El
juez de Instrucción 4 de Granada, Antonio
Moreno, levantó ayer el secreto de sumario que
pesaba sobre la investigación de supuestos
abusos sexuales a menores por parte de doce
imputados, la mayoría sacerdotes, en un auto en
el que plantea la posibilidad de que algunos de
los delitos hayan prescrito.
En
el auto, el juez concede a las partes un plazo
de diez hábiles a fin de que, teniendo en cuenta
el tiempo transcurrido hasta que se interpuso la
denuncia, informen sobre la posible prescripción
de cada uno de los hechos atribuibles a cada
imputado para así delimitar la continuación del
proceso.
Para
el instructor, los hechos son susceptibles de
infracciones penales por comisión de delitos
contra la libertad e indemnidad sexuales, en sus
formas de agresiones, abusos o exhibicionismo.
También considera que serían aplicables las
agravantes de prevalimiento, con diferentes
grados de autorías a través de una participación
necesaria, cooperación o encubrimiento, e
imputables a doce personas -dos de ellas
seglares-, de las que cuatro fueron detenidas en
su día y puestas luego en libertad con cargos.
Los
cuatro arrestados fueron el padre Román,
considerado cabecilla del grupo y el único que
tuvo que hacer frente a una fianza -fijada en
10.000 euros- para quedar en libertad con
cargos, además de otros dos sacerdotes y un
profesor de Religión.
«Trascendencia y gravedad»
El juez
subraya la «gran trascendencia y gravedad» de
los hechos porque los implicados son
«representantes de confesión religiosa», que
«lejos de ser garantes de los principios
religiosos proclamados por dicha confesión y su
más alto signatario, indiciariamente se podrían
haber convertido en sus transgresores».
Para la defensa del padre Román y de otros tres
de los imputados -los dos sacerdotes y el
profesor de Religión que fueron detenidos con
él-, del auto judicial no se desprende nada que
no le permita seguir manteniendo la inocencia de
todos ellos. Por contra, para la asociación
Proderechos del Niño Prodeni, personada como
acusación popular, parte de los delitos
apuntados por el juez, como la agresión sexual
grave, no habrían prescrito, según explicó su
presidente, Juan Pedro Oliver. El primer
denunciante fue un joven supernumerario del Opus
Dei que hoy en día tiene 24 años.
