"La verdad es la
verdad, y no debemos esconderla". El pasado mes de noviembre, tras su
visita al Parlamento Europeo, el Papa Francisco hablaba en público
sobre el escándalo de abusos sexuales a menores en Granada mientras
el arzobispo de Granada, Javier Martínez, sigue enrocado en no
colaborar. Sin embargo, la "tolerancia cero" de Bergoglio contra los
abusos sexuales a menores sí ha tenido efecto en Asturias. El
padre Chus ha sido expulsado este viernes como cura y profesor de
Religión. A la espera de lo que se decida en Granada, lo acaecido
en Oviedo muestra cómo la implicación del obispo puede resultar
decisiva a la hora de establecer sanciones canónicas.
La "expulsión del
estado clerical" es uno de las penas más graves que puede sufrir un
sacerdote, e implica, como en este caso, que deja de serlo. Sin
posibilidad de apelar y sin vuelta atrás. No es una "suspensión a
divinis" que en cualquier momento puede ser revocada. Es la primera
vez que esta sanción se da en España por un caso de abusos desde que
Francisco es Papa.
Acción rápida del Obispado
El Arzobispado de
Oviedo, liderado por Jesús Sanz, ha actuado con rotundidad y sin dar
pie al espectáculo, después de un proceso que ha durado algo más de un
año y en el que ha intervenido la Congregación para la Doctrina de la
Fe. El Papa lo ha culminado anunciando la expulsión del estado
clerical del padre Jesús María Menéndez Suárez de manera "irrevocable
e inapelable", según el comunicado de la diócesis este pasado viernes.
La
nota episcopal concluye manifestando su "profundo dolor por unos
delitos que han supuesto un daño enormemente lesivo tanto en personas
adultas, como especialmente en menores de edad según la legislación
eclesial, por parte de quien ha manchado la santidad de su sacerdocio
y ha roto la comunión". Mientras tanto, "pide perdón por la conducta
reprobable de este sacerdote, expresa su voluntad de seguir velando
por el bien de todos los fieles, especialmente los menores y más
desprotegidos".
Ahora empieza el proceso
civil
Fuentes conocedoras del proceso han asegurado a
eldiario.es que, una vez avanzado el proceso, se fueron sumando
más posibles víctimas del padre Chus, en su mayor parte jóvenes. Tras
la sanción canónica, el sacerdote pasa a ser el "ciudadano Chus" y,
más que posiblemente, habrá de vérselas con la Fiscalía de Menores.
La noticia ha causado un gran
revuelo en la diócesis, toda vez que el sacerdote era muy conocido en
Gijón. Hasta que se ha conocido la condena, la imagen que se tenía del
padre Chus era muy diferente. Con 63 años, había sido párroco hasta
entonces de Castiello de la Marina, en Villaviciosa, y anteriormente
de otras localidades asturianas como Tazones, Argüero y Oles, hasta
que el arzobispo, Jesús Sanz Montes, le prohibió cautelarmente dar
misa a mediados de 2014.
El papa Francisco, en el discurso ante el Parlamento Europeo
En esas fechas, además, el cura
fue despedido como profesor de Religión de unos institutos de Gijón,
una decisión que le llevó a los tribunales y que en enero resolvió el
TSJA, dando la razón a la diócesis. En todo este tiempo, el obispo
mantuvo un escrupuloso silencio ante las acusaciones de persecución
lanzadas por el ya ex sacerdote. Durante estos meses, todo parecía
indicar que la trifulca tenía más que ver con el modelo de Iglesia
(Sanz Montes es considerado uno de los obispos más conservadores de
España, mientras que el padre Chus tenía fama de progresista), que con
cuestiones relacionadas con delitos eclesiásticos -la diócesis no ha
aclarado si se trata o no de actos perseguibles desde el punto de
vista jurídico-.
Lo cierto es que, desde que
conoció la primera denuncia, monseñor Sanz se implicó con las víctimas
y abrió todos los cauces eclesiásticos, que muy seguramente llevarán a
las víctimas a, en los próximos días, plantear la pertinente denuncia
ante los tribunales civiles.
Las diferencias entre
Oviedo y Granada
El ejemplo de Oviedo es
radicalmente distinto al que, desde hace meses, se vive en Granada. En
primer lugar, por la naturaleza del proceso -Daniel denunció ante las
autoridades civiles después de no encontrar apoyo en su obispo,
mientras que en este caso las víctimas se han dirigido primero a la
Iglesia-. En segundo término, por la actitud del arzobispo de Oviedo,
Jesús Sanz, quien de inmediato se reunió con las víctimas, escuchó sus
testimonios -en algunos casos, tremendos-, e incoó los procesos
judiciales que han concluido con la sanción más grave que puede sufrir
un sacerdote: dejar de serlo.
Mientras tanto, el arzobispo de
Granada ha sido conminado por el juez de instrucción a entregar toda
la documentación de un caso que implica a diez sacerdotes de su
diócesis, de los que únicamente tres han sido sancionados "a divinis".
Finalmente, mientras Sanz actuó en silencio con las víctimas, Javier
Martínez no ha dudado en convertir un caso de abusos en una supuesta
persecución a su persona.
Sea como fuere,
lo cierto es que la expulsión del sacerdocio del padre Chus marca un
antes y un después en la anunciada "tolerancia cero" contra la
pederastia en la Iglesia de España. Tras Oviedo, pocos dudan que al
Papa no le temblará el pulso para, llegado el caso -y una vez
completados los complicados procedimientos eclesiásticos-, tomar las
decisiones correspondientes contra los abusadores, sus cómplices y sus
encubridores. Por el momento, en Granada siete de los sacerdotes
implicados continúan dando misa. Algo que ya no podrá hacer el padre
Chus.