PRODENI

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SAN BORONDÓN
 
Revista Digital
Canarias

 


Que promueva las acciones oportunas en relación al caso PIEDAD

 

PRODENI se dirige al Fiscal Jefe de Las Palmas de Gran Canaria para que promueva las acciones oportunas en relación al caso PIEDAD


 

 
 

martes, 17 de febrero de 2009

 

SB-Noticias.-

Recogemos a continuación de forma íntegra el escrito dirigido por  José Luis Calvo Casal, Portavoz de la asociación PRODENI (Pro Derechos del Niño y la Niña) de ámbito nacional y de Utilidad Pública, al Fiscal Jefe provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Guillermo García-Panasco Morales:

Que respecto a la niña PIEDAD esta asociación viene manteniendo una constante preocupación ante las instituciones porque considera que no se ha logrado la pretendida normalización de su retorno a la parte biológica, a pesar de lo que diga la Entidad Pública de Protección de Menores del gobierno canario, y lo manifestado por esa Fiscalía a través de un medio de comunicación a finales de Noviembre de 2008.  

Que, por lo mismo, con fecha 3 de Diciembre del pasado año, remití escrito vía fax a Fiscalía de Las Palmas apuntando las razones, los hechos o las pruebas por las que sostenemos que no se ha producido la referida normalización, y que no se puede hablar de una favorable evolución de la niña con su madre biológica cuando en ningún momento ha dejado de intervenir el servicio de Protección de Menores en labores ininterrumpidas de apoyo, incluso hasta para llevarla o traerla del colegio, con la circunstancia agravante de la lamentable vuelta de la niña a un centro de menores en el que todavía permanece en contra de lo publicado por el Diario La Provincia, que el 16 de Enero afirmaba que había sido devuelta a la madre.

Que hace dos meses, en respuesta a mi escrito, esa Fiscalía inició el expediente nº 58/2008, comunicándole a PRODENI que tras su estudio y valoración se le daría cuenta del resultado, del que seguimos a la espera.

Que en tanto seguimos a la espera volvemos a insistir en que la interrupción de la convivencia de PIEDAD con su madre biológica, con ingreso de la menor en un centro el 31 de Octubre de 2008, muy cerca ya de que se cumplan cuatro meses, no se debió únicamente a una cuestión de precariedad económica, pues sabemos de la existencia de problemas estructurales que condicionan la capacidad de esa persona para lograr alguna vez una normalización que le permita poder atender y cuidar adecuadamente a alguien a su cargo, de lo que ni siquiera es capaz ahora a pesar del extraordinario interés que la institución ha puesto.  

Que todo indica que lo que PIEDAD está sufriendo por el simple hecho de ver su vida reducida y degradada a las paredes de un acogimiento residencial -el cuarto en sus siete años de existencia- supone ya en si mismo una experiencia traumática donde las haya, que choca frontalmente con cualquier intento de minimizar o relativizar semejante situación achacándola a un simple incidente familiar, o puntual; y que no hay que ser ningún experto para darse cuenta de lo que puede suponer de regresión en todos los órdenes de estabilidad emocional y evolución madurativa; de falta de seguridad y de confianza, y de inevitables trastornos de conducta y psicológicos que arrastrará en el futuro, por lo que no debe extrañar que pensemos que el que se minimice o relativice lo que está pasando PIEDAD sea un insulto a la biología, a la psicología y a la  más elemental humanidad.

Que es público y notorio que se trata de una niña a la que una decisión judicial, con el visto bueno del Ministerio Fiscal, ha cortado de raíz toda relación con el mundo rico y afectivo que le obligaron a dejar, contraviniendo dicha acción principios elementales de básica humanidad en atención a un surrealista y delirante “beneficio de la menor”; de igual modo que se la mantiene incomunicada de aquel mundo en una especie de limbo existencial a través del brazo ejecutor del Servicio de Protección de Menores, también “en su beneficio”, circunstancia que a su vez le pasará factura.  

