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El arzobispo de
Granada recurre a un acuerdo preconstitucional para burlar al juez
 El
arzobispo de Granada, Javier Martínez.
Por tercera vez, el
arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha desoído los requerimientos del
juez instructor del caso de ‘los romanones’. Ahora se ha remitido a la
“legislación canónica aplicable” para negarle al juez la copia completa
de las actuaciones canónicas y de todo lo actuado en la jurisdicción
eclesiástica en el mayor escándalo conocido hasta el momento de
pederastia en España, en el que están siendo investigados diez curas y
dos laicos.
Tras ignorar dos
providencias anteriores, del 1 y del 27 de marzo, el prelado granadino
ha vuelto a sortear el último requerimiento del instructor, del pasado 7
de mayo. Esta vez no ha respondido a la francesa. Se ha limitado a
recurrir a un acuerdo preconstitucional para desoír nuevamente al juez.
Martínez se ampara en los privilegios del acuerdo Iglesia –Estado de
1976 para negarse a colaborar en la investigación penal.
“Aquí no cabe el secreto
pontificio; el arzobispo está obstruyendo la investigación penal”,
afirman fuentes consultadas por
andalucesdiario.es. En la diócesis granadina crece el malestar y las
críticas hacia el prelado granadino por implicar a la Santa Sede en un
gran escándalo “que no ha sabido o no ha querido gestionar”.
LOS ENCUBRIDORES, COMO
SI NADA
Martínez se ha negado
sistemáticamente a remitir al juez las actuaciones que supuestamente
realizó contra los diocesanos investigados como autores o encubridores
de los supuestos abusos sexuales contra menores. El arzobispo suspendió
‘a divinis’ a los tres sacerdotes que fueron imputados como presuntos
autores de los abusos, pero no ha instruido ningún procedimiento contra
los encubridores. Tan es así, que los siete diocesanos
investigados como encubridores siguen ejerciendo sus funciones
pastorales.
Ni acciones ni gestos. El
arzobispo de Granada se ha permitido el lujo de torear sistemáticamente
al juez instructor. Se ha negado a trasladar a una instancia civil los
supuestos expedientes eclesiásticos que tuvo que tramitar para suspender
de sus funciones pastorales a tres de los diez sacerdotes del grupo de
los ‘romanones’. También se ha saltado las normas del Vaticano y las
advertencias del Papa Francisco de no admitir en la Iglesia ni a
pederastas ni a encubridores.
¿Dónde están los expedientes que
supuestamente tramitó cuando suspendió ‘a divinis’ a los tres supuestos
autores de los abusos sexuales contra menores? ¿Qué ha hecho contra los
siete sacerdotes encubridores que siguen ejerciendo sus funciones
pastorales? “Nada”, responden fuentes diocesanas.
“El arzobispo de Granada
se está saltando las directrices del Papa”, afirman quienes
critican el proceder del prelado. Jorge Mario Bergoglio dio un aviso a
navegantes apenas dos meses antes de que estallara el escándalo de los
abusos sexuales de Granada. Él ya tenía conocimiento de la denuncia del
joven que, después de muchos años, decidió contarle en una carta que
había sido víctima de abusos sexuales por parte de diez curas y dos
laicos. Se acabó la tibieza con los delitos de pederastia, vino a decir
entonces el Papa, al advertir de que nadie se salvaría de ser juzgado
por abusos sexuales contra menores.
DESOYENDO AL PAPA
Pero el prelado granadino sigue la
política de los sectores más retrógrados de la Iglesia. Desoye los
requerimientos judiciales y aparentemente da refugio a supuestos
delincuentes vestidos de sotana. Martínez ha hecho todo lo contrario de
la acción ejemplar que reclama el Papa en los delitos de pederastia.
Cuentan en la
diócesis que Martínez “quiere que el juez ordene un registro en el
Arzobispado para convertirse en mártir”. “Para él no existen los
jueces ni los poderes del Estado”, señalan a
andalucesdiario.es fuentes cercanas al caso. La realidad es que el
último requerimiento del juez ha levantado un gran revuelo en la
diócesis. Martínez ha tratado de buscar apoyos en la Conferencia
Episcopal, pero al parecer no ha tenido mucho éxito. En la diócesis
granadina algunos dudan de que realmente haya instruido los
procedimientos eclesiásticos en regla mientras aumentan las sospechas de
que esté “encubriendo algo”.
Por lo pronto, la
acusación particular piensa pedirle al juez que cite a declarar al
arzobispo en calidad de testigo y que vuelva a pedir a la Santa Sede por
vía de urgencia los expedientes completos de las actuaciones canónicas.
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