En una reunión del
ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con el presidente de la
Conferencia Episcopal, Juan José Omella, el socialista le trasladó la
"preocupación" del Gobierno sobre los casos de abusos sexuales a
menores. Pero no pasó de ahí hasta que
el duro testimonio del escritor Alejandro Palomas llevó a Pedro
Sánchez a mover ficha. Tras una conversación telefónica con el
novelista, el presidente del Gobierno se comprometió a reunirse con
víctimas de abusos sexuales, un encuentro que está pendiente de fecha
por
el viaje que Sánchez va a emprender a Emiratos Árabes Unidos, aunque
la intención de Moncloa es que sea esta misma semana. Para entonces el
Gobierno pretende tener preparada la respuesta sobre cómo llevar a cabo
esa investigación.
En paralelo a estas
gestiones, la Fiscalía ha abierto su propia investigación, según
ha adelantado El País y ha confirmado elDiario.es. El ministerio
público ha pedido a las fiscalías superiores de todas las comunidades
autónomas que le remitan todas las denuncias y querellas que se estén
tramitando sobre agresiones y abusos sexuales a menores en instituciones
religiosas. Esta decisión ha provocado "indignación" en el seno de la
Conferencia Episcopal, que no la conocía previamente. Fuentes
episcopales han manifestado a elDiario.es su sorpresa y creen que la
investigación tiene poco recorrido.
Esta iniciativa de la
Fiscalía no sustituye a la que está analizando el Gobierno. "La
actuación de la Fiscalía General del Estado en relación a la
recopilación de procedimientos penales en tramitación sobre agresiones y
abusos sexuales a menores en instituciones religiosas, se enmarca en el
ámbito de su autonomía y de sus competencias. Esas actuaciones no agotan
las medidas que el Gobierno está estudiando para esclarecer los hechos e
impedir que vuelvan a repetirse. Estas medidas podrán incluir
iniciativas parlamentarias", ha señalado la Secretaría de Estado de
Comunicación en un comunicado tras conocerse la decisión del ministerio
público. "Seguimos viendo la mejor opción. Lo vamos a hacer y lo haremos
bien", afirman fuentes gubernamentales.
Los socialistas ya han
dado un paso al
avalar la tramitación de la comisión de investigación impulsada,
entre otros, por su socio de Gobierno. Es un primer trámite meramente
formal aunque en el partido no convence el formato ni el contenido
planteado por Unidas Podemos y el resto de grupos. El PSOE no descarta
terminar apoyando la puesta en marcha de ese órgano parlamentario, pero
se inclina por modificar la fórmula para evitar que un asunto tan grave
acabe banalizándose en el toma y daca parlamentario.
Las fórmulas posibles
y el bloqueo de los obispos
Una de las fórmulas
alternativas que está sobre la mesa es impulsar una comisión con
expertos independientes "de prestigio" en la línea de lo que ha
planteado el PNV, que tampoco ve en el Congreso el marco adecuado, e
involucrar al Parlamento de alguna forma o incluso presentar su propia
propuesta de comisión de investigación pero en términos distintos a los
de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. Fuentes socialistas apuntan a que
tendrán la decisión tomada para el momento en el que la Junta de
Portavoces del Congreso tenga que decidir si incluye la petición de sus
aliados en el Pleno para así poder justificar el sentido de su voto.
Unidas Podemos ha
intensificado la presión este lunes al reunirse con víctimas de abusos
que
han instado a socialistas y nacionalistas vascos a secundar la
iniciativa: "Se está con las víctimas o con los victimarios. Con las
víctimas y el Papa o los victimarios y la Conferencia Episcopal",
informa Íñigo Aduriz.
Los obispos están
decididos a no ponerlo fácil: se quejan de una campaña política y
mediática, que se ha agravado tras la fallida escenificación de un
acuerdo Iglesia-Gobierno en el conflicto de las inmatriculaciones. Pese
a que por el momento no hay prevista una toma de postura oficial, el
portavoz de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, denunció "un
uso mediático, un uso político en estas últimas horas". "Eso nos
preocupa [....] nos parece especialmente doloroso que se pudiera
utilizar, incluso, la situación de las víctimas en la disputa política,
en la confrontación propia del Parlamento o de la vida social y política
española", agregó en una entrevista con los medios vaticanos después de
participar en la visita Ad Limina con el Papa Francisco.
Argüello lamentó que
la polémica sigue "sin abordar la problemática de los abusos en el
conjunto de la sociedad", en la misma línea que se ha pronunciado el PP.
Pablo Casado se ha mostrado partidario de que la pederastia en la
Iglesia Católica sea investigada "internamente" y ha cuestionado que el
Congreso tenga competencias para investigarlo, pese a que un informe de
los letrados de la Cámara ya lo ha avalado. Casado ha señalado que su
partido solo apoyará una comisión parlamentaria sobre los abusos siempre
que se extiendan "a todos los casos de pederastia o pedofilia, se hayan
cometido donde se hayan cometido". "Sea la institución que sea", ha
dicho, informa Aitor Riveiro.
