Diario laprovincia.es   23/03/2009

M. R. El abogado Eligio Hernández interpuso ayer el recurso de apelación contra la sentencia que condena a Soledad Perera por desobediencia grave a la autoridad judicial. El abogado y ex fiscal solicita así la nulidad del juicio por la "indefensión" causada a su defendida, pues la vista contra la madre preadoptiva de Piedad se celebró "a puerta cerrada" y esa decisión no se motivó en el correspondiente auto judicial.

Según Hernández, la actitud de la jueza María Gabriela Ramos ha supuesto la "vulneración del derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas promulgado en el artículo 24.2 de la Constitución".

El letrado también alude a Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para invocar el principio de publicidad del proceso público, que según Hernández no se respetó en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 1 de la capital grancanaria.

La sentencia fue dictada a principios de marzo e impone nueve meses de cárcel a Perera, que ya arrastra otra condenada por negarse a entregar a Piedad a su madre biológica. La niña se encuentra en la actualidad en un centro de menores de Gran Canaria, pues el proceso de integración con su madre ha fracasado.

Además, el abogado critica con dureza la actitud de la magistrada, que tacha de "prepotente y soberbia", pues "daba la impresión de que la sentencia ya estaba dictada", añade Hernández en su recurso.

También explica el letrado cómo se produjeron los hechos que han motivado la solicitud de nulidad. En concreto, Hernández reclamó a la magistrada que el agente judicial abriera las puertas para que el juicio se celebrara en audiencia pública, pero ésta respondió que ya había dado instrucciones. Luego el agente "cerró la puerta con llave e impidió la entrada a todos los ciudadanos y a los numerosos medios de comunicación que pretendían asistir a la vista".

El abogado agrega que esa situación generó un "problema de orden público", pues la magistrada solicitó la presencia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que presta servicio en la sede judicial. Hernández no protestó en el acto para no generar más tensión, dado que había formulado la citada reclamación al principio del juicio.

El letrado también cuestiona que el secretario no recogiera en el acta del juicio la reclamación efectuada ni los incidentes ocurridos a la puerta de la sala de vistas.

De hecho, el ex fiscal general del Estado reclama a la Audiencia Provincial de Las Palmas que celebre una vista para resolver el recurso de apelación, interesando para ello que se practiquen nuevos medios de prueba. Entre ellos solicita que se recabe un informe al secretario del juzgado sobre todas las incidencias ocurridas durante el juicio, en concreto sobre la celebración a puerta cerrada y sobre la inexistencia de un auto motivado que justifique tal decisión.

También pide Hernández que la Dirección General del Menor aclare si Piedad fue declarada en desamparo pocos días después del juicio, incluso solicita un informe que recoja la situación de la niña desde que fue entregada a su madre el día 10 de mayo de 2007.

El objeto de esa última diligencia de prueba es fundamentar las eximentes de la responsabilidad criminal que el letrado plantean en el recurso, las cuales están pensadas para el caso de que el tribunal de apelación no estime la nulidad requerida.

Hernández también alega que el juzgado grancanario no era competente para juzgar a Perera, pues los hechos se produjeron en Tenerife y debieron ser instruidos por un juzgado de esa Isla, incluso sostiene que Perera ya fue enjuiciada por ello.

Texto íntegro de la apelación