Daisy Irala Toledo, quien representa a las madres de las víctimas, avisa que si la Justicia paraguaya no da garantías pueden recurrir a tribunales internacionales.
 

15 de septiembre 2020
 

 

Campamento del EPP incautado por militares paraguayos, en Concepción,
el 2 de septiembre del 2020.Twitter / Fiscalía Paraguay

Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ambas niñas de 11 años, murieron el 2 de septiembre en un polémico operativo de las Fuerzas Armadas contra un campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), ubicado en una región selvática del departamento de Concepción. A juzgar por las declaraciones del Gobierno, podrían tratarse de homicidios a manos del Estado: "Dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos", comunicó inicialmente el presidente, Mario Abdo Benítez, aunque se refería a esas pequeñas. 

Así, para saber cómo fueron las circunstancias de los decesos, debería iniciarse una investigación con todas las garantías que requiere el derecho penal. Sin embargo, la abogada que representa a las madres de las menores, Daisy Irala Toledo, le dice a RT que ya se cometieron muchas irregularidades, advierte que las autoridades intentan obstaculizar el proceso judicial y que incluso pretenden alejar a Buenos Aires del caso, porque las víctimas tenían nacionalidad argentina. 

RT: ¿Se pudo avanzar en algo con la investigación de estos posibles crímenes?

D.I.T.: No nos dejan tener ningún tipo de acceso a las actuaciones por el momento, alegando que hay procedimientos en curso, que probablemente se van a dividir las causas o que faltan apostillados de Cancillería para mi poder. Un sin número de obstáculos para acercarme a cualquier expediente o carpeta.

RT: Entonces están a ciegas, y la Justicia no te reconoce como abogada defensora. ¿El Poder Judicial les comunica qué pasa con el caso?

D.I.T.: La información no es compartida con esta representación. 

RT: ¿Cómo describirías el rol de las autoridades?

D.I.T.: El Estado paraguayo, en vez de iniciar rápidamente una causa penal para esclarecer las ejecuciones extrajudiciales de estas niñas, identificar cuáles fueron los comandos de operaciones, bajo qué orden y toda la escala jerárquica, prefirió iniciar un proceso penal contra las mamás de las víctimas, Miriam Villalba Ayala y Laura Villalba Ayala [ambas están en Argentina]. No a las fuerzas militares. El Gobierno paraguayo no tiene la intención de investigar.

RT: El Gobierno de Alberto Fernández comunicó que las menores figuran en su Registro Nacional de las Personas, confirmando que eran argentinas. Sin embargo, la administración de Abdo Benítez lo niega, y afirma que eran paraguayas, aunque no mostró evidencias de ello. ¿Qué está ocurriendo? 

D.I.T.: El Gobierno argentino ya aclaró, suficientemente, que las niñas son argentinas. Están registradas allá, nacieron allá, estaban en la escuela allá, y las documentaciones son todas legales. Paraguay insiste con que son paraguayas para justificar la ejecución, procesar penalmente a las madres y que no exista la presión de un Gobierno extranjero. Para que quede impune.

Documentos argentinos de las niñas abatidas por el Ejército de Paraguay.Daisy Irala Toledo

Si no fueran argentinas, como lo son con seguridad, su Cancillería no estaría velando por los derechos de esas niñas. Ya fueron ejecutadas otras, de 14, 16 y 17 años, arrojadas a fosas comunes, diciendo que eran de la insurgencia, y quedó impune. 

RT: Desde que se conoció el caso, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) sostuvo que hubo un "enfrentamiento". Funcionarios del Ejecutivo agregaron que se encontró parafina en una de las víctimas, argumentando así que habría disparado antes de recibir los proyectiles. ¿Qué responde a esta versión? 

D.I.T.: No es creíble que las niñas se hayan enfrentado con una fuerza armada, por el solo hecho de mirar la constitución física de las pequeñas, te das cuenta que no van a soportar ningún disparo de armas. Es imposible. Un fusil, una pistola, vos sabés el golpe que da al disparar. Una niña de 11 años, no puede.

Dudamos absolutamente de que se haya tomado una prueba de parafina. El propio fiscal dijo que no era necesario hacer una autopsia, por la forma en que murieron. Recién el sábado en la morgue, en presencia de la jueza, se retiraron los proyectiles que estaban dentro del cuerpo de las niñas. El Gobierno va a intentar justificar que tomaron pruebas, pero es mentira, desde el comienzo no tuvieron intención de ser claros en el procedimiento.

RT: Además, no te permitieron reconocer los cadáveres en la morgue.

D.I.T.: Al cónsul argentino y al hermano de las madres tampoco se les permitió el ingreso a la verificación de los cuerpos. Eso es porque estaban ocultando rastros y las formas en que se iban a tomar las muestras.

RT: ¿Por qué denunciaste faltas graves en el análisis de las víctimas?

D.I.T.: No se hizo ninguna autopsia conforme al protocolo de Naciones Unidas. Las familias debían haber sido llamadas por el Estado para presenciarlo. 

RT: Tras el operativo militar, la Fiscalía ordenó quemar las prendas que llevaban las niñas, alegando un supuesto protocolo por la pandemia del coronavirus. ¿Hay antecedentes de una práctica semejante?

D.I.T.: Ese protocolo es un invento. El propio Ministerio de Salud salió a aclarar que en casos de muerte violenta, las evidencias se tienen que guardar igual, y estableció cómo se debe hacer. Las niñas no murieron con sospechas de covid-19.

Quemaron la evidencia. Ellas no eran beligerantes, no andaban uniformadas, pero las vistieron, para tomarles la foto con los uniformes. Obviamente, después tenían que quemarlos, porque eran nuevos. Si ves en las fotos, no tenían ni manchas de sangre. No iban a tener los balazos. Y si tenían los balazos, no iba a coincidir con el cuerpo.

Lo mejor para ellos en esas situaciones, es deshacerse de la evidencia, pero es absolutamente ilegal. El Código Procesal Penal y las convenciones internacionales dicen que es fundamental la preservación de las pruebas. 

RT: También enterraron a las pequeñas rápidamente. 

D.I.T.: Sí. Después de pocas horas, tiraron los cuerpos en fosas comunes, alegando el protocolo de pandemia. Pero, el Ministerio de Salud aclaró que, en casos de muerte violenta, el cuerpo tiene que permanecer incluso por 24 horas para que se le practiquen todas las diligencias necesarias, y luego proceder al entierro. Ningún protocolo dice que se tenían que enterrar a las dos horas. Ellos querían hacerlo rápido, y lo hicieron.

RT: ¿Cómo perjudica a la búsqueda de la verdad estas prácticas estatales? 

D.I.T.: Los cadáveres, una vez enterrados, pierden información. El cuerpo de una persona muerta, en un día, tiene mucha información. Pero mintieron durante 24 horas, diciendo que eran mayores de edad. Si desde el comienzo decían que son niñas, y tienen tantos años, y esta es la característica, iba a permitir que los familiares directos reconocieran los cuerpos y trajeran un médico forense para saber qué les pasó. 

RT: Si Paraguay no da garantías, ¿van a acudir a tribunales internacionales?

D.I.T.: Los familiares de las niñas decidieron que van a llegar a todas las instancias. Van a luchar contra todas las estructuras del Estado para que estas ejecuciones no queden impunes, como está acostumbrado Paraguay, porque no es la primera ejecución. 

Leandro Lutzky