Que al ser nuestro ordenamiento jurídico plenamente garantista al disponer el carácter prevalente del interés superior del niño y la atención a “las necesidades de los menores como eje de sus derechos y de su protección” (en grado superior, recalcamos, a cualquier otro interés de parte) está claro que han tratado injustamente a PIEDAD quienes han sido responsables de que se antepusieran los intereses y necesidades de la madre biológica a los de la hija, que no fue tenida en cuenta ni escuchada, soslayando la Convención sobre los Derechos del Niño y rebajando su condición de persona titular de derechos a simple objeto material o cosa; algo que estamos seguros, PIEDAD, habrá de entender y valorar algún día, tal como ahora lo entendemos y valoramos los que creemos en la justicia y todos los que creyendo en los derechos del niño, discrepamos profundamente de un procedimiento cuyos efectos saltan a la vista al haber sido perjudicada la menor, víctima de un maltrato institucional continuado.     

 Que en razón al modo como se está llevando este asunto, tiene todo el sentido pensar que la institución procura seguir fiel al principio del “sostenella” y “no enmendalla”, invisibilizando el fracaso aunque para ello se haya de sacrificar a PIEDAD, dando la impresión de que la Entidad Pública pasa la mano sobre los principios básicos que definen la protección y el amparo de los menores con tal de que la niña encaje con su madre biológica bajo el paraguas judicial y la complacencia de la Fiscalía, para quienes, en su conjunto, podría resultar inaceptable la constatación y el reconocimiento de una equivocación que llevaría parejo la crítica y el descrédito profesional e institucional. Es decir, es como si en el fondo se viesen condicionados a llevar hasta el extremo la pretensión de normalidad para que nada de lo sucedido sea cuestionado aunque a costa, como queda dicho, de la felicidad de la niña.  Por ello, no nos coge de sorpresa que por fuentes internas del caso nos lleguen algunos indicios de contradicción, pues si, por una parte, parece  que la base técnica cercana a la niña percibe (y no desde ahora) la carencia de idoneidad de la madre y las dificultades insuperables de ese encaje, por la otra, se desvía la atención.  

Que debemos resaltar que dicha contradicción entre la versión oficial y la realidad personal de la menor cabalga entre sombras de duda y sospecha que viene generando una actuación poco transparente y oscurantista del trato institucional a la niña desde que fue retirada de la parte preadoptiva, pues aparecen indicios e incluso certidumbres de un tratamiento diferenciado del empleado con los demás niños y niñas bajo tutela administrativa, en cuanto que en PIEDAD se está priorizando, sobre sus intereses y necesidades, los de la parte biológica, a los cuales han sido supeditados los suyos.  

Que hay constancia de que mientras estuvo interna en la Casa Cuna de Santa Cruz de Tenerife su tratamiento no fue dirigido por el propio cabildo insular, sino por la Dirección General de Protección del Menor del gobierno canario, como lo viene haciendo con ella en la actualidad, decidido a que la entrega a la madre biológica se produjera cuanto antes, por lo cual, según parece, se sometió a presiones al equipo técnico de base que trabajaba con la niña, a pesar de supuestos informes negativos y de alguna suspensión de las visitas que, al parecer, se produjo en beneficio de la menor.

Que consta también que la cúpula de “Menores” del gobierno canario no trasladó al Juzgado nº 5 de Familia de Las Palmas ningún informe sobre la evolución de PIEDAD durante el período entre Junio – Octubre de 2007, tal como así lo indica la titular del juzgado en una providencia de 23 de Enero de 2008, donde reitera una petición no satisfecha de reclamación de los informes, siendo esta una cuestión a destacar, pues en dicho período han podido ocurrir ciertos hechos que pueden poner en duda la “limpieza” del proceso, no ayudando en nada a su esclarecimiento la ocultación de los informes, en especial lo que se haya aportado por el equipo educativo de la Casa Cuna.    

Que en el auto de Ejecución de la sentencia de entrega de PIEDAD a la parte biológica nº 70/2008, de 15 de Febrero, se constata asimismo una nueva contradicción, al exponer la titular del juzgado que la Dirección General de Protección del Menor ha dispuesto continuar directamente con el seguimiento de PIEDAD y de su madre biológica, puenteando a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas a pesar de que en la misma resolución se dice que la integración de ambas ha sido perfecta y altamente satisfactoria, lo que no deja de sorprender porque, en ese supuesto, no habría porque adoptar la excepcional medida de puentear a los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Que resulta paradójico que bajo esa versión de “altamente satisfactoria” el Servicio de Protección de Menores nunca haya dejado de intervenir directamente, “apuntalando” la relación, incluso en labores de llevar y traer a la niña del colegio, por supuesta incapacidad de la parte biológica, en un servicio de apoyo que al año y medio de la entrega se había cronificado.

