“Piedad” y el Estado de Derecho

AGAPITO DE CRUZ FRANCO

 29/11/2008

Ha tenido que ser PRODENI, quien, desde la península, informara tanto a la familia acogente como a la sociedad canaria, del tremendo fracaso de la Justicia y de los servicios de protección al menor del Gobierno de Canarias, en relación con el caso “Piedad” de La Orotava. ¡Vaya cercanía al ciudadano, la de los políticos que siempre hablan de transparencia informativa!

Retirada a su madre biológica a los siete meses de nacer, “Piedad” pasó sus tres primeros años en dos centros de menores hasta que fue dada en acogimiento preadoptivo. Durante tres años más consolidó una estabilidad vital y emocional dentro de una familia que hizo suya. De pronto y ante una demanda de la madre biológica, fue separada de la familia donde ya había rehecho su corta vida. Ingresada nuevamente en un centro, meses después sería entregada a la madre biológica. Un año con esta, ha terminado con la criatura entregada por cuarta vez y con transtornos físicos y de carácter a un centro de menores.

 De escándalo. Y más, cuando sigue en marcha el proceso judicial abierto a la familia acogente, acusada de obstrucción y desobediencia a la justicia. Situación, que ha sembrado su decisión por ayudar en esta causa humana y social, de multas, condenas y nuevos juicios como el previsto para febrero de 2009. Todo, por reivindicar el derecho de la menor a ser escuchada y hacer valer informes técnicos y profesionales contrarios a la separación de la menor de la única familia que había tenido en sus 6 años de vida. Los informes psicológicos, forenses, médicos y pedagógicos del Gobierno y de los Hospitales afirmaban que con la decisión de despegarla de la familia adoptiva se iba a exponer a la menor a un grave riesgo, sufrir un retroceso y adquirir problemas psico-sociales de conducta además de una regresión. Todo ignorado por quienes ahora debieran reconocer su error y poner en práctica principios como el del interés superior del niño, y su derecho a participar.

Porque, guárdame un cachorro con la gestión institucional habida. Si la incompetencia fue el común denominador hasta la separación de Piedad de su familia preadoptiva, la siguiente fase clama al cielo en cuanto a informes y seguimiento de la menor se refiere: “ Entre el 10 de Mayo de 2007 y su vuelta a un centro de acogida a finales del mes pasado –dice PRODENI-, el trayecto de esta niña está sembrado de silencios y absoluta opacidad”.

Alguien tiene que hacer algo y poner en su sitio a quien corresponda. El Ayuntamiento de La Orotava, el Cabildo de Gran Canaria y el Parlamento Autónomo que dieron en su momento apoyo institucional y se inhibieron después al entrar el conflicto en el terreno de la vía judicial, tienen la obligación de intervenir. Por el bien de la menor, por los derechos de la familia acogente, para que el optimismo y la seguridad vuelvan a cualquier ciudadano o ciudadana que decide adoptar a un menor, por una sociedad que observa atónita cómo se puede dar al traste con una vida, y porque esa sociedad les ha votado y necesita respuestas.

¿Hasta cuándo casos tan graves como el de “Piedad” van seguir siendo atendidos por un juez o jueza de lo penal y sustituta, y no de lo familiar, al llegar a un Tribunal de Familia como el de Primera Instancia nº 5 de Las Palmas?

¿Hasta cuándo el niño y la niña van a seguir siendo meros objetos jurídicos, en lugar de sujetos de derechos como ordena la Convención del Niño ratificada por el Estado español?

¿Hasta cuándo la Ley del Menor va a seguir siendo una ley menor y la Dirección General del Protección al Menor y la Familia un caos?

¿Hasta cuándo las Instituciones municipales, insulares y autonómicas aquí enunciadas van seguir mirando, en situaciones como esta, para otro lado? ¿Es que las personas –incluido niñas como Piedad- ¿no son acaso más importantes que los proyectos urbanísticos o cualquier caso de presunta corrupción con salmonelosis o sin ella?

“¿Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” Ciceron dixit.

Vivimos en un Estado democrático de derecho. Hay una Constitución que nos ampara. Los poderes judicial, ejecutivo y legislativo deben equilibrarse. Menos cócteles festivos con motivo del 6 de diciembre y más responsabilidad. ¿Democracia o burocracia?  ¡Ya está bien!