Al estar disconformes
con el diagnóstico, los progenitores quisieron trasladarla al hospital
al que solía ir anteriormente, pero los médicos de BCH se negaron, la
internaron en una sala psiquiátrica e informaron a las autoridades que
sospechaban que los padres habían sometido a abuso médico a la joven.
Las acciones de
Gottesfeld desencadenaron la indignación pública por el "secuestro
médico" de Pelletier, quien finalmente fue dada de alta por el hospital
y se reunió con sus padres por orden judicial después de más de un año.
Según sus progenitores, perdió el uso de sus piernas por culpa del
diagnóstico erróneo y la falta posterior de un tratamiento correcto.
No obstante, debido
a sus acciones, el experto en seguridad fue condenado a una
sentencia de 10 años. Desde 2019 está cumpliendo su condena en
la cárcel de alta seguridad Terre Haute, en Indiana, donde también se
hallan recluidos algunos de los criminales más violentos del país
norteamericano, incluidos terroristas.
Gottesfeld cree que
la participación en su caso de los jueces Marianne Bowler y Nathaniel
Gorton, a los que tilda de "delincuentes", representa un conflicto de
intereses. "No puedo pensar en ninguna otra razón que no sea esa,
aparentemente, la ley ya no se aplica en EE.UU.", declaró a esta cadena
desde el centro penitenciario.
"Corrupción judicial"
El hombre indica
que Bowler y su esposo colaboraron con el BCH cuando trabajaban para
la Escuela de Medicina de Harvard. Asimismo, cree que Gorton también
tiene vínculos con esa institución médica y sus patrocinadores.
"Una amplia
revisión está atrasada y espero que comience en breve", explicó
Gottesfeld. "Estadísticamente, no se pueden explicar estas
anomalías, salvo por la corrupción. Esa es la única explicación
factible y creíble", añadió.
En este
sentido, el 'hacktivista' señala que la revisión de las
presentaciones disponibles en el expediente, en particular de la
moción de apelación pendiente de fianza, "muestra
la corrupción judicial" que no quieren que el público vea.
Por último,
asegura que la negativa a revelar ciertos detalles es la "prueba
definitiva" del presunto sesgo de los magistrados, argumentando que
un juez no tiene derecho a quedarse callado acerca de un conflicto
de intereses. "Solo puedo imaginar lo que los fundadores de nuestra
nación tendrían que decir al respecto de esta situación", lamentó.