Que, sin embargo, lo que ha hecho saltar todas las alarmas ha sido la noticia de que PIEDAD había vuelto a un centro de menores, el cuarto en sus siete años de vida, en el que fue ingresada el 31 de Octubre  de 2008 al parecer por problemas de convivencia de la madre biológica con la abuela y al encontrarse sin vivienda, por lo que solicitó a “Protección de Menores” el ingreso voluntario de la menor; circunstancia que referida a PIEDAD es absolutamente relevante, porque afecta a la línea de flotación del intento institucional de dar carpetazo a la entrega, pretendiendo una normalización que nunca había existido y que ahora queda en evidencia. Sin embargo, la reacción institucional es hacer creer que se trata de algo puntual sin mayor trascendencia, despreciando los perversos efectos que el reingreso de PIEDAD tendrá sobre su persona, así como la vuelta con su madre biológica, algo previsible debido a la persistencia del gobierno canario en hipotecar la infancia y futuro de la niña, cerrando puertas a cualquier otra alternativa, a pesar de los esfuerzos de aquella por hacer méritos en contra de la convivencia con su hija, por la endémica incapacidad que arrastra desde hace años.

Que en función del guión establecido por la Dirección General de actuar directamente en el control del caso PIEDAD (tal como al parecer sucedía desde los tiempos en que la niña estuvo en la Casa Cuna de Santa Cruz de Tenerife) todas las evidencias apuntan a que, en esta ocasión, se está puenteando al Cabildo de Gran Canaria, lo que no encaja en absoluto con las pretendidas muestras de normalidad que la Entidad Pública proclama, privando ahora de su competencia al Cabildo Insular de Gran Canaria, como antes se hiciera con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas, y, como queda dicho, también con el Cabildo Insular de Santa Cruz de Tenerife.

Que, igualmente, a pesar de los estrictos controles y de que la Jefatura de Servicio de la Entidad Pública cubre todos los espacios y estrecha el cerco de la intervención en la gestión del caso PIEDAD, hay firmes sospechas de la existencia de diferentes versiones entre la base técnica y la cúspide política de la institución respecto a la idoneidad y normalización de la madre biológica, pareciendo que la intención final es pasar la mano sobre cualquier informe negativo, como, al parecer, ya se hizo en su día con el fin de agilizar al máximo la entrega de la niña, aunque para ello se tenga que pasar por encima del “cadáver” afectivo, psicológico y madurativo de la pobre PIEDAD.

Que tal como se viene exponiendo debemos pensar que en la actuación de la Dirección General del Menor y la Familia “no es oro todo lo que reluce” e igualmente válida la alusión  a que “aquí hay gato encerrado”, expresiones, ambas, cargadas de suficiente entidad semántica como para que todos nos entendamos; añadiendo que, de seguir así, los daños que ahora padece esta niña se volverán crónicos e irreversibles; por eso desde esta asociación no nos cansaremos de pedir la mayor transparencia posible y la intervención del Ministerio Fiscal, siempre en beneficio de su interés superior, porque navegar entre las sombras y actuar puenteando servicios, y desentendiéndose de los verdaderos intereses y necesidades de PIEDAD, es hacer un flaco servicio y un injusto castigo a la menor, pero también a los principios por los que la institución está obligada a regirse.          

Que debido a la alarma social y mediática suscitada e, incluso, por su trascendencia jurídica, PIEDAD se ha convertido en un caso emblemático, como antes ya lo fuera el de DIEGO, el niño de El Royo, una víctima condenada a permanecer en centros de menores hasta su mayoría de edad por la gracia y desgracia de la actuación judicial y fiscal; siendo posible que a la sombra de la niña canaria ahora se promuevan determinados cambios legislativos para reforzar la correcta aplicación del principio del interés superior del niño e impedir que se cuelen en la práctica procesal interpretaciones perversas del mismo. Esto es algo que venimos percibiendo y ya tenemos noticia de alguna iniciativa al respecto que se está gestando en las Cortes Generales, en clara sintonía con quienes venimos insistiendo que aquí se vulneraron los derechos de PIEDAD. Por consiguiente, es posible también que en un próximo futuro no vuelvan a repetirse sufrimientos añadidos a decisiones equivocadas como la presente.  

