El arzobispo de Granada, Javier Martínez,
solo interrogó a
tres sacerdotes de entre las 12 personas imputadas por el caso de
abusos a menores en su diócesis (el caso Romanones), pese a que
la Santa Sede le solicitó que iniciara una investigación completa y
pese a que él mismo, en sus escritos enviados a la Congregación para
la Doctrina de la Fe y la Secretaría de Estado, reconoce que varios
de ellos pudieron ser víctimas de abusos en el pasado, para
convertirse posteriormente en cómplices, en mayor o menor grado, de
las atrocidades cometidas contra Daniel (la víctima que denunció) y
otros chicos y chicas. Siete de esos sacerdotes continúan, a día de
hoy, ejerciendo como tales en diversas parroquias de Granada.
Según ha
podido saber
eldiario.es, el prelado abrió una investigación únicamente
después de que la Santa Sede, a través de Secretaría de Estado, le
conminara a ello, una vez el Papa Francisco llamase a la víctima de
dichos abusos. Martínez respondió asumiendo la verosimilitud de las
acusaciones contra los miembros del clan de los Romanones.
Sobre éstos, el propio arzobispo reconoce que
se trata de un grupo compacto y cerrado, aunque mostró su temor por
el daño a la Iglesia que se podría producir dado el nutrido número
de sacerdotes del que se hablaba. Ello podría explicar cómo, pese a
sus impresiones, Javier Martínez decidiera únicamente interrogar -y
suspender "a divinis"- a tres de los sacerdotes imputados, los
mismos que Roma reconoce inicialmente como posibles autores
materiales de los abusos.
Asociación ilícita
El dato resulta de vital importancia a la
hora de que, el próximo mes de septiembre, la Audiencia Provincial
de Granada pueda aceptar la petición de las acusaciones de
considerar al grupo como "asociación ilícita" y corruptores de
menores, de modo que sus posibles delitos no hubieran prescrito
desde el punto de vista penal. Canónicamente ninguno de ellos ha
prescrito.
Un informe policial ve "deshonesto" el
testimonio del líder de Los Romanones
Todo ello después de que, a mediados de
septiembre, el arzobispo pidiera directamente a la víctima un
listado tanto de los posibles abusadores, cómplices o encubridores,
como de otras víctimas o testigos. La situación cambió radicalmente
en un mes, pues el prelado pasó de ofrecer una total colaboración y
asegurar a la víctima que todos los culpables serían castigados a
decir que "estamos en manos de la Virgen", cerrar abruptamente
cualquier interrogatorio (con la falsa excusa, como demuestran las
sucesivas peticiones del Juez y la
carta del padre de Daniel, de que tanto el Magistrado como la
víctima le habían solicitado no interferir) y, lo que es más grave
desde el punto de vista humano, a cerrar cualquier comunicación
directa con la víctima de abusos.
Una actitud ultradefensiva
El prelado admite expresamente ante Doctrina
de la Fe que este grupo de sacerdotes están desproporcionadamente
presentes en el Consejo Presbiteral de la diócesis, y que uno de
ellos -como ya se publicó- era juez del Tribunal Eclesiástico. Al
tiempo, advierte de su actitud virulentamente defensiva y su
distanciamiento doctrinal con la Iglesia, pese a dar la impresión de
una radicalidad en su vida en común. Los datos confirman que todos
los imputados mantenían una vida en común, con propiedades comunes,
pese a no conformar oficialmente una hermandad o asociación
aprobadas por la diócesis. Pese a todo, se les permitió -aún lo
hacen muchos- continuar viviendo juntos y compartiendo sus bienes.
Con estos datos, la Santa Sede, a través del
secretario para la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis
Ladaria, envió al arzobispo de Granada indicaciones precisas para
elaborar los interrogatorios y tomar las medidas disciplinarias
cautelares hasta que Roma tomara las decisiones definitivas.
Instrucciones que Javier Martínez no siguió, pues no hay constancia
escrita de algunas charlas mantenidas por el arzobispo con algunos
testigos, ni por supuesto con la totalidad de los diez sacerdotes
investigados (hay dos laicos también). Sí se sabe que el arzobispo
de Granada recibió a mediados de octubre en su despacho, y por
separado, a tres de los imputados, que negaron rotundamente los
abusos.
El
arzobispado niega que quiera eludir la acción de la justicia
en el caso de los abusos a menores
Desde el
comienzo del proceso, y una vez se conoció que el Papa Francisco
había forzado la investigación del caso de abusos, el prelado se ha
escudado en el "secreto pontificio" (
que el juez ha decretado no existe para este caso) y en que no
tomó más medidas porque la Justicia y la víctima así se lo pidieron.
Sin embargo, a finales de noviembre, y una vez detenidos tres
sacerdotes y un laico, el arzobispo sí emitió un decreto para quitar
la "venia docendi" de éste último, que ejercía como profesor de
Religión. Pese a ello, y a asumir que al menos algunos de los
Romanones -además de los tres ya suspendidos a divinis- fueron
cómplices de los abusos a Daniel, el arzobispo permite que siete
curas continúen ejerciendo su ministerio, sin ningún tipo de sanción
y, si nos atenemos a la investigación judicial -
tras varios apercibimientos y un ultimátum- al juez, sin
siquiera ser escuchados por su pastor.