Cuando el pasado 29 de septiembre Ali al Nimr
no llamó a su familia desde la cárcel como estaba autorizado a hacer
cada semana, sus padres temieron lo peor. Dos semanas antes las
autoridades de Arabia Saudí habían ratificado su sentencia de
crucifixión por haber participado en las protestas de 2011, y sólo
faltaba la firma del rey Salmán. En medio de la movilización de las
organizaciones de derechos humanos, Riad ha confirmado esta semana
una segunda pena de muerte a un joven, Dawoud al Marhoon, que como
Ali, era menor de edad cuando participó en aquellas manifestaciones.
“Parece que la respuesta al llamamiento
internacional para parar la ejecución de Ali al Nimr ha sido la
ratificación de la pena capital de Dawoud al Marhoon”, afirma en un
correo electrónico Ali Adubisi, director de la
Organización Europeo-Saudí para
los Derechos Humanos (ESOHR, en sus siglas inglesas).
Ambos jóvenes tenían 17 años cuando fueron
detenidos en 2012, con pocos meses de diferencia, en medio de
las protestas que entonces se organizaban casi a diario en la
Provincia Oriental de Arabia Saudí. Desde el año anterior, al hilo
de la primavera árabe, la población chií de ese reino,
reclamaba “la liberación de los presos políticos” y “reformas
que pongan fin a la discriminación” de su comunidad, en torno al 10%
de los 20 millones de saudíes. Las manifestaciones han cesado, pero
entre los centenares de detenidos siete fueron condenados a muerte a
lo largo de 2014. Los otros cinco casos, incluido un tercer menor,
están en fase de apelación.
“Los planes de Arabia Saudí para decapitar a
Ali y Dawoud son una desgracia. La comunidad internacional, incluido
EE UU y otros aliados del gobierno saudí, debe hacer un llamamiento
urgente a que se paren estas terribles ejecuciones antes de que sea
demasiado tarde”, ha declarado a EL PAÍS Maya Foa, directora del
equipo que se encarga de la pena capital en
Reprieve, una
organización británica que defiende a condenados a muerte y a
víctimas de la tortura. Foa subraya que “ambos eran menores cuando
fueron detenidos, y no han cometido delitos. Sus juicios se
celebraron a puerta cerrada y fueron manifiestamente injustos”.
En lo que va de año, Arabia Saudí ha
consumado al menos 135 condenas a la pena capital
Ali fue acusado de participar en una protesta
ilegal y de una larga lista de delitos que, según la ESOHR, incluye
“explicar cómo proporcionar primeros auxilios a los manifestantes” y
usar su móvil para invitar a otros a unirse. Dawoud firmó una
confesión bajo tortura que ha servido para condenarle sin permitir
siquiera la presencia de su abogado.
“El Tribunal Penal Especializado –la misma
instancia que recientemente ratificó la
sentencia de crucifixión para Ali al Nimr-- confirmó la semana
pasada la condena de Dawoud, y
estableció su muerte por decapitación”, según ha informado
Reprieve.
La decapitación por espada es la forma
habitual de ejecución en Arabia Saudí, donde este año ya van al
menos 135 condenas consumadas, un
significativo aumento respecto a 2014. La más inusual pena de
“crucifixión” es una variedad de aquella en la que el cuerpo
decapitado se exhibe en público para escarnio. El último caso del
que se tiene ocurrió en Abha, la provincia de Asir, hace dos años
cuando
uno de los siete condenados por varios robos a joyerías sufrió
ese destino.
“Que Ali haya recibido esta sentencia pone de
relieve que el Gobierno saudí está tratando de dar un ejemplo”,
interpreta Alice Gillham, portavoz de Reprieve. Junto a esta,
Amnistía Internacional,
Human Rights Watch y
cuatro organizaciones saudíes de derechos humanos han denunciado
su condena.
Para los observadores, el caso contra Ali
tiene que ver con su tío el jeque Nimr al Nimr, un prominente
clérigo chií muy crítico con el régimen saudí que también está
condenado a crucifixión por “insultos al rey” y “poner en peligro la
unidad nacional”. Su ejecución corre el riesgo de inflamar los
ánimos en la Provincia Oriental, donde se concentran la mayoría de
los chiíes saudíes y también el grueso de los pozos petroleros del
reino. El ajusticiamiento de su sobrino sería una formar de
escarmentar a la familia.
Ali y Dawoud han agotado todas las vías
legales por lo que sus padres “están terriblemente preocupados, ya
que desconocen lo que va a pasar con ellos”, según Gillham. De
acuerdo con la práctica habitual de las autoridades saudíes, los dos
jóvenes pueden ser ejecutados en cualquier momento sin avisar
previamente a sus familias, ni atender a las numerosas
irregularidades de sus juicios.
Además de Arabia Saudí, sólo Irán, Yemen y
Sudán continúan ejecutando a personas que delinquieron siendo
menores, algo que prohíbe la Convención Internacional de los
Derechos del Niño que Riad ratificó en 1996. El Reino también es
signatario de la Convención contra la Tortura, a pesar de lo cual
tanto Ali como Dawoud han denunciado que se les torturó para que
confesaran.