Que a su vez es absolutamente necesario que el Ministerio Fiscal lleve a efecto la imprescindible unificación de criterios en torno a los principios consagrados que disponen las leyes a favor de la infancia y que la Fiscalía actúe, cuando deba actuar, defendiendo lo mismo en Ciudad Real que en Las Palmas de Gran Canaria; o en Granollers que en Vila García de Arousa, pues en la actualidad se producen frecuentes muestras de dispersión y contradicción en los criterios empleados, pudiendo encontrarnos en Las Palmas de Gran Canaria con una Fiscalía que no vela por los intereses de una niña, o que los malinterpreta o supedita a los de parte, y en Toledo con otra Fiscalía para quien los intereses de una niña de edad parecida a la de “PIEDAD” prevalecen sobre los de una madre biológica demandante.

Que en atención al caso “PIEDAD” hay otro aspecto que aquí llama poderosamente la atención, y es el rigor con que se está empleando la acción de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria para castigar la supuesta desobediencia de la madre preadoptiva, Doña Soledad Perera, una señora a la que nunca se quiso escuchar, pues ni siquiera siendo parte en el procedimiento se la citó, privándola por ello de defender sus intereses en el juicio civil celebrado en primera instancia. Una señora,  cuyo único afán consistió en protegerla utilizando los medios legales a su alcance para ampararla de una separación de la que estaba convencida iba a salir perjudicada, pronosticando temores que el tiempo se ha encargado de confirmar; no por un interés particular y un afán egoísta, únicamente por amor a la niña, por pura y noble protección; no pudiendo eludir en aquel tiempo la responsabilidad de actuar como lo hizo ante un ser tan vulnerable a sabiendas del daño que se le iba a ocasionar, imbuida como estaba, o mejor dicho, sometida, Doña Soledad, a una fuerte pulsión emocional que le anulaba cualquier fría racionalización de prescindir por imperativo legal del altísimo sentimiento de humanidad y amparo que la embargaba, siempre con la esperanza de ver logrado algún éxito en cada uno de los recursos que interponía para evitar, como decimos, el drama o perjuicio que caería sobre la niña si la medida se llevaba a efecto.

Que el próximo día 26 se celebra juicio contra Doña Soledad Perera en Las Palmas de Gran Canaria en el Juzgado de lo Penal nº 1,  imputada de un delito de desobediencia por la que se le pide un año de prisión, ejerciendo la acusación, por un lado, el Ministerio Fiscal, y por otro la madre biológica de PIEDAD, dándose la circunstancia de que Doña Soledad ya fue condenada por ese delito hace ahora un año y de que está incursa en dos nuevos procedimientos abiertos por lo mismo, con lo que, de seguir así, podría ingresar en prisión y verse condenada hasta cuatro veces, porque la Fiscalía no ha querido que se unificara en un solo acto lo que fueron supuestos actos de desobediencia sucedidos en una misma secuencia ininterrumpida de un trepidante procedimiento.

Que a su vez resulta llamativo que vaya a participar como acusación la causante de que PIEDAD haya vuelto a un centro de menores, o sea, la madre biológica. La misma que en su día hizo que su hija pasase más de tres años en centros de acogida… La misma que cuando hace más de un año se la entregaron no ha sido capaz de normalizarse y dejar de depender de los servicios de Protección de Menores, lo que nos induce a preguntar  ¿Con qué autoridad moral o calidad de méritos se presenta quien no sabiendo cuidar de su hija pretende la condena de la persona que más la quiso, la que más la protegió y la que le dio el único espacio y tiempo de felicidad en una verdadera familia?  Llamativo y patético, porque habrán de verse frente a frente acusación y acusada; o sea, quien tiene a la niña en un centro de menores y no es capaz de normalizarse, y quien por haber actuado bajo imperativo biológico de amor y protección arrostra injustas consecuencias de haber luchado precisamente para evitarle lo que le está pasando.

