EDUARDO BARRENECHE
vie jul 11 2014
El Mecanismo de Prevención de la Tortura es una
entidad estatal de control que funciona en el ámbito de la Institución
Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). Días atrás visitó el Centro de
Internación de Adolescentes Femenino (CIAF) que hoy aloja a 35 internas.
Los técnicos del Mecanismo de Prevención
-médicos, trabajadores sociales, abogados y psicólogos- volvieron
alarmados a la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos por
las malas condiciones de reclusión detectadas en ese centro del Sistema
de Responsabilidad Penal Adolescente.
Poco después, los técnicos del Mecanismo de
Prevención contra la Tortura elaboraron un informe a la presidenta de la
Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirtha Guianze, donde le
señalaban que existía un elevado hacinamiento en el centro femenino que
violaba las normativas internacionales.
El Mecanismo de Prevención contra la Tortura, que
no realiza informes genéricos sino que analiza la situación de cada
centro que inspecciona -cárceles, comisarías o psiquiátricos-, también
detectó la existencia de malos tratos, regímenes disciplinarios que
violan convenios internacionales rubricados por Uruguay.
Los técnicos del Mecanismo de Prevención contra
la Tortura encontraron las mismas situaciones halladas por miembros de
la Institución Nacional de Derechos Humanos en una visita realizada en
diciembre del año pasado, cuyo informe fue publicado en febrero de 2014.
El documento señala que el edificio del Centro de
Internación de Adolescentes Femenino "carece de las condiciones
adecuadas para que se cumpla con el objetivo último de la sanción de
privación de libertad de las personas menores de edad". Enseguida
agrega: "El hacinamiento en general y en especial el que se observa en
las celdas del ala derecha del centro, sumado a la falta de higiene y a
la inexistencia de privacidad del espacio para realizar sus necesidades
fisiológicas, resultan violatorias de las disposiciones que establecen
los estándares internacionales y nacionales de protección a los derechos
humanos de las personas privadas de libertad".
Advierte que las internas se quejaron de la
existencia de tratos crueles o golpizas, y expresa que las sanciones
colectivas aplicadas por la conducta de una menor se encuentran
prohibidas por las Reglas de Naciones Unidas para la protección de los
derechos de los menores privados de libertad.
En un capítulo sobre recomendaciones al Sistema
de Responsabilidad Penal Adolescente, la Institución señala que la
medicación "deberá administrarse sólo por personal médico y debe
responder a un diagnóstico que indique su necesidad, en no más de 30
días".
Un informe del Comité de los Derechos de Niño,
elaborado en marzo de este año, también constató que las adolescentes
internadas en el Centro estaban medicadas en "forma excesiva. No podían
mantenerse de pie".
El integrante del Comité de los Derechos del
Niño, Juan Fumeiro, dijo a El País que en el Centro de Internación de
Adolescentes Femenino había "un exceso de arbitrariedad" y agregó que
las educadoras llegaban, inclusive, a "intervenir en la correspondencia
que enviaban y recibían las internas" de sus familiares.
Tras advertir que el centro femenino era "uno de
los peores" del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, Fumeiro
dijo que el funcionamiento de dicho establecimiento "no cambió desde
marzo hasta ahora. La gestión del establecimiento es pésima".
Mejoras.
El presidente del Sistema de Responsabilidad
Penal Adolescente (Sirpa), Rubén Villaverde, dijo a El País que conocía
el contenido del informe del Mecanismo de Prevención de la Tortura sobre
el Centro de Internación de Adolescentes Femenino.
"Estamos trabajando con la Institución de
Derechos Humanos para mejorarlo", agregó.
Villaverde se reunió el martes 1° con Guianze
para establecer un régimen de trabajo con el objetivo de mejorar el
funcionamiento del hogar femenino.
En relación a los problemas edilicios del centro
femenino detectados por los técnicos del Mecanismo de Prevención,
Villaverde dijo que está en marcha una obra ubicada al costado del
establecimiento que disminuirá el hacinamiento.
"Estamos de acuerdo con la Institución de
Derechos Humanos que hay que mejorar la capacidad de plazas del centro",
dijo Villaverde. Agregó que el compromiso del Sistema de Responsabilidad
Penal es cumplir con las recomendaciones efectuadas por la Institución
referidas a las condiciones de reclusión y al hacinamiento que sufren
las internas.
Con respecto a denuncias de sobremedicación de
las internas, Villaverde replicó que los fármacos son proporcionados
mediante órdenes de médicos psiquiatras. "Ahí atendemos las palabras de
técnicos", insistió.
El miércoles 2, un grupo de madres de internos
del hogar SER, asesoradas por la abogada Sandra Giménez, denunció la
existencia de malos tratos y golpizas en ese centro en la Comisión de
Derechos Humanos de Diputados.
Villaverde dijo que resolvió el 13 de junio
pasado que un equipo interviniera el hogar SER. "Ahora se busca
estabilizar el sistema y que cese la intervención en ese centro. La idea
es que ese hogar se maneje en forma similar a otros existentes en la
Colonia Berro y en Montevideo", agregó.
Tras recalcar que las golpizas no son una
práctica común en el sistema, Villaverde destacó que, en estos últimos
tres años, se logró que casi no existieran fugas de los hogares. Agregó
que, con la incorporación de unos 500 funcionarios, se logró llevar
adelante programas educativos y laborales que mejoraron el
relacionamiento y las perspectivas de los internos.
Denuncias al INAU: citan otra vez a
Olesker a una comisión
La Comisión de Población de la Cámara de
Diputados resolvió ayer, por unanimidad, citar al ministro de Desarrollo
Social, Daniel Olesker, para que brinde explicaciones sobre las
denuncias de golpizas presentadas por un grupo de madres de internos del
Hogar SER. El miércoles 2, las madres denunciaron en la Comisión de
Derechos Humanos de Diputados que sus hijos fueron torturados y
golpeados por funcionarios del Hogar SER.
Como el INAU depende del Ministerio de Desarrollo
Social, el diputado nacionalista Pablo Abdala planteó que Olesker debía
concurrir a sala a brindar explicaciones. La moción de Abdala contó con
el respaldo del Partido Colorado y el voto en contra del Frente Amplio.
"Mi intención era generar un ámbito de debate sobre el tema lo más
amplio posible", dijo Abdala.
La Comisión de Población solicitó a la Comisión
de Derechos Humanos que le envíe las actas taquigráficas donde las
madres realizaron las denuncias contra funcionarios del Hogar SER. "Es
antirreglamentario que una comisión declare secretas sus actuaciones",
dijo Abdala.