José Antonio Villena, quien fuera delegado de Pastoral Universitaria −cargo del que cesó hace un tiempo−, “ha sido dimitido del estado clerical y del sagrado celibato como de todas la obligaciones inherentes a la sagrada ordenación”, según una nota remitida por la Secretaría General del Arzobispado de Granada al clero granadino este martes.

Durante años, fue uno de los hombres con mayor responsabilidad en la diócesis de Granada, coincidiendo con el gobierno de Javier Martínez. Un polémico arzobispo (conocido por la mala gestión del 'caso Romanones') que no investigó las acusaciones de abusos sexuales, de conciencia y toda una serie de irregularidades administrativas contra el ya exsacerdote, aunque las primeras víctimas denunciaron en 2008.

De hecho, no fue hasta la llegada, como arzobispo coadjutor (con derecho a sucesión) de José María Gil Tamayo, actual arzobispo titular, cuando comenzaron a tomarse en serio las acusaciones presentadas por un grupo de afectados, todos ellos adultos, y se enviaron los pertinentes informes a Roma, que acaba de condenar a Villena.

“Una vez concluido el proceso administrativo penal con fecha 6 de julio de 2022, las actas de dicho proceso fueron remitidas al Dicterio para el Clero, organismo competente en las materias denunciadas, las que no dicen relación con menores de edad”, se lee en la nota interna, a la que ha tenido acceso elDiario.es. La respuesta de Roma vino el 5 de abril de este año, con una sentencia clara de culpabilidad, que ha llevado a la expulsión de Villena del clero.

“La Archidiócesis de Granada reitera su compromiso y cercanía con los denunciantes, y manifiesta una vez más su disposición para colaborar en el esclarecimiento de la verdad y la justicia”, finaliza el escrito, firmado por Alberto Espinar Lara, secretario general del Arzobispado de Granada.