“Encontré casos concretos de sacerdotes que abusaron de
niños en la archidiócesis de Cracovia, donde el futuro Papa era
arzobispo. El futuro Papa lo sabía y, sin embargo, trasladó a esos
hombres. Eso dio lugar a nuevas víctimas”, subrayó el investigador.
Uno de esos depredadores fue el sacerdote Eugeniusz
Surgent, quien mantuvo correspondencia con el futuro Juan Pablo II
durante su estancia en prisión y que, tras su salida, pudo seguir
trabajando como sacerdote. Esta revelación tira por tierra los
argumentos de los defensores de Wojtyla, que sostienen que el polaco
solo comenzó a conocer casos de abusos en 1985, cuando recibió un
informe de un sacerdote estadounidense, quien le alertó de lo que, casi
dos décadas después, explotó en Boston. Las revelaciones de Overbeek
demostrarían que, ya desde la década de los sesenta, el futuro Papa
conocía de primera mano la existencia de abusos y tuvo la oportunidad de
acabar con ellos de raíz. Y que no lo hizo.
Cultura del
encubrimiento
Y es que, ante las denuncias de abusos, Wojtyla optó por
transferir a los sacerdotes pederastas a otras parroquias, o con sus
familias. En los casos más graves, instaba a los depredadores a pasar
una temporada en un monasterio. Pero no eran sancionados con la
expulsión del ministerio ni, mucho menos, denunciados ante las
autoridades. La persecución de la Iglesia polaca durante la dictadura
podría haber explicado algunas de esas actuaciones, aunque no
justificarlas. Pero las decisiones posteriores de Wojtyla, ya siendo
Juan Pablo II, confirman que la cultura del encubrimiento fue una
constante de su pontificado.
La reacción, como casi siempre, vino tarde. Tal y como
confirma Nieuwsuur, mientras Overbeek estaba dando los toques finales a
su libro, la iglesia polaca se puso en contacto con las víctimas de
Surgent, y anunció que se había decidido investigar la época. En
Polonia, han sido varios miles de víctimas las que han denunciado abusos
a menores. La Comisión Estatal creada en 2020 ha constatado cómo el 30%
de los abusos perpetrados en el país tuvieron como responsable a un
miembro de la Iglesia católica. Ni la diócesis de Cracovia ni la Santa
Sede han querido participar en el reportaje del programa holandés.
“Casi todos los documentos que se han recopilado
directamente sobre Wojtyla han sido destruidos, pero se lo menciona muy
a menudo en otros que no lo fueron. Y si los pones todos juntos, son
piezas de un rompecabezas que forman la imagen de cómo se manejó el
abuso infantil por parte de los sacerdotes”, asegura Overbeek, quien
sostiene que “el razonamiento de la Iglesia, de los defensores del Papa,
se reduce al hecho de que él no lo habría sabido (de los abusos); que
comprendió la gravedad de la situación muy tarde y que primero pensó que
era un problema de Estados Unidos. Todos esos argumentos ahora pueden
descartarse”.
La Iglesia polaca, en
tromba en su defensa
Sin embargo, la prensa católica polaca ha salido en
tromba a defender a su pontífice santo. Así, tal y como recoge
Katholich.de, el diario Rzeczpospolita, de Varsovia ha dado
recientemente un informe favorable a Wojtyla, recogiendo un caso de
abusos datado en 1970 en el que el futuro Juan Pablo II tomó “todas las
decisiones necesarias en aquel momento': expulsión rápida de la
parroquia, suspensión y orden de vivir en un monasterio hasta que se
resolviera el asunto”.
Estos medios añaden que los documentos del servicio
secreto del régimen comunista de la época “deben ser evaluados con
cautela” . Por su parte, quien fuera postulador de la causa de
canonización de Juan Pablo II, Slawomir Oder, ve las acusaciones de
encubrimiento contra Karol Wojtyła cuando era arzobispo de Cracovia como
“completamente absurdas”. Así lo ha destacado a la agencia de noticias
católica polaca KAI en una entrevista en la que confirma que todas estas
cuestiones fueron investigadas por la postulación.
