Solo unas horas después de la información publicada en exclusiva por eldiario.es Cantabria sobre el retraso de más de un mes en la investigación de un presunto abuso sexual a un menor con discapacidad, la docente que denunció el caso ante la Guardia Civil el pasado 26 de mayo ha sido citada a declarar como testigo por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santoña, que hasta ahora no había considerado prioritario el asunto.

De hecho, esta misma semana confirmaron a la denunciante que "todavía no se había movido un papel",  a pesar de que el procedimiento habitual determina que ante la gravedad de hechos como este se actúe de forma urgente y se garantice la protección del menor de manera inmediata, en un tiempo que no suele superar las 24 horas.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico tachan de "temeridad" o "negligencia" la decisión de paralizar la investigación sin antes haber tomado declaración a las partes implicadas o haber hecho una valoración al menor.

Según relató la profesora ante el Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil, un alumno de seis años y con un retraso madurativo, en el que venía comprobando de forma reiterada una conducta inapropiada para su edad, le confesó lo que parecía un caso claro de abuso sexual por parte del marido de su madre.

El menor reveló a la docente el tipo de "juegos eróticos" que practicaba con su padrastro, lo que hizo saltar todas las alarmas y provocó la actuación inmediata del equipo directivo del centro, que puso en marcha el protocolo ante este tipo de situaciones.

Esa denuncia ha estado en un cajón hasta este jueves, cuando a la luz de la información publicada en eldiario.es, una funcionaria del juzgado se ha puesto en contacto con la denunciante para citarla a declarar el próximo 23 de agosto, casi tres meses después de que alertara del posible caso de abuso sexual.

También se ha citado a la madre del menor, que estaba informada previamente y que justificó los hechos denunciados ante la EMUME y ante el propio centro escolar alegando una supuesta enfermedad del niño, que no ha sido evaluado ni atendido hasta el momento.

El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y la Unidad de Convivencia Escolar de la Consejería de Educación de Cantabria fueron informados de esta denuncia la semana pasada a través de las gestiones de la propia docente, que no había tenido ninguna respuesta al respecto. La  descoordinación entre las distintas administraciones o la falta de recursos humanos ha provocado un error en cadena que mantiene el caso en un compás de espera.