Que  no cabe otra cosa que pensar que lo que aquí ocurre parece un acto de  ajuste de cuentas judicial más propio de un sistema islámico de sharia que de un moderno ordenamiento jurídico occidental, y todo para hacerle pagar con creces la soberbia, o no se qué, de haber aguantado hasta el límite en la defensa de la niña. A tal efecto puede que así se explique la decisión del Ministerio Fiscal de situar en piezas separadas diversos incidentes de supuesta desobediencia, porque de ese modo se la podrá condenar varias veces y garantizar su ingreso en prisión, frenando cualquier derecho a la condicional, cuestión que habrá de causar el lógico estupor y escándalo en una ciudadanía que no acaba de entender como es posible que un sistema garantista como el nuestro provoque la desgracia de PIEDAD y la ruina y destrucción de una familia, a la que no se le reconocen, o no se le quieren reconocer,  las circunstancias atenuantes de especial conmoción que motivó cada uno de los incidentes que se hubieran producido dentro del mismo procedimiento, con el único afán, sin duda alguna, de proteger a la menor de un mal previsible que, por desgracia, se ha venido a confirmar, y que apoya, justifica y refuerza la razón del comportamiento de Doña Soledad.    

Que esta apreciación de que Doña Soledad no se merece lo que le está cayendo se sostiene, además, por el hecho de que ella ha sido la perjudicada de una Administración que puso en sus manos a una niña que llevaba tres años y medio en centros de menores desde los siete meses de edad y que precisaba el cuidado y atención de una familia, que su madre biológica no le daba, ni tampoco ningún otro miembro de la familia extensa, tal como hoy sigue sucediendo, pues, como está probado, la carencia de estabilidad no la compensa ningún otro familiar, viéndose obligada a residir en un centro de menores, pues aunque tiene familia biológica, ninguno de sus miembros mantiene relación alguna con la madre, quien sólo se relacionaba con la abuela de la niña y ahora ni con ésta después de que ambas llegaran a la conflictiva ruptura que fue parte de la causa del ingreso de PIEDAD en un centro de acogida.

Que se puede asegurar que Doña Soledad se vio envuelta en una acción judicial que ella no buscó, y que fue estimulada por el apoyo de la Entidad Pública que durante gran parte del procedimiento también defendió que PIEDAD siguiera en La Orotava, dándole seguras expectativas de que la demanda de la madre biológica no iba a prosperar… hasta que los acontecimientos se fueron disparando en medio de una fuerte tensión que conmovió y solidarizó a muchos ciudadanos, incluso a instituciones –  Ayuntamiento de La Orotava y Cabildo de Gran Canaria-  Y que también es cierto que durante todo ese proceso fue mucha la tensión y el sufrimiento vividos en la familia, en especial por Doña Soledad que hizo el supremo esfuerzo de conseguir que lo que estaba pasando no perturbara a la niña. Y es por todo ello que sostenemos que Doña Soledad ya ha pagado con creces el haber abierto la puerta de su corazón a una niña inocente y desvalida, dejada de la mano de su madre biológica, esa que en su día fue la causante de la desgracia de su hija, y la misma que ahora, con su hija en un centro de menores, tiene el valor de ejercer de acusación.

Que para concluir decimos que si el juicio del día 26 sigue adelante, es decir, si por parte del Ministerio Fiscal no se produce un cambio en la postura de acusación y no se busca una salida… asistiremos a una representación surrealista propia de la escenificación de un mundo al revés, puesto que los actores que, por uno u otro motivo, han sido y aún son la causa de la desgracia de PIEDAD, aparecen unidos acusando y buscando una condena de prisión al único actor o personaje que realmente quiso y amparó a la niña, y que se vio sometido a las inevitables pulsiones de un amor que reforzó hasta lo indecible la fuerza instintiva del deber de protección; entendiendo quien suscribe que la interpretación literal de la letra de la ley despojada de la complejidad del contexto en que los hechos se explican, desviste a la Justicia de toda humanidad, y la pervierte e incapacita.

Que, por lo mismo, pido al Ilmo. Sr. Fiscal de la Provincia de las Palmas:

Que en virtud de lo aquí expuesto, promueva las acciones que considere oportuno, de lo cual quedo a la espera de sus noticias.

En Málaga, 16 de Febrero de 2009

Fdo.

José L. Calvo Casal