Decenas de personas pertenecientes a asociaciones de
afectados por los casos de bebés robados en España protestan frente
a la sede de la Fiscalía en Madrid.- PÚBLICO
Los
robos de bebés desde el inicio del franquismo en España vuelven al
Congreso. La Cámara debatirá este martes si acepta la Proposición de
Ley de Bebés Robados para comenzar a trabajar en una legislación que
permita poner luz sobre las numerosas denuncias por robo de bebés
desde la Guerra Civil, por parte de las autoridades franquistas,
hasta mediados de la década de los 90. La Proposición ya superó este
trámite el
pasado 20 de noviembre de 2018, pero decayó tras el
adelantamiento electoral y la aprobación de la que sería la primera
ley estatal de robo de bebés será retomada ahora.
"En esta ley se va a reconocer el robo de bebés como un
delito de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible.
Ya no se podrá alegar la prescripción como impedimento para
investigar. Una democracia de bien no puede permitir que a día de
hoy miles de familias no sepan qué ocurrió con sus niñas y niños, y
que miles de ciudadanas y ciudadanos aún no conozcan su verdadera
identidad", explica a Público Soledad Luque,
presidenta de presidenta de la asociación Todos
los niños robados son también mis niños, que se integra dentro
de la Coordinadora
Estatal de Apoyo a la Querella Argentina y han sido los
promotores de la iniciativa que cuenta con el apoyo de otras 16
organizaciones de víctimas de bebés robados.
La Proposición de Ley llega a la Cámara con la firma
de PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, JxCat, PNV, Compromís, Más
País, EH Bildu, BNG y las CUP, por lo que previsiblemente el
Congreso aceptará su toma en consideración para comenzar un
proceso de debate y enmiendas que dé con el texto final.
El Estado asume la búsqueda activa de los bebés
La Proposición, a la que ha tenido acceso Público,
denuncia que en España "durante décadas, y hasta etapas muy
próximas" se han sustraído "un número inmenso de niños" de
"cárceles, clínicas y maternidades" sin que sus familias
biológicas hayan podido conocer su paradero en ningún momento. Así,
el texto insta al Estado a investigar el robo de bebés en España
desde 1939 creando para tal fin una Fiscalía especial sobre
bebés robados, que dependa directamente de la Fiscalía General del
Estado, y una unidad de Policía judicial especializada, que se
dedique única y exclusivamente a resolver el robo de bebés en
España.
"Con esta ley aprobada, el Estado asumiría la
responsabilidad de la búsqueda activa de los bebés robados y de
su identidad ya que ofrece herramientas para ello y posibilitaría
abrir juicios donde investigar exhaustivamente los casos. También reconoce
la condición de víctimas para los afectados por este crimen,
tanto las de la dictadura y las que se produjeron después. En
definitiva, esta Ley reconoce y garantiza los derechos a la verdad,
la justicia, la reparación y la no repetición de las víctimas, ya
que se basa en estos cuatro pilares que propugnan los organismos de
Naciones Unidas en cualquier lucha por la defensa de los Derechos
Humanos", prosigue Soledad Luque.
La Iglesia tendrá que abrir archivos
La presidenta de Todos los niños robados son también
mis niños explica, además, que esta ley obligará tanto a las
Administraciones públicas como a la Iglesia católica a abrir
todos sus archivos que pudieran ser útiles para resolver casos
de robo de bebés. "El artículo 2 de la Proposición que hemos
presentado determina que la Iglesia Católica quedará obligada por
las disposiciones contenidas en esta Ley como sujeto privado. Y esas
obligaciones quedan marcadas en el Artículo 5 de Derecho a la
verdad, donde se especifica que las víctimas tendrán derecho al
acceso a la documentación tanto de archivos público como privados",
explica Luque.
La Proposición de Ley también prevé la creación de
una Base de Datos Estatal de Afectados; de un "Banco único de
ADN" con pruebas gratuitas y, también, de una Comisión Estatal
por el Derecho a la identidad, que se encargará, entre otras cosas,
de aprobar y ejecutar un "plan integral nacional de búsqueda de
personas desaparecidas y de asistencia integral a las víctimas".
Propuestas para "mejorar" la propia ley
La Proposición de Ley que se debatirá este martes en
el Congreso cuenta con el respaldo de hasta 17 asociaciones de
víctimas de robo de bebés. Otras organizaciones, como el Observatorio
de las Desapariciones Forzadas de Menores (ODFM), que preside Neus
Roig y colabora con otras organizaciones de víctimas del robo de
bebés, ya ha avanzado que apoya la iniciativa aunque ya ha
avanzado una serie de correcciones con ánimo de "mejorar" el
texto inicial.
En este sentido, desde el Observatorio se ha señalado
a Público que, en su opinión, la propuesta inicial debe
incluir una serie de correcciones para garantizar "la asistencia,
atención psicológica y ayuda a las víctimas"; la "dignificación
y conservación de la memoria histórica democrática"; la modificación
de la Ley de Protección de Datos vigente (LOPD) para no
aplicar el tiempo reglamentario de 50 años para poder acceder a los
archivos en los casos en los que se busquen familiares biológicos; y
entre otras cosas, la modificación de la Ley de Amnistía "para
que en ningún caso impida la investigación de la desaparición
forzada de menores en España".
Investigar desde el 17 de julio de 1936
En definitiva, el Congreso dará casi con total
seguridad este martes el primer paso para la aprobación de la primera
ley de víctimas de robo de bebés a nivel estatal de toda la
democracia. La Proposición fija como fecha para comenzar a
investigar este robo de bebés desde el 17 de julio de 1936, con
el robo de bebés a mujeres republicanas, y deja abierta la fecha
de cierre a la posterior discusión parlamentaria. Los impulsores de
la iniciativa, no obstante, detallan a este medio que "obviamente"
esa fecha de cierre se ubicará en los años de la democracia ya que
se tienen conocimientos de casos de robo de bebés hasta bien
entrados los 90 y hasta un caso particular en el año 2001.
PRODENI