22/05/2015
El arzobispo
Granada rehúsa hablar de abusos sexuales porque "todo está dicho"
El arzobispo de
Granada, Francisco Javier Martínez, prosigue su huida hacia adelante
en el caso de abusos sexuales investigado en Granada. La diócesis,
después de varias infructuosas gestiones tanto en Nunciatura como
ante la presidencia de la Conferencia Episcopal, se esconde en la
Congregación para la Doctrina de la Fe, "única instancia y tribunal
eclesial competente", para evitar el
envío de los expedientes requeridos por el Juez instructor del
caso.
Tras sucesivos
requerimientos y tres apercibimientos, la diócesis se ha dirigido
finalmente al Juez Antonio Moreno. Según ha podido saber
eldiario.es, Javier Martínez lo hizo después de reclamar,
infructuosamente, la colaboración tanto de la Nunciatura Apostólica
como de la presidencia de la Conferencia Episcopal, quienes se
negaron a avalar sus tesis con un escrito judicial.
En esta ocasión,
el escrito está firmado por el arzobispo, y no por su vicecanciller,
y en su respuesta, Javier Martínez, subraya cómo "es la Congregación
para la Doctrina de la Fe, en la Santa Sede, la que avoca para sí y
se constituye en única instancia y tribunal eclesial competente para
el conocimiento de las responsabilidades canónicas que se pudieran
haber producido, y la que, por tanto, sigue en este momento el
procedimiento propio para el esclarecimiento de los hechos".
En opinión de Martínez –no compartida por las acusaciones ni por el
propio juez, quien podría llamarle a declarar como testigo tras esta
última respuesta–, es el organismo vaticano presidido por el
cardenal Müller la que "posee la documentación procedente y la que
podría autorizar, el traslado a una instancia civil y la eventual
divulgación de aquellas informaciones hechas en el ámbito de la
conciencia".
En lo que sí
supone una novedad y que, según fuentes consultadas por
eldiario.es, viene después de las conversaciones con asesores
judiciales del Episcopado, el escrito concluye con el ofrecimiento,
por parte de la diócesis, "a solicitar las oportunas autorizaciones
de acuerdo con la legislación civil y eclesiástica aplicable, en lo
procedente". Por primera vez, el Arzobispo no se ampara en que el
caso está bajo secreto pontificio, sino bajo la autoridad de otra
instancia –en esta caso, Doctrina de la Fe–, y se compromete a
solicitar permiso para, en cumplimiento de los Acuerdos
Iglesia-Estado y de la colaboración exigida por el Papa Francisco,
poder entregar finalmente la documentación requerida y que podría
resultar determinante para dilucidar el caso de abusos sexuales
contra Daniel, por el que están siendo investigados diez sacerdotes
y dos seglares.