700 TRABAJADORES Y COLABORADORES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA FIRMAN UN ESCRITO A FAVOR DE PIEDAD

Este es un fragmento de un escrito de denuncia firmado a finales de Junio 2007 por 700 técnicos de menores del Cabildo de Gran Canaria. Fue remitido, entre otros,  a las autoridades administrativas y judiciales del caso (Dirección General del Menor y la Familia y Juzgado de Familia nº 5 de Las Palmas)

EN SOLIDARIDAD CON PIEDAD Y OTROS Y OTRAS MENORES.

PARA LOS POLITICOS QUE SE VAN…

Y LOS POLITICOS QUE VENDRAN…

Los abajo firmantes, trabajadores y colaboradores del ámbito insular de la infancia en dificultad social en Gran Canaria, y

En relación al caso de la menor “Piedad” que durante demasiado tiempo ha llenado portadas de los periódicos y noticiarios y que ha tenido un trágico final para la pequeña, la familia acogente y para nuestro sistema de protección a la infancia, nos dirigimos a ustedes para exponer y manifestar lo siguiente:

Nuestro máximo rechazo, indignación e impotencia ante la decisión adoptada de reingreso en un hogar de acogida,  con consecuencias tan dolorosas como la condena a una infelicidad en Piedad como la mayor de las victimas de la ineficacia política, administrativa, judicial y técnica en este proceso.

Manifestamos nuestra solidaridad con la familia acogente -su madre- que la está defendiendo, a costa de lo que sea, ante el acoso de quien quiera quitársela, a costa de su bolsillo, de la Guardia Civil, de la Dirección General de Protección de Menores o del Juez, aunque la acusen de pertenencia, pues claro que es suya, o ¿no se la han dado?. Que nadie piense que aunque la traigan para Gran Canaria se la van a quitar y romper los vínculos creados. Animo!

Manifestamos nuestro rechazo igualmente al uso “partidario/político”, “institucional” e “interesado” de este drama humano que se hace y se seguirá haciendo dada la trascendencia y repercusión que en la propia red de atención a la infancia está provocando. Evitando por todos los medios la utilización de una niña de apenas cinco años por parte de adultos e instituciones para conseguir objetivos que distan mucho de ser loables.

En este sentido, debemos preocuparnos también por los niños que viven su infancia y adolescencia en nuestros centros, por inexistencia de recursos adecuados de apoyo a la familia, por desprotección ante la problemática de la familia y algunos están ahí porque en su día hubo un error en el procedimiento administrativo y las familias acogentes y/o adoptantes se vieron obligados a devolverlos al sistema de protección de donde no han podido salir por no contar con una familia propia que quiera o pueda hacerse responsable o simplemente, porque como demostraban todos los informes que en su día avalaron la propuesta, esa era la mejor opción para ese niño/a.

Por otro lado quién se va hacer responsable a la larga de todos los problemas psicológicos que provocaremos en esta niña y a tantos otros niños y niñas que se encuentran en esta misma situación. Esta decisión judicial está castigando a una niña que tenía que ser protegida por nuestro sistema y que, sin embargo, pasará por la peor de las posibles situaciones que podamos llegar a imaginar. Después de ser justificadamente separada de su familia biológica, alcanzar la estabilidad en el centro, mejorar y cambiar su calidad con la acogente a la cual se la retiran y vuelve a un sistema de protección donde no se le podrá ofrecer nada de lo que ya tenía, ni la estabilidad, ni el afecto ni la seguridad que había adquirido con su nueva familia.

Así mismo, tememos que esta sentencia aumente el rechazo o temor por parte de familias extensas o ajenas a esta modalidad de acogida; de lo contrario aumentará de forma considerable el acogimiento residencial como casi única alternativa de acogida, provocando todo ello maltrato institucional en la mayoría de los/as menores. 

         Por tanto, consideramos que no solo aquello referido a la infancia que crea cierto “alarmismo o tragedia social” debe generar cierta “voluntad interesada” al ámbito político. Situaciones similares existen en los hogares y menores acogidos y no por ello se ha evidenciado un interés real por parte de los/as políticos. Evidenciando sin embargo un ejemplo terrible y dramático del área de menores y la mala gestión de sus responsables y el incumplimiento de sus compromisos que adquieren cada cuatro años.