La suerte
está echada para el arzobispo de Granada, Francisco Javier
Martínez. Su
pésima gestión en el caso de
abusos sexuales de Granada, actuando tarde y siendo dejado
en evidencia tanto por las víctimas como por el mismísimo
papa Francisco, ha decretado el final de su carrera
eclesiástica, que se hará efectiva, según fuentes eclesiales,
después de Navidad.
El Papa llamó a Daniel en dos ocasiones, una el 10 de
agosto, para pedirle perdón, y otra el 10 de octubre, para
animarle a denunciar al comprobar que las sanciones del
prelado eran netamente insuficientes.
La Santa
Sede, descontenta de cómo se están realizando los
procedimientos, ya tiene prácticamente nombrado a su sucesor,
mientras que monseñor Martínez está "quemando sus naves" e
intentando que el cese se convierta en un "traslado". Esto es,
que no sea prematuramente jubilado (tiene 57 años, y la edad
canónica para dejar sus funciones son los 75), sino enviado a
otra diócesis o a algún dicasterio romano. Fuentes cercanas
aseguran que el prelado no quiere abandonar Granada derrotado,
pero que aceptaría de buen grado un cargo en Tierra Santa (es
un experto en estudios bíblicos).
Lo que parece claro es
que la estrategia de defensa –postración ante el altar de la
catedral incluida–, auspiciada por expertos en derecho y
comunicación de Comunión y Liberación (el movimiento
neoconservador al que pertenece), ha servido de poco al
arzobispo, que ayer mismo se negaba a hablar ante los medios
con esta críptica expresión literal: "No tengo nada que decir,
ya lo comprendéis. Todo lo que tenía que decir está dicho.
Pido para que todos lleguemos al cielo, todos los hombres, sin
excepción".
Sanciones para el
10% de la diócesis
Sea como
fuere, lo cierto es que, paralelamente a la
investigación judicial, Roma ha iniciado una investigación
canónica, que apunta a fuertes sanciones para los sacerdotes
implicados, que son
bastantes más de los tres en principio detenidos. Al menos
una decena de presbíteros de Granada –el 10% de la diócesis–
podrían ser sancionados en un proceso sin precedentes en la
historia reciente de nuestro país.
Tal y como informaba en
su número de esta semana la revista
Vida Nueva, el arzobispo de Granada ha quedado
desautorizado a los ojos del Papa. Fuentes vaticanas, añade la
publicación, consideran "poco habitual" que fueran dos jueces
del Tribunal Eclesiástico de Valencia, y no del de Granada,
quienes interrogaran tanto a la joven víctima como a sus
familiares. "No se suele prescindir de que el obispo tenga la
primera palabra en la investigación previa. Pero aquí vinieron
de fuera". Esta decisión estaba motivada porque uno de los
imputados ejercía como vicario judicial en la archidiócesis
andaluza.
Es la Congregación para
la Doctrina de la Fe la que está llevando las riendas de la
investigación, a través de la comisión de graves delitos, o
Sección Disciplinar, formada por una docena de sacerdotes de
diversas nacionalidades. Entre ellos hay uno español, que está
siguiendo desde el principio el desarrollo de los
acontecimientos. La
cronología publicada por eldiario.es, demuestra la tibieza
y lentitud con la que el arzobispo de Granada trabajó para
atajar los abusos y sancionar a los responsables. Esta
tardanza podría haber motivado que los implicados, miembros
del llamado
'clan de los Romanones', pudieran haberse desecho de
pruebas y preparado su defensa con una antelación inusual en
este tipo de delitos.
Un tribunal de
expertos
El responsable de la
investigación es el mexicano Pedro Miguel Funes, quien lleva
desde 2001 ocupándose de la pederastia. Por encima está el
promotor de justicia, el "fiscal" de Doctrina de la Fe, Robert
J. Geisinger, nombrado por Francisco en septiembre y hasta
entonces procurador general de la Compañía de Jesús. El
anterior procurador general de los jesuitas, Robert W. Oliver,
fue designado por Bergoglio como secretario de la Pontificia
Comisión para la Tutela de los Menores, creada para estudiar
cómo evitar los abusos y mejorar el trato a las víctimas. Esta
es la comisión de la que el Papa habría invitado a formar
parte al joven granadino.
Según
algunas fuentes eclesiásticas, sería el propio Geisinger quien
habría cogido las riendas del caso de Granada después de que
Francisco pidiera al cardenal Gerhard Müller, prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, que comenzara a
investigar. Lo hizo tras recibir la carta en la que la víctima
le desvelaba su sufrimiento y aportaba las identidades de sus
supuestos abusadores. Un primer informe de lo acaecido le
habría sido entregado al Papa a finales de verano, antes de
que llamara por teléfono por segunda vez al muchacho.
Una vez
concluida la investigación previa, la Congregación para la
Doctrina de la Fe decidirá si comienza un proceso canónico y
dónde se lleva a cabo. En Roma no se da por descontando que el
juicio vaya a tener lugar en la diócesis donde se ha cometido
el delito, como es habitual. El haber echado mano de una
instancia judicial externa en la fase inicial, como eran los
dos jueces valencianos, arroja dudas sobre la posibilidad de
que el eventual proceso tenga lugar en Granada.
"En el
derecho eclesiástico no se le hacen descuentos a nadie. Si un
obispo no ofrece confianza, se puede acudir a otro tribunal",
señala una fuente vaticana. Otro eclesiástico con experiencia
en estos casos, y que pide igualmente mantener el anonimato,
asegura que siempre se intenta "evitar el escándalo", lo que
podría llevar a que el proceso sea en Roma.
El juicio
concluiría con una sentencia, tras la cual las partes podrían
apelar. El recurso sería estudiado por un nuevo organismo, el
grupo de siete cardenales y obispos creado por Francisco a
principios de noviembre para agilizar las apelaciones en los
casos de abusos.