IOSUNE NIETO, Tenerife, 18/11/2006

¿Cómo luchar contra una sentencia que pretende retirar la custodia de una niña de cinco años, para devolvérsela a su madre biológica, a pesar de los informes técnicos de la Dirección General del Menor en contra de tal decisión?.

Con uñas y dientes o, lo que es lo mismo, con una resistencia férrea como la que muestra la familia Rodríguez (apellido ficticio) preadoptante de la niña, Piedad (también nombre ficticio), que asegura: "No vamos a entregarla, a menos que nos la quiten, porque aquí no se discute el derecho de unos adultos, sino el derecho al bienestar de una menor".

Esta máxima preside su relato de los hechos, que evita enjuiciar a la madre biológica y su capacidad, o no, actual para hacerse cargo de la niña. Sí recuerdan que la niña fue declarada en desamparo, a raíz de que pasó varios días durmiendo en la calle, ya que la madre acampó frente al Ayuntamiento de Las Palmas para quejarse por su falta de vivienda. Éste y otros problemas aconsejaron la medida.

Piedad entró en una primera casa de acogida con sólo siete meses de edad. Poco después pasó a otra y así transcurrieron tres años de su vida. Al cabo de ese tiempo, pasó al sistema preadoptivo y es el modo en que entra a formar parte de esta amplia familia tinerfeña, que la convierte en su sexto hijo.

"Llegó con déficits impresionantes, tenía problemas emocionales, respiratorios, dermatológicos y no sabía masticar", explica la madre preadoptante sobre el estado en que llegó la niña, y que los médicos atribuían a un sufrimiento psicosomático por la falta de la figura materna, agrega. "También tenía miedo cuando la llevaba al colegio de que no volviera a recogerla".

A diferencia de entonces, Piedad da muestras ahora de estar integrada y de haber mejorado su salud. No porque lo diga su familia preadoptante, sino porque así lo garantiza la Dirección del Menor.

Lo narrado sería el principio de un final feliz, sino fuera porque el Juzgado Número cinco de Las Palmas admitió a trámite la demanda del derecho de visitas de la madre biológica, "pero la jueza va más allá y concede a la madre lo que no se había pedido en la demanda inicial", dicen los Rodríguez.

Puesto que los padres preadoptantes tienen derecho a ser parte del procedimiento, piden personarse en el juicio, "pero se celebra -en abril de este año- sin nosotros", lamenta esta familia, que encuentra una "obcecación peligrosa" en la sentencia, "que no se corresponde para nada con los expedientes judicial y administrativo".

De hecho, la Dirección General del Menor emite un informe para rebatir la posibilidad de que la niña vuelva con su madre biológica, y las consecuencias negativas que eso puede tener, así como porque no se ha escuchado ni a los padres preadoptantes ni a la niña. "Pero su óptimo estado de bienestar no es atendido y sólo se defiende el derecho de los adultos", reprocha la madre preadoptiva.

Desoídos y acosados

A partir de entonces esta familia no sólo se queja de que ha sido desoída, sino también "acosada", puesto que desde que la juez dictó sentencia a favor de la madre biológica ha puesto todo su empeño en que se ejecute.

Eso no suele ser lo habitual en una sentencia en primera instancia, advierte esta familia, como no lo es que no puedan recurrir a la Audiencia Provincial o al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, debido a que la magistrada no da traslado a otra sala del recurso de apelación.

Por ello, los Rodríguez han elevado un recurso de amparo al Constitucional, lo que, sin embargo, no ha paralizado la decisión de la juez, que persiste en ejecutar su sentencia.

Para ello, ha emitido hasta la fecha unas ocho providencias en las que reclama que la niña sea entregada en un punto de encuentro familiar para su devolución. Su empeño parece probado cuando una de las providencias la realiza en pleno mes de agosto, un mes inhábil en los juzgados.

Al menos la última de ellas está dirigida al director general de Protección al Menor y la Familia, José Luis Arregui, de quien espera que "recupere la custodia de la niña y la entregue en el punto de encuentro el próximo 6 de diciembre", con la advertencia de que "de no ser entregada, se le considerará presunto autor de un delito de desobediencia a la autoridad judicial y obstrucción a la justicia".

La misma advertencia que viene recibiendo una y otra vez esta familia, huida hasta la fecha de la "injusticia".

procedimiento

La Dirección del Menor recurre.

Fuentes de la Consejería de Empleo y Asuntos corroboraron ayer la argumentación de esta familia, y aseguraron que este departamento, a través de su Dirección General de Protección al Menor ha presentado un recurso contra la decisión del Juzgado número 5 de Primera Instancia de Las Palmas. No obstante, admiten que están obligados a a acatar la sentencia de la juez, mientras prosigue el procedimiento.

Varias asociaciones de defensa de los derechos de la infancia locales y nacionales están apoyando a esta familia. En concreto, una de ellas, y en nombre de los Rodríguez, ha interpuesto una queja ante el Consejo General del Poder Judicial "por supuesta desviación de poder en el ejercicio de la función jurisdiccional" y un recurso ante el Constitucional enfocado a los derechos de la niña, que consideran vulnerados.