La Iglesia se acoge a
los acuerdos con el Estado para blindar los archivos
Los obispos están
dispuestos a boicotear una comisión de investigación en el Congreso.
"Nacería muerta", diagnostica un funcionario de la Casa de la Iglesia
(sede de la Conferencia Episcopal) a la pregunta, que oficialmente los
obispos no quieren responder, sobre cómo actuará la CEE si, finalmente,
el Parlamento le da luz verde: "Los obispos tratarán de evitar ser
llamados a declarar y, si lo hacen, no contestarán a las preguntas. Y,
sobre todo, porque los archivos eclesiásticos son inviolables por los
Acuerdos Iglesia-Estado".
En buena parte del
episcopado se ha asentado la idea de que existe una 'campaña' contra la
Iglesia, que hunde sus raíces en la pederastia, pero que también ha
tenido su capítulo especial a cuenta de las inmatriculaciones. A pesar
del acuerdo aireado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal sobre
ese asunto tras la visita de Sánchez a Añastro, no se han producido los
efectos deseados por Moncloa y los obispos llegaron a usarlo para
intentar dejar en rídiculo al Ejecutivo al hacer una lectura
completamente distinta respecto a los bienes incorrectamente puestos a
su nombre.
Los datos alejan la
idea de una campaña intencionada para señalar la inacción de la Iglesia
española, prácticamente la única en Europa que no ha impulsado una
investigación interna.
Solo nueve de las 31 diócesis implicadas en el informe que el diario
El País entregó a Bergoglio –Madrid, Cartagena, Bilbao, Zamora,
Barcelona, Ávila, Orihuela-Alicante, Santiago de Compostela y Teruel–
han solicitado información sobre los abusos denunciados en sus
territorios.
Diferencia de los
obispos y las congregaciones religiosas
Es una realidad muy
distinta a la de las congregaciones religiosas, que ya la semana pasada
tuvieron
un encuentro de superiores mayores y que se han puesto manos a la
obra. "Nuestra primera reacción, y por respeto a las víctimas de estos
abusos, queremos pedir perdón por no haber obrado correctamente en algo
que, como entidades de Iglesia, deberíamos haber cuidado, como son los
espacios seguros y de confianza para nuestros niños, jóvenes y adultos
vulnerables", subrayaba su secretario general, Jesús María Zamora. Los
religiosos se comprometían a investigar: "Es nuestro compromiso con el
Evangelio y queremos hacerlo bien, aunque cueste y sea doloroso".
"Seguiremos incrementando los contactos para ver cómo hacerlo y veremos
a ver qué sale... No sé si será una comisión independiente o qué, pero
vamos a seguir hablando para intentar resolver las cosas cuanto antes",
sostuvo Zamora en una entrevista con la Agencia Efe.
La actitud de las
congregaciones religiosas contrasta con la tesis de la Conferencia
Episcopal, que sigue considerando poco fiables los datos aportados al
Papa y al cardenal Omella por el diario de Prisa. De hecho, en la carta
que Argüello envió a los obispos junto con la investigación del diario,
se aseguraba que "el informe mezcla denuncias muy creíbles y rigurosas
con otras sin rigor ni forma de investigar. Eso daña a las víctimas
verdaderas, que aparecen entremezcladas con situaciones que hacen dudar
de todo el informe”.
El escrito del obispo
criticaba, además, que tenga que ser la Iglesia quien deba comunicarse
con las víctimas, y no al contrario: “El País debería enviar las
acusaciones a las congregaciones y a las diócesis correspondientes,
señalando también el nombre y el contacto de quien acusa, para que
puedan hacer una investigación preliminar y enviar el caso a Roma. En
caso de prescripción, la diócesis decide si solicita levantar la
prescripción y si podría ser verosímil. De no entender esto, se podría
pensar que el interés no está en sanar a las víctimas sino en atacar a
la Iglesia”, recalcaba el portavoz de la CEE.
Uno de los mayores
expertos en la lucha contra la pederastia en la Iglesia, el jesuita Hans
Zollner advirtió, en una entrevista en la RAI, que la Iglesia se
enfrenta a dos opciones frente a la exigencia de la opinión pública de
crear comisiones sobre los abusos. "O decide crearlas por su cuenta y
ordenar la investigación a personas independientes, como ha ocurrido en
Francia o Alemania, o llegará un momento en el que se verá obligada por
el Estado a adherir a estos procesos".
"Si no es la Iglesia
quien comienza a arrojar luz sobre estos hechos, serán otros quienes
gestionen este asunto". En España, algunos partidos ya han propuesto que
sea el Congreso y el Gobierno ha cogido el guante.
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