Unicef cuestiona eventual baja de la edad de imputabilidad en Argentina
4 ene 2017Unicef cuestionó hoy la idea bajo estudio
del Gobierno argentino para bajar la edad de imputabilidad para los menores
desde los 16 a los 14 años, dentro de una reforma del régimen penal juvenil.
El organismo internacional se mostró a favor del debate de una Ley de
Justicia Penal Juvenil, pero reclamó que esta "no disminuya la edad de
imputabilidad", una posibilidad que el Gobierno de Mauricio Macri anunció
hoy que tiene bajo estudio.
Unicef advirtió en un comunicado que ya la actual normativa argentina
respecto de este asunto es "incompatible" con la Convención sobre los
Derechos del Niño y recordó que el Comité de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han señalado la
necesidad de derogar el régimen vigente y aprobar una ley "acorde a los
estándares internacionales".
De acuerdo al Régimen Penal de la Minoridad vigente desde 1980, entre los 16
y los 18 años los adolescentes son punibles penalmente y, según apuntó
Unicef, "tienen menos garantías procesales que los adultos".
En el caso de los adolescentes menores de 16 años, aunque la ley vigente
establece que no deben ser penados, en algunas jurisdicciones existe la
posibilidad de que un juez dicte medidas de privación de su libertad,
"contraviniendo los estándares internacionales en materia de derechos
humanos", puntualizó el organismo internacional.
Según los últimos datos oficiales disponibles, en 2014 casi la totalidad de
los 1.305 adolescentes privados de su libertad en centros cerrados eran
varones, argentinos, mayoritariamente entre 16 y 17 años.
Unicef agrega que 82 de estos adolescentes privados de su libertad tenían
menos de 16 años.
El organismo cuestionó la escasa implementación de medidas alternativas a la
privación de la libertad, las malas condiciones edilicias de los centros de
detención, el bajo grado de especialización del sistema de justicia juvenil
así como el incumplimiento de los derechos de los adolescentes cuando están
privados de libertad.
"Avanzar en la superación de estos desafíos requiere de la aprobación de una
Ley de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad, que
cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en
materia de protección de derechos humanos, que garantice que cada
adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías",
sostuvo.
También la Procuración Penitenciaria de la Nación, organismo dependiente del
Poder Legislativo para controlar la actuación del Servicio Penitenciario
Federal, cuestionó el proyecto bajo análisis del Gobierno de Macri para
bajar la edad de imputabilidad.
El organismo recordó que Argentina es el único país de Latinoamérica que
carece de un Sistema Penal Juvenil y que el régimen vigente fue creado
durante la última dictadura militar (1976-1983) y también reclamó que el
país apruebe una nueva ley para adecuarse a los estándares internacionales
en la materia.
La Procuración Penitenciaria consideró en un comunicado que no se puede
empezar a discutir sobre qué edad es aconsejable para que el adolescente
ingrese al sistema penal sin antes garantizar "la totalidad de los derechos
y garantías" que tienen los adultos privados de su libertad "más el plus que
les corresponde" a los menores "por ser personas en desarrollo".
"Desde este organismo, abogamos por la sanción de un Régimen Penal Juvenil
que garantice a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley
penal un debido proceso y con todas sus garantías", señaló.
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