizaba a una menor tras ocho años secuestrada por su madre en Polonia. Después de haber tratado con diferente abogados y fuentes afectadas, conocemos que existen muchos casos en los que el proceso de restitución del menor se ha prolongado durante años y todavía siguen abiertos. Los expetos consultados por este periódico ponen el foco en dos problemas: que los paises extranjeros no cumplan con el convenio internacional y que la AC española no lo denuncie.

Tomando al caso de la menor secuestrada en Polonia, según explican las fuentes consultadas, fue el poder ejecutivo polaco el que falló. El poder judicial polaco dió la razón al padre de la menor. Pero esa orden judicial falló al pasarse al poder ejecutivo porque, según relatan fuentes cercanas al caso, no existía colaboración por parte de las fuerzas de seguridad polacas para localizar a la madre que había desaparecido con la menor. Precisamente, fueron dos agentes de la Guardia Civil, el teniente Manuel Palomo y el cabo primero José Antonio Briceño los que consiguieron abrir una brecha en el sistema del país centroeuropeo. El teniente Palomo cuenta que el método fue a la vieja usanza, sensibilizaron a las autoridades polacas y a las personas relacionadas con el entorno de la menor. El padre de la menor tenía mala prensa y lo acusaban de malos tratos. Algo falso, que no tenía fundamento, según los agentes.

Los dos guardias civiles realizaron cinco viajes en los que poco a poco iban entretejiendo relaciones con el país de Europa del Este, para finalmente conseguir traer a la menor de vuelta. El caso se estaba dilantando tanto que tuvo que actuar la Guardia Civil. Pero las fuentes consultadas apuntan a que la Autoridad Central española es la que debe tratar de facilitar la resolución del caso, incluso que deben denunciar cuando uno de los paises firmanetes del Convenio de la Haya no cumple con sus obligación. Hemos intentado entrevistar al representante de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, que es el órgano que lleva los caos de sustracción de menores, pero nos han rechazo la petición porque "ya no conceden entrevistas debido a la gran carga de trabajo que tienen".

Finalmente, un portavoz del ministerio de Justicia ha respondido a este periódico y ha explicado que en el caso de Polonia la autoridad central española dio puntual trámite a la solicitud que presentó el padre de la menor y ha mantenido permanente contacto con él a lo largo de la tramitación del procedimiento. Puesto que la respuesta de las autoridades polacas era la falta de localización de la madre y el menor en territorio polaco, el ministerio instó en numerosísimas ocasiones a Interpol y a las autoridades polacas para que localizasen a la madre, única actuación posible dentro de las competencias del ministerio de Justicia. ¿Cuántas veces la AC española se reunió con la polaca para ver, no sólo el caso de la menor secuestrada, sino el resto de casos de niños españoles en Polonia?, ¿Y con Eslovaquia?, ¿Y con Rusia? No ofrecen información al respecto.

Como dice el artículo 7 (puntos f e i), entre sus obligaciones se encuentran el deber de "incoar o facilitar la apertura de un procedimiento judicial o administrativo, con el objeto de conseguir la restitución del menor y, en su caso, permitir que se regule o se ejerza de manera efectiva el derecho de visita". También las Autoridades Centrales deben mantenerse mutuamente informadas sobre la aplicación del presente Convenio y eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos que puedan oponerse a dicha aplicación. Las fuentes consultadas por este medio piensan que la AC española en determinados casos debría crear mesas de negociación con las Autoridades Centrales de los paises que no cumplen con el convenio, para así "facilitar los casos de restituciones".

Los menores no vuelven de Rusia

De puertas para adentro, la propia Autoridad Central española reconoce que los países de Europa del Este vienen incumpliendo constantemente el Convenio de La Haya, así lo deja patente en una grabación, a la que ha tenido acceso El Confidencial, en la que la Subdirectora General y responsable de la Autoridad Central, Paula Mongé Royo, afirmó esto durante una reunión celebrada en el despacho de la Directora General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, el 15 de noviembre de 2018, en la que participo el colectivo Niños sin Derechos.

En la reunión se les presenta el informe publicado por el CNDES sobre los menores víctimas de Sustracción Parental en España, documento que desconocían, donde se establece el volumen de casi 3.000 denuncias de niños sustraídos en los últimos 10 años.

En la grabación explican que ellos no son competentes para instar el cumplimiento de una sentencia española fuera de España y su única competencia, insiste, es la cooperación entre Autoridades Centrales para trasladar la solicitud de restitución. Pero admiten que efectivamente pueden contactar con sus homólogos en los paises incumplidores y denunciar ante el Consejo de Europa estos incumplimientos. Pero dudan de que sirva para algo. Monge indica que, con cada solicitud de restitución que se traslada, se acompaña con un informe de la Autoridad Central española con el articulado que argumenta la competencia de los Tribunales españoles, aunque indica que, si el país incumple sistemáticamente, de poco valen esos informes.

En la reunión se les insiste en la idea de crear un informe anual para el poder judicial donde se recojan todas las situaciones de sustracción parental y sirva de indicación para los magistrados españoles. Pero Ana Gallego Torres, Directora General de Cooperación Jurídica Internacional, que también participa en la reunión, insiste en que no ve que utilidad puede tener ese informe para los jueces españoles y que lo único que indicará es que los esfuerzos judiciales en España no tendrán un buen fin a los efectos contemplados en el Convenio de La Haya.

En España no somos conscientes de hasta dónde alcanza este problema porque no tenemos datos suficientemente detallados y actualizados. Los padres que son víctimas de una sustracción parental no saben a quién acudir porque no hay un camino concreto por el que proceder. Existen multitud de casos de madres y padres que llevan años dejándose sus ahorros, su tiempo y su salud en luchar por los derechos de sus hijos. Algunos incluso llevan años sin saber nada de ellos. Y en estas fechas tan señaladas se preguntan dónde queda la defensa de los derechos de los niños españoles en el extranjero que se proclama en nuestra constitución.