Oder, quien también trabaja por la canonización de los
padres de Wojtyla, rechaza cualquier acusación de que el Papa polaco
favoreciera o escondiera bajo la alfombra los abusos sexuales a menores
cometidos por parte de sacerdotes. Para él, estas acusaciones no son más
que un intento de socavar la autoridad de Juan Pablo II que es
comparable a la “eterna lucha entre el bien y el mal”. El postulador ve
la mano del diablo que vuelve para luchar contra este Papa, que fue un
“poderoso intercesor del pueblo ante Dios”.
Lo cierto es que, junto al drama de la pederastia en la
Iglesia, subyace una cuestión mucho más profunda, y que revela la
dinámica de encubrimiento que se dio durante décadas en la institución a
nivel mundial, y
que tuvo en Juan Pablo II a su máximo exponente. Un Wojtyla que,
durante años, ni hizo caso a las denuncias de abusos contra algunos de
los máximos exponentes de la restauración conservadora tras la apertura
del Concilio Vaticano II y que amparó a pederastas tan famosos como el
fundador de la Legión de Cristo, Marcial
Maciel, al que llegó a llamar “apóstol de la juventud”.
Y es que, pese a que las acusaciones en su contra
llegaron a Roma ya en 1988 (anteriormente, en 1954, siendo Papa Pío XII,
ya habían aparecido denuncias que finalmente cayeron en el olvido), Juan
Pablo II no quiso abrir expediente alguno contra Maciel. Hoy ambos han
fallecido: el fundador de la Legión, como el mayor depredador de menores
de la historia reciente de la Iglesia; el Papa polaco, como santo
universal.
El caso de Maciel no fue el único. El líder del Sodalicio, Luis
Figari, también campó a sus anchas durante años, como lo hizo Theodore
McCarrick, uno de los cardenales más poderosos de Estados Unidos y al
que Francisco arrebató la púrpura y hoy está siendo juzgado por
tribunales norteamericanos.
Los Legionarios de Cristo tardaron más de tres décadas en
reconocer los abusos de su fundador, protegido como en el caso de
McCarrick por Juan Pablo II y su fiel secretario Estanislao Dzwisz, que
hace pocos meses fue absuelto en una investigación sobre abusos en
Polonia que amenazaba con implicar al propio Papa polaco.
La contrapartida, en ambos casos, era evidente: una
fuerte financiación proveniente de México y Estados Unidos, y nuevas
vocaciones sacerdotales para el proyecto de involución en la Iglesia
católica. Roma cumplió, ninguno pisó la cárcel. El último ejemplo, el de
los abusos de Nicola Corradi en el Instituto Próvolo de La Plata,
declarados prescritos por la Justicia.
En otros casos, como el de Fernando Karadima, uno de los
formadores de buena parte del episcopado chileno, y abusador impune
durante años, terminaron por juzgarse. Otros no corrieron con tanta
suerte. Cuando en 2002 estalló el escándalo por la investigación del Boston
Globe, que reveló miles de casos de pederastia y que llevó a la
bancarrota a media iglesia católica de Estados Unidos, el
cardenal de Boston, Bernard Law, dimitió de su cargo pero, en lugar
de afrontar sus responsabilidades, viajó a Roma… y nunca regresó. La
Santa Sede, primero con Juan Pablo II y después con Benedicto XVI,
denegó las peticiones de extradición de la justicia norteamericana, y
acabó muriendo entre los muros vaticanos.
Ratzinger, al
banquillo
Wojtyla no es el único Papa acusado de encubrimiento. El
mismo
Benedicto XVI tendrá que declarar en las próximas semanas acusado de
haber amparado a un cura pederasta cuando era arzobispo de Múnich, y se
convertiría en el primer pontífice en sentarse en el banquillo por su
potencial responsabilidad en los abusos de la Iglesia.
La polémica estalló en 2016 a raíz de las acusaciones de
abusos contra el sacerdote Peter Hullermann, trasladado a la diócesis
pastoreada por Ratzinger tras ser encontrado culpable de abusos en
Essen. Ahora ha llegado a los tribunales, que tratarán de dilucidar si
el Papa emérito aceptó la llegada del cura sabiendo las razones de su
traslado, y determinará las posibles consecuencias civiles y penales de
su posible encubrimiento. Ratzinger, de 95 años, en ningún caso podría
entrar en prisión.
PRODENI