La
Guardia Civil descubrió los hechos en 2019, cuando
recibió una llamada del Instituto Mallorquín de
Asuntos Sociales (IMAS).
Una niña de 14 años interna en un centro de menores
había contado a una educadora y a la directora del
centro que había mantenido relaciones sexuales con
un adulto a cambio de dinero. También contaron que
“manejaba mucho dinero”. Los agentes tiraron del
hilo y llegaron a dos adultos: uno era conocido como
“el pies” y pagaba a menores para que le pisaran y
le tiraran ceniza de cigarro en la cara, y el otro
lo hacía para proponerles relaciones sexuales en
hoteles de la isla. Fue detenido en la puerta de un
hotel con dos jóvenes, una de ellas menor de edad.
El
primero de ellos confesó los hechos y, a cambio,
llegó a un pacto con la Fiscalía. Fue condenado por
la Audiencia de Balears a dos años de cárcel por dos
delitos de corrupción de menores por estos
encuentros sexuales de carácter fetichista –uno de
ellos con
una de las menores tuteladas– y no recurrió su
condena. Los jueces de Palma también condenaron al
otro acusado a un total de ocho años y medio de
presidio al entender que cometió cuatro delitos de
corrupción de menores sobre cuatro víctimas, dos de
ellas menores internas en uno de estos centros de la
isla.
El
Tribunal Superior de Illes Balears confirmó su
condena y ahora, según fuentes del caso consultadas
por elDiario.es, ha sido la sala de lo penal del
Tribunal Supremo la que ha rechazado su último
recurso. La firmeza de su condena implica que tendrá
que cumplirla entre rejas y que ahora solo puede
acudir ante el Tribunal Constitucional para evitar
seguir en prisión.
El
caso que ahora ha zanjado el Tribunal Supremo
rechazando el recurso del condenado fue uno de los
primeros en conocerse en Balears en torno a los
abusos y prostitución de menores tuteladas por las
instituciones de las islas. A finales de ese mismo
año 2019, por ejemplo, se produjo
el arresto de varios implicados en la violación
grupal a una menor de 13 años tutelada. Pocos días
después, se producían nuevas detenciones y
los trabajadores de estos centros del IMAS
lamentaban que esta fuera una situación “extendida”.
La Fiscalía y la Policía descartaron la existencia
de una red organizada y la oposición política
reclamó la apertura de una comisión de investigación
tanto en el Parlament como en el Consell. Vox llevó
sin éxito esta iniciativa, incluso, hasta el
Congreso de los Diputados.
“¿Cuándo vais a salir del centro?”
La
detención de estos dos pedófilos que buscaban a sus
víctimas, entre otros sitios, en los centros de
menores de Mallorca, se produjo en octubre de 2019.
Una investigación que duró menos de un año después
de la denuncia de la Fiscalía y que desveló que el
pederasta no solo sabía que sus víctimas eran
menores de edad, sino que dos de ellas estaban
internas en centros. “¿Cuándo vais a salir del
centro?”, preguntó por mensaje a una de ellas para
después interesarse por otra menor que vivía en otro
centro.
Su
estrategia era quedar con las menores en distintos
hoteles de Calvià, donde ofrecía dinero, comprarles
ropa, cargarles el móvil de saldo o incluso darles
cocaína, éxtasis y marihuana. “Él, que tenía
mucho dinero, proporcionaba la droga”, declara
probado la Justicia. El otro acusado les daba
pequeñas cantidades de dinero o invitaba a comer a
la víctimas, pero este segundo hombre les llegaba a
hacer transferencias de varios miles de euros.
Algunas se negaban a mantener las relaciones
sexuales que les proponía y otras aceptaron
someterse a los abusos.
Como en otros casos similares que han sido
judicializados en todo el país, algunas de las
víctimas negaron haber mantenido relaciones sexuales
con él, pero el propio acusado lo reconoció aunque
afirmando que todo había sido consentido y que
pensaba que todas eran mayores de edad. A lo largo
del proceso los jueces han concluido que el acusado
tuvo tiempo y oportunidades más que suficientes para
comprobar, en caso de duda, la edad que tenían las
jóvenes con las que se citaba en los hoteles.
En
un primer momento la Fiscalía de Balears pidió una
condena de 18 años de prisión para él, al atribuirle
no solo los delitos de corrupción de menores sino
también
por abusar sexualmente de una de las menores
tuteladas. De esta última acusación fue absuelto
porque los jueces declararon probado que el
encuentro sexual con la niña de 14 años existió pero
que “creyó que era mayor de 16 años, sin que llegara
a comprobar tal hecho pese a poder hacerlo”.
Los jueces entendieron que existió un “error
vencible” con respecto a la edad de la menor
tutelada, lo que llevaba el posible delito de abuso
sexual a la calificación de “imprudente”, algo que
no está contemplado en el Código Penal y llevó por
tanto a su absolución por el delito más grave. A lo
largo de proceso pidió una rebaja de la condena para
igualarla a la impuesta al otro acusado pero los
jueces del TSJIB explicaron que “las conductas
sexuales no son equiparables”.
La
documentación del caso recoge cómo las trabajadoras
y directivas del centro de menores donde estaba
interna una de las víctimas declararon en sentido
similar al que lo hicieron años después, por
ejemplo,
las de los centros de Madrid donde residían
víctimas de la red de explotación sexual en enero de
2022: hablaron de fugas, de consumo de tóxicos y de
cómo las víctimas llegaban al centro con grandes
cantidades de dinero.
PRODENI