El juez instructor del caso "Romanones", Antonio
Moreno,
considera relevante la información enviada por el arzobispo de
Granada
después de ser forzado a ello por la Santa Sede, y ha ordenado
la apertura de una pieza separada para investigar toda la
documentación. En un auto al que ha tenido acceso
eldiario.es, el magistrado agradece la colaboración del Papa y
la Congregación para la Doctrina de la Fe, y desmiente, como
aseguraba Javier Martínez, que la documentación entregada sea de
carácter privado o pueda acogerse al secreto pontificio. Además, en
el auto afea el hecho de que el prelado entregara la documentación
ante el juzgado de Guardia, y no ante el juez instructor.
A la vez,
aclara que, hasta que la Audiencia Provincial de Granada no se
pronuncie respecto a los recursos, los doce investigados -diez curas
y dos laicos- siguen estando imputados por delitos de abusos y
contra la identidad sexual.
El auto se ha
remitido esta tarde de miércoles, víspera del Corpus (fiesta grande
en Granada), a las partes, que a partir del lunes podrán analizar la
información en sede judicial, pues el magistrado ha declarado la
pieza como "reservada" (los datos no son secretos y pueden ser
utilizados, pero la documentación no será entregada físicamente a
las partes). Una documentación que, en un principio, debería
contener los informes con los interrogatorios íntegros a los diez
sacerdotes y dos laicos encausados, aunque algunas fuentes
consultadas apuntan a que, previsiblemente, el arzobispo únicamente
rindiera informe sobre los tres curas sancionados a divinis
(temporalmente), en cuyo caso estaría cometiendo un delito canónico.
Todos los Romanones
siguen imputados
Respecto a los Romanones, el juez vuelve a aclarar en su auto que,
hasta que la Audiencia Provincial de Granada no resuelva
-previsiblemente en septiembre- acerca de la prescripción o no de
los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales que se
investigan, se mantiene la imputación de los diez sacerdotes y dos
laicos denunciados por Daniel. No es cierto, pues, que la
investigación se circunscriba única y exclusivamente al padre Román,
como algunos pretenden difundir.
Para el juez, una primera
lectura del contenido ratifica la necesidad de las pruebas
solicitadas al arzobispo de Granada en una decena de ocasiones -con
tres apercibimientos- y subraya cómo la documentación no afecta a
actos privados fuera de los investigados.
No hay secreto pontificio
Además, el magistrado deja
claro que, en contra de lo que afirmó en repetidas ocasiones el
arzobispo de Granada como pretexto para evitar entregar la
documentación, la Congregación para la Doctrina de la Fe no hace
constar en ningún momento que la información requerida sea secreta,
como tampoco lo es la instrucción, una vez que en enero pasado se
levantó el secreto de las investigaciones. Es más: achaca al prelado
que, si consideraba secretas las mismas, no debía haberlas entregado
en otro juzgado que no fuera el de Instrucción número 4.
En cuanto al tan manido
"secreto pontificio", el magistrado subraya que no existe tal, y se
apoya en las declaraciones del Papa Francisco reclamando la
investigación hasta el último detalle, y en los propios Acuerdos
Iglesia-Estado. No obstante, dada la especial situación de algunos
imputados -sacerdotes que podrían estar afectados, en caso de juicio
penal, por la legislación internacional-, el juez Moreno declara
reservada la citada documentación, que pasará a constituir pieza
separada (aunque unida a la instrucción del proceso penal), de forma
que las actuaciones canónicas no sean divulgadas a personas ajenas a
la causa.
En
consecuencia, las partes -acusaciones particulares, Fiscalía y
abogados defensores- podrán acceder a dicha documentación
personándose en la Secretaría del Juzgado para su examen, pero éstas
no podrán ser entregadas en copia, imágenes o datos. En dicho
momento, las partes podrán saber si el arzobispo de Granada
interrogó, o no, a todos los Romanones, qué novedades plantean
dichos interrogatorios -que supuestamente se llevaron a cabo semanas
antes de que se destapara el caso y de que fueran interrogados o
detenidos por la Policía- y, también, si la máxima autoridad
eclesiástica en la diócesis tiene algún tipo de responsabilidad en
el caso.